EL MERCURIO – El cuantioso número de eventos directamente destructivos de los que la ciudadanía ha sido testigo desde hace más de cuatro meses —ataques a hospitales, edificios, monumentos, saqueos y robos de tiendas, quema y destrucción de vehículos, entre muchos otros— ha sido provocado por individuos cuya actuación esconde diversas motivaciones: políticas, anarquistas, delincuenciales, juveniles, entre varias otras. La mayoría de ellos, sin embargo, actúan “encapuchados”, lo que revela su esfuerzo por no ser identificados. Con ello reconocen, implícitamente, la ilegalidad de su conducta.
Para que el Gobierno pueda cumplir su responsabilidad de mantener y asegurar el orden público y el funcionamiento de las instituciones, así como los servicios básicos que permiten que la vida cotidiana continúe fluyendo, requiere contar con las herramientas necesarias. En el actual escenario, en que las manifestaciones de desorden público y violencia superan a todas las conocidas desde el retorno a la democracia, esas herramientas deben ser reforzadas. Hasta ahora, no ha habido interrupción de los servicios de agua potable y electricidad, como tampoco de internet, telefonía, medios de pago y sistema bancario. Sin embargo, las declaraciones de los pequeños grupos que participan en los hechos de violencia, o que las instigan intelectualmente, no han ocultado que su objetivo es el derrumbe del régimen y no solo el del Gobierno. Conseguir la interrupción de esos servicios, generando un caos social, es una estrategia conocida para lograrlo. De modo que sería de una ingenuidad inadmisible o de una irresponsabilidad dolosa el que la autoridad no se ocupe de reforzar el cuidado de la infraestructura crítica. Como ella está extendida a lo largo del territorio y funciona de manera permanente, distraer en esas tareas a la escasa fuerza policial preparada implicaría descuidar negligentemente el control del orden en el espacio público.
Por esa razón, el Gobierno ha propuesto una ley que permita resguardar la infraestructura crítica con contingente perteneciente a las Fuerzas Armadas, sin que se decrete un estado de excepción ni que se afecten derechos o garantías constitucionales. Cada vez que se invoque, duraría un período limitado y el Ejecutivo tendría que emitir un decreto con resolución fundada, del que Contraloría debería tomar razón para implementarse.
Luego de ser aprobado el proyecto de ley en el Senado, donde se le introdujeron modificaciones a su redacción, debe votarse en la Cámara, y requiere un quorum de 3/5 para su aprobación. Eso implica la necesidad de contar con 93 votos —todos los diputados oficialistas más 21 diputados de oposición—, por lo que enfrenta un incierto escenario.
Resulta de máxima importancia que el Ejecutivo cuente con esa reforma a la brevedad, porque los próximos dos meses son cruciales para que el plebiscito del 26 de abril pueda realizarse en condiciones seguras. Además, cualquiera sea su resultado, los próximos dos años serán definitorios. Si gana el Apruebo, para cautelar que la elección de convencionistas constitucionales, la redacción de nueva Constitución y el plebiscito de salida se hagan con normalidad, y si gana el Rechazo, para salvaguardar el orden de aquellos que eventualmente no acepten ese resultado.
Algunos diputados se muestran reticentes a dar su voto positivo mientras no se apruebe la norma que define cuáles son los establecimientos que constituyen infraestructura crítica; otros consideran que esta reforma implica “criminalizar la protesta”, y algunos indican que “no se le puede entregar facultades a un gobierno que no distingue entre orden público y violación a los DD.HH.”. Todas esas razones parecen más una excusa para oponerse a una iniciativa del Gobierno que el resultado de un planteamiento serio respecto de cómo resguardar la vida cotidiana de la ciudadanía ante amenazas actuales o potenciales. El reciente llamado hecho por dirigentes e intelectuales afines a la ex-Concertación, uno de cuyos puntos es controlar la violencia, debería hacerlos reflexionar.
