PULSO – La Mesa Nacional del Agua entregó la semana pasada su primer informe al Presidente de la República, Sebastián Piñera, con su propuesta para enfrentar la sequía en el país. Las iniciativas apuntan a garantizar el abastecimiento para las personas, su calidad y modernizar el marco legal. En entrevista con PULSO, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, profundizó sobre los dos proyectos de ley en que se avanzará, para fortalecer las organizaciones de usuarios de agua y para crear una nueva institucionalidad pública.
¿Los cambios legales que se mencionan en el informe, hacia qué debieran apuntar?
-Uno tiene que ver con las organizaciones de usuarios. Hay que tener más organizaciones de usuarios de aguas subterráneas, porque hoy hay muy pocas, y eso hace que sea muy difícil fiscalizar. Son ellos los que en su propio territorio pueden denunciar el mal uso y a las personas que sacan agua sin derechos. Vamos a presentar un proyecto de ley y esta comisión nos va a ayudar en su cuerpo básico.
¿Por qué es necesario fortalecer estas organizaciones?
-Son fundamentales para el control y la fiscalización de lo que sucede con el agua en cada una de las cuencas. A través de muchos años, las organizaciones de usuarios superficiales hacen una tarea imprescindible, en el cuidado del agua y en la distribución, y en evitar que haya robo y mal uso del agua. Pero respecto del agua subterránea, esas organizaciones prácticamente no existen, hay que crearlas, porque el agua que tenemos bajo la tierra tiene un tamaño finito, y si sacamos más de lo que entra, se va a ir reduciendo y por lo tanto, vamos a perder ese acuífero.
Se planteó la creación de una nueva institución, pública, en materia del agua, ¿cómo debería ser?
-La institucionalidad pública hoy incorpora 43 diferentes organizaciones de distintos ministerios que intervienen en el tema del agua desde distintos aspectos y se hace muy difícil poder trabajar. Además, no hay ninguna que tenga la conducción política del problema. Básicamente se proponen dos caminos alternativos: la creación de una Subsecretaría del Agua o una Agencia Nacional del Agua. Lo que queremos es que la Mesa haga una propuesta concreta de ir por una de estas dos alternativas o por una tercera que pudiese surgir.
¿Cuál se adaptaría mejor a la realidad del país?
-Es parte de lo que hay que discutir en la mesa, yo tengo mi opinión.
¿Cuál es su opinión?
-Como presidente de la mesa no quiero dar una opinión por adelantado, pero me parece que las dos son interesantes. La Subsecretaría es muy cercana a lo que es la organización del Estado de Chile. La Agencia es algo más parecido a lo que hay en otros países, que tienen otro tipo de organización. Tenemos que ver cuál de los dos tiene más beneficios, costos y veremos en su momento.
Se aprobó en comisión la reforma al Código de Agua. Se estableció una temporalidad de los derechos de agua de 30 años, pero renovables. Esto es algo que no estaba incluido en la propuesta del gobierno, ¿qué opina?
-El punto aquí, más que los plazos, tiene que ver con dos cosas. Uno, la seguridad de que los derechos que el Estado provee sean usados, y en segundo lugar, hay que tener certeza. Si se hace una plantación, qué pasa cuando han pasado 20 años, y lo que queda de esos derechos son 10 años, pero resulta que ahora hay que cambiar la especie, ya no es conveniente producir manzana, sino que hay que producir cerezas, ¿vamos a hacerlo si no sabemos si después de los próximos 10 años vamos a tener agua? Lo que la Comisión aprobó es algo intermedio, porque son 30 años con renovación, pero con 10 años de anticipación, que apunta a este concepto.
Tenemos un pleno acuerdo de que hay que cautelar que se usen y que no estén ahí para especular, y que tiene que haber estabilidad en los derechos de agua. Y la renovación, de qué depende, del uso. Yo soy partidario de regularlo de otra manera, pero los objetivos son los mismos. Cualquier estudio serio sobre el problema del agua va a llegar en que uno requiere tener un mercado del agua, requiere tener derechos de agua que tengan estabilidad, que estén asociados al uso y no al negocio.
¿Es partidario de que los derechos de agua fueran indefinidos?
-Yo soy partidario de que los derechos de agua sean indefinidos, en el sentido de que no tienen un plazo definido, pero que se terminen en caso de no uso. Que, por lo demás, es lo mismo que tener un derecho a 30 años, que se renueva con 10 años de anticipación, con la única condición de que los estoy usando. Yo prefiero que sea algo que en vez de tener eso, que impone una cierta incertidumbre, que sean derechos indefinidos, pero que estén sujetos a reglas que si incumplen, entonces pierden los derechos.
Varios de los reclamos hoy tienen ver con el acaparamiento de los derechos de agua, y uno de los nombres que se repite es el del Ministro de Agricultura, ¿cómo reciben los cuestionamientos?
-Lo más importante, cuando alguien hace aseveraciones, es que tiene que mirar los datos. Hoy la distribución del agua no consuntiva en Chile, igual como lo es en la consuntiva, está bastante distribuida, son decenas de empresas las que tienen esos derechos y miles de personas que tienen derechos más pequeños.
