EL MERCURIO – A quienes han visto deteriorada su calidad de vida, se suman los futuros usuarios que verán postergado su acceso al metro
El Gobierno ha anunciado que retrasará en un año la construcción de la Línea 7 del metro, cuyas obras comenzarían pronto, así como el momento en que se construirán las líneas 8 y 9. La causa de la postergación son los costos en que deberá incurrir la empresa para reparar la destrucción que sufrió gran parte de su infraestructura entre el 18 y el 19 de octubre, cuando grupos aparentemente organizados y coordinados quemaron estaciones y trenes, en una de las expresiones más violentas del llamado “estallido social”. El retraso de las tres líneas del ferrocarril subterráneo aparece así como otro costo de un movimiento que, si bien convocó en sus primeras semanas a cientos de miles de personas protestando pacíficamente contra la desigualdad, ha tenido su faceta oscura en la violencia que marcó su inicio y que continúa manifestándose hasta hoy.
Durante sucesivos gobiernos, las extensiones del metro han sido definidas a partir de modelos y estudios que buscan garantizar que las nuevas líneas no constituyan una suerte de elefantes blancos, sino verdaderos aportes al desarrollo de la ciudad y al bienestar de las personas. De hecho, en condiciones normales, las zonas alrededor de las estaciones aumentan su valor y las comunas que no tienen metro aspiran a recibirlo, porque contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de sus vecinos y —al menos hasta antes del fenómeno de radicalización que se iniciara con las llamadas evasiones masivas— permitía la conformación de polos de desarrollo locales. Ahora, el retraso de las obras proyectadas significa que se mantendrá la congestión en la Línea 1 por un año más, dado que uno de los objetivos de la nueva Línea 7 era reducir la carga sobre aquella. Otro de los fines perseguidos era facilitar la llegada de los trabajadores a la nueva zona de negocios en torno al parque Araucano.
El problema de recursos que explica esta postergación se debe a que la reconstrucción requiere de fondos propios y aportes fiscales, pues el metro no tiene contratados seguros. Aunque se ha pretendido crear alguna controversia a partir de este último punto, ello obedece a una forma de manejar el riesgo que, en el caso de esta empresa estatal, tiene racionalidad. En efecto, por la ley de los grandes números, una empresa u organismo suficientemente importante enfrenta un riesgo vinculado a la naturaleza de las actividades que realiza (riesgo independiente), el que puede ser evaluado y considerado en su plan de negocios, de forma similar a como lo haría una compañía de seguros. Se trata de un “autoaseguro” que le permite ahorrar costos sin aumentar el riesgo. Esta razonable estrategia nunca concibió, sin embargo, la posibilidad de un ataque masivo como el de octubre, y que por lo tanto los riesgos no fueran ya independientes. Es por ello que la empresa se ha visto ahora constreñida de recursos, lo que la obliga a las postergaciones referidas.
Resultado de ello, a los cientos de miles de santiaguinos que, producto de los ataques, han visto deteriorada su calidad de vida, se suman aquellos futuros usuarios que verán postergado su acceso al más eficiente medio de transporte público que la ciudad puede ofrecer.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 4 de Diciembre de 2019
Postergación de líneas
EL MERCURIO – A quienes han visto deteriorada su calidad de vida, se suman los futuros usuarios que verán postergado su acceso al metro
El Gobierno ha anunciado que retrasará en un año la construcción de la Línea 7 del metro, cuyas obras comenzarían pronto, así como el momento en que se construirán las líneas 8 y 9. La causa de la postergación son los costos en que deberá incurrir la empresa para reparar la destrucción que sufrió gran parte de su infraestructura entre el 18 y el 19 de octubre, cuando grupos aparentemente organizados y coordinados quemaron estaciones y trenes, en una de las expresiones más violentas del llamado “estallido social”. El retraso de las tres líneas del ferrocarril subterráneo aparece así como otro costo de un movimiento que, si bien convocó en sus primeras semanas a cientos de miles de personas protestando pacíficamente contra la desigualdad, ha tenido su faceta oscura en la violencia que marcó su inicio y que continúa manifestándose hasta hoy.
Durante sucesivos gobiernos, las extensiones del metro han sido definidas a partir de modelos y estudios que buscan garantizar que las nuevas líneas no constituyan una suerte de elefantes blancos, sino verdaderos aportes al desarrollo de la ciudad y al bienestar de las personas. De hecho, en condiciones normales, las zonas alrededor de las estaciones aumentan su valor y las comunas que no tienen metro aspiran a recibirlo, porque contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de sus vecinos y —al menos hasta antes del fenómeno de radicalización que se iniciara con las llamadas evasiones masivas— permitía la conformación de polos de desarrollo locales. Ahora, el retraso de las obras proyectadas significa que se mantendrá la congestión en la Línea 1 por un año más, dado que uno de los objetivos de la nueva Línea 7 era reducir la carga sobre aquella. Otro de los fines perseguidos era facilitar la llegada de los trabajadores a la nueva zona de negocios en torno al parque Araucano.
El problema de recursos que explica esta postergación se debe a que la reconstrucción requiere de fondos propios y aportes fiscales, pues el metro no tiene contratados seguros. Aunque se ha pretendido crear alguna controversia a partir de este último punto, ello obedece a una forma de manejar el riesgo que, en el caso de esta empresa estatal, tiene racionalidad. En efecto, por la ley de los grandes números, una empresa u organismo suficientemente importante enfrenta un riesgo vinculado a la naturaleza de las actividades que realiza (riesgo independiente), el que puede ser evaluado y considerado en su plan de negocios, de forma similar a como lo haría una compañía de seguros. Se trata de un “autoaseguro” que le permite ahorrar costos sin aumentar el riesgo. Esta razonable estrategia nunca concibió, sin embargo, la posibilidad de un ataque masivo como el de octubre, y que por lo tanto los riesgos no fueran ya independientes. Es por ello que la empresa se ha visto ahora constreñida de recursos, lo que la obliga a las postergaciones referidas.
Resultado de ello, a los cientos de miles de santiaguinos que, producto de los ataques, han visto deteriorada su calidad de vida, se suman aquellos futuros usuarios que verán postergado su acceso al más eficiente medio de transporte público que la ciudad puede ofrecer.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 4 de Diciembre de 2019
