DIARIO FINANCIERO – La percepción de crisis institucional que se ha instalado en el país ha quedado ratificada con la última encuesta CEP. Las principales instituciones a cargo de proyectar una cierta estabilidad, requisito fundamental para asegurar un proceso de desarrollo inclusivo, son mal calificadas por la opinión pública; de ahí al desconocimiento del rol que deben cumplir y a su desautorización total hay un paso.
La situación económica no escapa a esta realidad: todos los indicadores a los que se pueda recurrir son muy preocupantes y sus proyecciones dejan mucho que desear respecto de las condiciones de bienestar para los chilenos: disminución del ritmo de crecimiento o, de frentón, el frenazo que ha experimentado la economía, hará que los sectores más vulnerables comiencen a pasarlo cada vez peor por la caída en sus niveles de ingreso, aumento en la tasas de desempleo y del endeudamiento y mayores dificultades para cumplir con los compromisos contraídos, entre otras.
A pesar de lo anterior, hay algunas fortalezas de la economía chilena sobre las que habrá que recomponer una estrategia de desarrollo, en la medida que concentremos nuestro esfuerzo en cómo avanzar hacia un Chile mejor y no en cobrarnos cuentas en momentos poco propicios para ello. En efecto, la identidad país en el mundo, como responsable en el manejo de las finanzas públicas, sigue intacta. En la medida que internamente se valore lo que esto significa y se exprese en políticas públicas sustentables financieramente en el largo plazo, esto debiera permitirnos endeudarnos para sortear las exigencias sociales del corto plazo. Chile cuenta con un nivel de deuda inferior al 30% de su PIB, lo que es muy valorado en el mundo al que queremos parecernos; esos países superan con creces el 40%. Por lo tanto, hay espacio para contraer más compromisos, en la medida que se den certezas de que se podrá servir esas deudas debidamente.
En la misma dirección, el proceso constituyente que se ha iniciado debiera generar un debate acerca de la estructura económica que prevalecerá en el largo plazo, de modo de definir la orientación del esfuerzo inversor que tendrá que hacer el país para asegurar los niveles de bienestar a los que se aspiran. Desaprovechar este proceso que se inicia puede ser percibido como una postergación de una discusión muy de fondo acerca de nuestro modelo de desarrollo, hoy profundamente cuestionado. Ha quedado en evidencia que no basta con crecer; hay que aspirar a ser mucho más inclusivo en este proceso, para lo cual es fundamental establecer mecanismos de cooperación entre el sector privado, el Estado y la comunidad que vayan más allá de lo meramente declarativo.
Un sector a re-impulsar en este sentido debiera ser el de la infraestructura. Esta, tal como lo hemos sostenido en más de una oportunidad, no sólo resuelve problemas presentes de estrangulamientos productivos y empleo, sino que crea oportunidades futuras sobre las que se deberán proyectar las actividades económicas y sociales. Está claro que el presupuesto público se verá restringido para este efecto; sin embargo, hay en Chile una larga experiencia de asociación entre el sector privado y el Estado que habrá que adecuar a las nuevas exigencias y revitalizar. La convocatoria para ello debe provenir del Estado; estamos seguros de que los privados acogerán cualquier llamado en este sentido, en la perspectiva de contribuir a recuperar el potencial de crecimiento. No hacerlo en estos momentos será perder un impulso necesario para transformar esta crisis actual en una oportunidad por construir un mejor país.
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Fuente: Diario Financiero, Jueves 23 de Enero de 2020
Coyuntura Económica e Infraestructura, por Carlos Cruz L.
DIARIO FINANCIERO – La percepción de crisis institucional que se ha instalado en el país ha quedado ratificada con la última encuesta CEP. Las principales instituciones a cargo de proyectar una cierta estabilidad, requisito fundamental para asegurar un proceso de desarrollo inclusivo, son mal calificadas por la opinión pública; de ahí al desconocimiento del rol que deben cumplir y a su desautorización total hay un paso.
La situación económica no escapa a esta realidad: todos los indicadores a los que se pueda recurrir son muy preocupantes y sus proyecciones dejan mucho que desear respecto de las condiciones de bienestar para los chilenos: disminución del ritmo de crecimiento o, de frentón, el frenazo que ha experimentado la economía, hará que los sectores más vulnerables comiencen a pasarlo cada vez peor por la caída en sus niveles de ingreso, aumento en la tasas de desempleo y del endeudamiento y mayores dificultades para cumplir con los compromisos contraídos, entre otras.
A pesar de lo anterior, hay algunas fortalezas de la economía chilena sobre las que habrá que recomponer una estrategia de desarrollo, en la medida que concentremos nuestro esfuerzo en cómo avanzar hacia un Chile mejor y no en cobrarnos cuentas en momentos poco propicios para ello. En efecto, la identidad país en el mundo, como responsable en el manejo de las finanzas públicas, sigue intacta. En la medida que internamente se valore lo que esto significa y se exprese en políticas públicas sustentables financieramente en el largo plazo, esto debiera permitirnos endeudarnos para sortear las exigencias sociales del corto plazo. Chile cuenta con un nivel de deuda inferior al 30% de su PIB, lo que es muy valorado en el mundo al que queremos parecernos; esos países superan con creces el 40%. Por lo tanto, hay espacio para contraer más compromisos, en la medida que se den certezas de que se podrá servir esas deudas debidamente.
En la misma dirección, el proceso constituyente que se ha iniciado debiera generar un debate acerca de la estructura económica que prevalecerá en el largo plazo, de modo de definir la orientación del esfuerzo inversor que tendrá que hacer el país para asegurar los niveles de bienestar a los que se aspiran. Desaprovechar este proceso que se inicia puede ser percibido como una postergación de una discusión muy de fondo acerca de nuestro modelo de desarrollo, hoy profundamente cuestionado. Ha quedado en evidencia que no basta con crecer; hay que aspirar a ser mucho más inclusivo en este proceso, para lo cual es fundamental establecer mecanismos de cooperación entre el sector privado, el Estado y la comunidad que vayan más allá de lo meramente declarativo.
Un sector a re-impulsar en este sentido debiera ser el de la infraestructura. Esta, tal como lo hemos sostenido en más de una oportunidad, no sólo resuelve problemas presentes de estrangulamientos productivos y empleo, sino que crea oportunidades futuras sobre las que se deberán proyectar las actividades económicas y sociales. Está claro que el presupuesto público se verá restringido para este efecto; sin embargo, hay en Chile una larga experiencia de asociación entre el sector privado y el Estado que habrá que adecuar a las nuevas exigencias y revitalizar. La convocatoria para ello debe provenir del Estado; estamos seguros de que los privados acogerán cualquier llamado en este sentido, en la perspectiva de contribuir a recuperar el potencial de crecimiento. No hacerlo en estos momentos será perder un impulso necesario para transformar esta crisis actual en una oportunidad por construir un mejor país.
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Fuente: Diario Financiero, Jueves 23 de Enero de 2020