Y respecto del caso del ministro, él lo ha aclarado muy claramente, lo que se le achaca son de otras personas, pero aún si los tuviera, corresponde a lo que tiene cualquier persona, él es agricultor y tiene los derechos de agua que corresponden, que por lo demás se alejan enormemente de lo que sale públicamente.
“Hay unanimidad que el agua es un bien nacional de uso público”
¿Costó alcanzar un consenso en la Mesa del Agua?
-Diría que no, fue una conversación relativamente fácil. Cuando uno objetiviza las discusiones en materia del agua, uno se va dando cuenta que las diferencias son mucho menos de lo que la gente cree.
¿Qué diferencias hubo?
-Lo que hemos planteado es un camino. En temas de regulación, lo que queremos es concordar principios, y en mi opinión personal, para cualquier ley respecto del agua, tiene que tener algunas condiciones básicas.
En primer lugar, que la prioridad es el consumo humano. Segundo, es importante que la legislación lo cautele. Hoy las normas secundarias de calidad del agua en Chile solamente se han dictado en cinco o seis cuerpos de agua relevantes. Tenemos ahí un atraso. Y en tercer lugar, tiene que ser una regulación que produzca los incentivos para que Chile se pueda adaptar al cambio climático. Hay lugares en el mundo que tienen mucho menos agua que la Región Metropolitana, aún con sequía, y que viven perfectamente bien porque están adaptados a otro clima, tienen plantas desalinizadoras, reutilizan las aguas servidas, infiltran acuíferos, tienen una red importante de embalses, y eso requiere que la legislación tenga los incentivos para que esas obras se hagan.
¿Por qué el tema de la propiedad del agua no se tocó?
-Desde ya hay unanimidad que el agua es un bien nacional de uso público como lo establece el Código Civil actualmente y el Código de Aguas, como también lo reafirma el que se está discutiendo. Uno de los tres temas prioritarios que se mencionan ahí, es precisamente el marco normativo, se están tocando muchas leyes, algunas que ya se han promulgado, otras que están en discusión, otras que van a entrar ahora en el Congreso, como es el caso de servicios sanitarios, y hubo consenso en la mesa en que es muy importante que tengamos los principios básicos, claros y acordados, de manera tal de que todos sean armónicos.
Fuente: Pulso, Lunes 10 de Febrero de 2020
Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno: “Soy partidario de que los derechos de agua sean indefinidos, pero que se terminen en caso de no uso”
PULSO – La Mesa Nacional del Agua entregó la semana pasada su primer informe al Presidente de la República, Sebastián Piñera, con su propuesta para enfrentar la sequía en el país. Las iniciativas apuntan a garantizar el abastecimiento para las personas, su calidad y modernizar el marco legal. En entrevista con PULSO, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, profundizó sobre los dos proyectos de ley en que se avanzará, para fortalecer las organizaciones de usuarios de agua y para crear una nueva institucionalidad pública.
¿Los cambios legales que se mencionan en el informe, hacia qué debieran apuntar?
-Uno tiene que ver con las organizaciones de usuarios. Hay que tener más organizaciones de usuarios de aguas subterráneas, porque hoy hay muy pocas, y eso hace que sea muy difícil fiscalizar. Son ellos los que en su propio territorio pueden denunciar el mal uso y a las personas que sacan agua sin derechos. Vamos a presentar un proyecto de ley y esta comisión nos va a ayudar en su cuerpo básico.
¿Por qué es necesario fortalecer estas organizaciones?
-Son fundamentales para el control y la fiscalización de lo que sucede con el agua en cada una de las cuencas. A través de muchos años, las organizaciones de usuarios superficiales hacen una tarea imprescindible, en el cuidado del agua y en la distribución, y en evitar que haya robo y mal uso del agua. Pero respecto del agua subterránea, esas organizaciones prácticamente no existen, hay que crearlas, porque el agua que tenemos bajo la tierra tiene un tamaño finito, y si sacamos más de lo que entra, se va a ir reduciendo y por lo tanto, vamos a perder ese acuífero.
Se planteó la creación de una nueva institución, pública, en materia del agua, ¿cómo debería ser?
-La institucionalidad pública hoy incorpora 43 diferentes organizaciones de distintos ministerios que intervienen en el tema del agua desde distintos aspectos y se hace muy difícil poder trabajar. Además, no hay ninguna que tenga la conducción política del problema. Básicamente se proponen dos caminos alternativos: la creación de una Subsecretaría del Agua o una Agencia Nacional del Agua. Lo que queremos es que la Mesa haga una propuesta concreta de ir por una de estas dos alternativas o por una tercera que pudiese surgir.
¿Cuál se adaptaría mejor a la realidad del país?
-Es parte de lo que hay que discutir en la mesa, yo tengo mi opinión.
¿Cuál es su opinión?
