LA TERCERA – Esta columna fue escrita junto a Carlos Cruz, Director ejecutivo CPI .
El mayor costo del estallido social serán las más de 26 muertes, siete personas con pérdida de visión, 11.500 civiles y 1.900 carabineros heridos, fruto de la violencia generada en ambos márgenes de la movilización, tanto de vándalos y narcos, así como de agentes del Estado que violaron los DD.HH., atrapados en una vorágine de irracionalidad y fuerza que debemos condenar. Otros costos son la devastación y saqueo de centros urbanos, así como importantes centros de abastecimiento y empleo en las periferias, los que se reflejarán en los más de 300 mil empleos que serán finiquitados por la pérdida de su fuente laboral o amenazante desaceleración.
En cuanto al daño a la infraestructura, según la CChC este ascendería a los 4.500 millones de dólares. Aproximadamente la mitad de esta infraestructura dañada es pública, por lo que si pretendemos reponerla habrá que destinar una cantidad importante de recursos públicos. Presupuesto que sabemos, hoy debe priorizar las justas demandas. En consecuencia, es probable que se postergue la reconstrucción de la infraestructura si es que no se recurre a otras fuentes de financiamiento. En este caso, a asociación público-privada. El sector inmobiliario podría asumir una parte de esta reparación en la medida en que: se defina con precisión los espacios urbanos y barrios a recuperar, se den ciertos incentivos y condiciones para desarrollar territorios escasamente densificados, deteriorados o depreciados; hoy subexplotados en forma tal de crear barrios integrados. Para ello es posible recurrir a la Ley de Financiamiento Urbano Compartido FUC o a la Ley de Concesiones; y se puede rentabilizar con la venta de viviendas con diferentes niveles de subsidios. Finalmente, para revertir el éxodo hacia los campamentos se podría potenciar la Ley de Integración Urbana y concesionar terrenos públicos para el desarrollo de proyectos habitacionales para arriendo. Para ello es posible recurrir a los mismos cuerpos legales.
El financiamiento privado de infraestructura pública, en el “nuevo Chile” debe cumplir con una serie de condiciones de transparencia: participación temprana de la comunidad, inversiones que se rentabilicen al largo plazo (15 a 20 años), retornos sobre capital invertido que no superen en más de tres puntos la tasa de interés de referencia, con un techo del 5% en la medida en que el resultado sea mejor que el esperado.
La recuperación de edificios públicos también puede recurrir al financiamiento privado a través de la Ley de Concesiones. El retorno puede ser el arriendo que se paga durante el tiempo que sea debidamente convenido para asegurar el pago de la inversión, el mantenimiento y su operación y una rentabilidad del capital equivalente a lo señalado en el punto anterior.
Puede sonar impopular en estos momentos, pero es clave que el diálogo detonado en estos meses permita también restablecer las confianzas en la colaboración público-privada. Aspiramos a que este sacrificio valga la pena, ya que podemos construir un Chile mejor entre todos.
Fuente: La Tercera, Lunes 2 de Diciembre de 2019
El estallido de la infraestructura, por Pablo Allard y Carlos Cruz
LA TERCERA – Esta columna fue escrita junto a Carlos Cruz, Director ejecutivo CPI .
El mayor costo del estallido social serán las más de 26 muertes, siete personas con pérdida de visión, 11.500 civiles y 1.900 carabineros heridos, fruto de la violencia generada en ambos márgenes de la movilización, tanto de vándalos y narcos, así como de agentes del Estado que violaron los DD.HH., atrapados en una vorágine de irracionalidad y fuerza que debemos condenar. Otros costos son la devastación y saqueo de centros urbanos, así como importantes centros de abastecimiento y empleo en las periferias, los que se reflejarán en los más de 300 mil empleos que serán finiquitados por la pérdida de su fuente laboral o amenazante desaceleración.
En cuanto al daño a la infraestructura, según la CChC este ascendería a los 4.500 millones de dólares. Aproximadamente la mitad de esta infraestructura dañada es pública, por lo que si pretendemos reponerla habrá que destinar una cantidad importante de recursos públicos. Presupuesto que sabemos, hoy debe priorizar las justas demandas. En consecuencia, es probable que se postergue la reconstrucción de la infraestructura si es que no se recurre a otras fuentes de financiamiento. En este caso, a asociación público-privada. El sector inmobiliario podría asumir una parte de esta reparación en la medida en que: se defina con precisión los espacios urbanos y barrios a recuperar, se den ciertos incentivos y condiciones para desarrollar territorios escasamente densificados, deteriorados o depreciados; hoy subexplotados en forma tal de crear barrios integrados. Para ello es posible recurrir a la Ley de Financiamiento Urbano Compartido FUC o a la Ley de Concesiones; y se puede rentabilizar con la venta de viviendas con diferentes niveles de subsidios. Finalmente, para revertir el éxodo hacia los campamentos se podría potenciar la Ley de Integración Urbana y concesionar terrenos públicos para el desarrollo de proyectos habitacionales para arriendo. Para ello es posible recurrir a los mismos cuerpos legales.
El financiamiento privado de infraestructura pública, en el “nuevo Chile” debe cumplir con una serie de condiciones de transparencia: participación temprana de la comunidad, inversiones que se rentabilicen al largo plazo (15 a 20 años), retornos sobre capital invertido que no superen en más de tres puntos la tasa de interés de referencia, con un techo del 5% en la medida en que el resultado sea mejor que el esperado.
La recuperación de edificios públicos también puede recurrir al financiamiento privado a través de la Ley de Concesiones. El retorno puede ser el arriendo que se paga durante el tiempo que sea debidamente convenido para asegurar el pago de la inversión, el mantenimiento y su operación y una rentabilidad del capital equivalente a lo señalado en el punto anterior.
Puede sonar impopular en estos momentos, pero es clave que el diálogo detonado en estos meses permita también restablecer las confianzas en la colaboración público-privada. Aspiramos a que este sacrificio valga la pena, ya que podemos construir un Chile mejor entre todos.
Fuente: La Tercera, Lunes 2 de Diciembre de 2019