Fuente: El Mercurio, Viernes 28 de Febrero de 2020
Resguardo de la infraestructura crítica
EL MERCURIO – El cuantioso número de eventos directamente destructivos de los que la ciudadanía ha sido testigo desde hace más de cuatro meses —ataques a hospitales, edificios, monumentos, saqueos y robos de tiendas, quema y destrucción de vehículos, entre muchos otros— ha sido provocado por individuos cuya actuación esconde diversas motivaciones: políticas, anarquistas, delincuenciales, juveniles, entre varias otras. La mayoría de ellos, sin embargo, actúan “encapuchados”, lo que revela su esfuerzo por no ser identificados. Con ello reconocen, implícitamente, la ilegalidad de su conducta.
Para que el Gobierno pueda cumplir su responsabilidad de mantener y asegurar el orden público y el funcionamiento de las instituciones, así como los servicios básicos que permiten que la vida cotidiana continúe fluyendo, requiere contar con las herramientas necesarias. En el actual escenario, en que las manifestaciones de desorden público y violencia superan a todas las conocidas desde el retorno a la democracia, esas herramientas deben ser reforzadas. Hasta ahora, no ha habido interrupción de los servicios de agua potable y electricidad, como tampoco de internet, telefonía, medios de pago y sistema bancario. Sin embargo, las declaraciones de los pequeños grupos que participan en los hechos de violencia, o que las instigan intelectualmente, no han ocultado que su objetivo es el derrumbe del régimen y no solo el del Gobierno. Conseguir la interrupción de esos servicios, generando un caos social, es una estrategia conocida para lograrlo. De modo que sería de una ingenuidad inadmisible o de una irresponsabilidad dolosa el que la autoridad no se ocupe de reforzar el cuidado de la infraestructura crítica. Como ella está extendida a lo largo del territorio y funciona de manera permanente, distraer en esas tareas a la escasa fuerza policial preparada implicaría descuidar negligentemente el control del orden en el espacio público.
Por esa razón, el Gobierno ha propuesto una ley que permita resguardar la infraestructura crítica con contingente perteneciente a las Fuerzas Armadas, sin que se decrete un estado de excepción ni que se afecten derechos o garantías constitucionales. Cada vez que se invoque, duraría un período limitado y el Ejecutivo tendría que emitir un decreto con resolución fundada, del que Contraloría debería tomar razón para implementarse.
Luego de ser aprobado el proyecto de ley en el Senado, donde se le introdujeron modificaciones a su redacción, debe votarse en la Cámara, y requiere un quorum de 3/5 para su aprobación. Eso implica la necesidad de contar con 93 votos —todos los diputados oficialistas más 21 diputados de oposición—, por lo que enfrenta un incierto escenario.
Resulta de máxima importancia que el Ejecutivo cuente con esa reforma a la brevedad, porque los próximos dos meses son cruciales para que el plebiscito del 26 de abril pueda realizarse en condiciones seguras. Además, cualquiera sea su resultado, los próximos dos años serán definitorios. Si gana el Apruebo, para cautelar que la elección de convencionistas constitucionales, la redacción de nueva Constitución y el plebiscito de salida se hagan con normalidad, y si gana el Rechazo, para salvaguardar el orden de aquellos que eventualmente no acepten ese resultado.
Algunos diputados se muestran reticentes a dar su voto positivo mientras no se apruebe la norma que define cuáles son los establecimientos que constituyen infraestructura crítica; otros consideran que esta reforma implica “criminalizar la protesta”, y algunos indican que “no se le puede entregar facultades a un gobierno que no distingue entre orden público y violación a los DD.HH.”. Todas esas razones parecen más una excusa para oponerse a una iniciativa del Gobierno que el resultado de un planteamiento serio respecto de cómo resguardar la vida cotidiana de la ciudadanía ante amenazas actuales o potenciales. El reciente llamado hecho por dirigentes e intelectuales afines a la ex-Concertación, uno de cuyos puntos es controlar la violencia, debería hacerlos reflexionar.
Fuente: El Mercurio, Viernes 28 de Febrero de 2020