-Como presidente de la mesa no quiero dar una opinión por adelantado, pero me parece que las dos son interesantes. La Subsecretaría es muy cercana a lo que es la organización del Estado de Chile. La Agencia es algo más parecido a lo que hay en otros países, que tienen otro tipo de organización. Tenemos que ver cuál de los dos tiene más beneficios, costos y veremos en su momento.
Se aprobó en comisión la reforma al Código de Agua. Se estableció una temporalidad de los derechos de agua de 30 años, pero renovables. Esto es algo que no estaba incluido en la propuesta del gobierno, ¿qué opina?
-El punto aquí, más que los plazos, tiene que ver con dos cosas. Uno, la seguridad de que los derechos que el Estado provee sean usados, y en segundo lugar, hay que tener certeza. Si se hace una plantación, qué pasa cuando han pasado 20 años, y lo que queda de esos derechos son 10 años, pero resulta que ahora hay que cambiar la especie, ya no es conveniente producir manzana, sino que hay que producir cerezas, ¿vamos a hacerlo si no sabemos si después de los próximos 10 años vamos a tener agua? Lo que la Comisión aprobó es algo intermedio, porque son 30 años con renovación, pero con 10 años de anticipación, que apunta a este concepto.
Tenemos un pleno acuerdo de que hay que cautelar que se usen y que no estén ahí para especular, y que tiene que haber estabilidad en los derechos de agua. Y la renovación, de qué depende, del uso. Yo soy partidario de regularlo de otra manera, pero los objetivos son los mismos. Cualquier estudio serio sobre el problema del agua va a llegar en que uno requiere tener un mercado del agua, requiere tener derechos de agua que tengan estabilidad, que estén asociados al uso y no al negocio.
¿Es partidario de que los derechos de agua fueran indefinidos?
-Yo soy partidario de que los derechos de agua sean indefinidos, en el sentido de que no tienen un plazo definido, pero que se terminen en caso de no uso. Que, por lo demás, es lo mismo que tener un derecho a 30 años, que se renueva con 10 años de anticipación, con la única condición de que los estoy usando. Yo prefiero que sea algo que en vez de tener eso, que impone una cierta incertidumbre, que sean derechos indefinidos, pero que estén sujetos a reglas que si incumplen, entonces pierden los derechos.
Varios de los reclamos hoy tienen ver con el acaparamiento de los derechos de agua, y uno de los nombres que se repite es el del Ministro de Agricultura, ¿cómo reciben los cuestionamientos?
-Lo más importante, cuando alguien hace aseveraciones, es que tiene que mirar los datos. Hoy la distribución del agua no consuntiva en Chile, igual como lo es en la consuntiva, está bastante distribuida, son decenas de empresas las que tienen esos derechos y miles de personas que tienen derechos más pequeños.
Y respecto del caso del ministro, él lo ha aclarado muy claramente, lo que se le achaca son de otras personas, pero aún si los tuviera, corresponde a lo que tiene cualquier persona, él es agricultor y tiene los derechos de agua que corresponden, que por lo demás se alejan enormemente de lo que sale públicamente.
“Hay unanimidad que el agua es un bien nacional de uso público”
¿Costó alcanzar un consenso en la Mesa del Agua?
-Diría que no, fue una conversación relativamente fácil. Cuando uno objetiviza las discusiones en materia del agua, uno se va dando cuenta que las diferencias son mucho menos de lo que la gente cree.
¿Qué diferencias hubo?
-Lo que hemos planteado es un camino. En temas de regulación, lo que queremos es concordar principios, y en mi opinión personal, para cualquier ley respecto del agua, tiene que tener algunas condiciones básicas.
En primer lugar, que la prioridad es el consumo humano. Segundo, es importante que la legislación lo cautele. Hoy las normas secundarias de calidad del agua en Chile solamente se han dictado en cinco o seis cuerpos de agua relevantes. Tenemos ahí un atraso. Y en tercer lugar, tiene que ser una regulación que produzca los incentivos para que Chile se pueda adaptar al cambio climático. Hay lugares en el mundo que tienen mucho menos agua que la Región Metropolitana, aún con sequía, y que viven perfectamente bien porque están adaptados a otro clima, tienen plantas desalinizadoras, reutilizan las aguas servidas, infiltran acuíferos, tienen una red importante de embalses, y eso requiere que la legislación tenga los incentivos para que esas obras se hagan.
¿Por qué el tema de la propiedad del agua no se tocó?
-Desde ya hay unanimidad que el agua es un bien nacional de uso público como lo establece el Código Civil actualmente y el Código de Aguas, como también lo reafirma el que se está discutiendo. Uno de los tres temas prioritarios que se mencionan ahí, es precisamente el marco normativo, se están tocando muchas leyes, algunas que ya se han promulgado, otras que están en discusión, otras que van a entrar ahora en el Congreso, como es el caso de servicios sanitarios, y hubo consenso en la mesa en que es muy importante que tengamos los principios básicos, claros y acordados, de manera tal de que todos sean armónicos.
Fuente: Pulso, Lunes 10 de Febrero de 2020
