Pulso – Los acontecimientos de las últimas semanas han modificado significativamente el cuadro de preocupaciones de los diferentes actores sociales. Uno de los primeros efectos de este proceso es la reacción del gobierno al cambiar a los responsables de las áreas más sensibles en su gestión y la instalación de una agenda temática muy distinta a la de su programa original. Sin embargo, aún parece insuficiente.
El cambio de eje en la centralidad de la discusión pública, de lo económico a lo social, también ha tenido efectos. Hacienda ha confirmado que el producto crecerá en 2020 muy por debajo de lo pronosticado, debido, principalmente, a la disminución en la tasa de inversiones. Detectada esta tendencia, el Estado, a través de sus principales agencias de inversión -MOP, Minvu, MTT, Minsal y Subdere- debiera asumir un rol reactivador muy decidido, especialmente invirtiendo en infraestructura, reconocida por su función de compensación en los ciclos económicos.
La infraestructura post octubre 2019 debe contemplar estándares homogéneos para todo el país; proyectos social y ambientalmente valorados y efectos virtuosos de los servicios para los que esa infraestructura se haya diseñado, que no deberán dejar “perdedores”. Es probable que los recursos para invertir en esta infraestructura-mientras no se concrete una reforma tributaria recaudadora que comience a rendir frutos- estén restringidos, pues parte de sus disponibilidades originales se destinarán a cubrir las mayores prestaciones sociales. Se puede recurrir a fondos soberanos y al endeudamiento -con cautela- por un posible impacto en los índices de riesgo país. Surge entonces la posibilidad de reeditar nuevas formas de APP (Asociación Público Privada).
Movilizar recursos privados para invertir en infraestructura pública requerirá de una gran disposición del Estado para proponer fórmulas atractivas para los inversionistas y que estos tengan la disposición a ver en los proyectos APP propuestos una opción, probablemente, de menores retornos, que podrían compensarse con menor riesgo.
De asumirse este camino, esto será resultado de una reflexión acerca del rol que deberá cumplir el Estado en la identificación de oportunidades, que solo se podrán materializar a través de una asociación en la que cada parte ponga lo mejor de sí. Este criterio permitió llevar adelante grandes proyectos de inversión en infraestructura hasta mediados de los 2000. No hay razón para que, con la misma convicción, reeditemos esa forma de asociación que nos aportó beneficios como país, adecuada a las nuevas condiciones ambientales, de la economía y de las demandas sociales.
Fuente: Pulso, Martes 19 de Noviembre de 2019
La infraestructura post crisis social, por Carlos Cruz
Pulso – Los acontecimientos de las últimas semanas han modificado significativamente el cuadro de preocupaciones de los diferentes actores sociales. Uno de los primeros efectos de este proceso es la reacción del gobierno al cambiar a los responsables de las áreas más sensibles en su gestión y la instalación de una agenda temática muy distinta a la de su programa original. Sin embargo, aún parece insuficiente.
El cambio de eje en la centralidad de la discusión pública, de lo económico a lo social, también ha tenido efectos. Hacienda ha confirmado que el producto crecerá en 2020 muy por debajo de lo pronosticado, debido, principalmente, a la disminución en la tasa de inversiones. Detectada esta tendencia, el Estado, a través de sus principales agencias de inversión -MOP, Minvu, MTT, Minsal y Subdere- debiera asumir un rol reactivador muy decidido, especialmente invirtiendo en infraestructura, reconocida por su función de compensación en los ciclos económicos.
La infraestructura post octubre 2019 debe contemplar estándares homogéneos para todo el país; proyectos social y ambientalmente valorados y efectos virtuosos de los servicios para los que esa infraestructura se haya diseñado, que no deberán dejar “perdedores”. Es probable que los recursos para invertir en esta infraestructura-mientras no se concrete una reforma tributaria recaudadora que comience a rendir frutos- estén restringidos, pues parte de sus disponibilidades originales se destinarán a cubrir las mayores prestaciones sociales. Se puede recurrir a fondos soberanos y al endeudamiento -con cautela- por un posible impacto en los índices de riesgo país. Surge entonces la posibilidad de reeditar nuevas formas de APP (Asociación Público Privada).
Movilizar recursos privados para invertir en infraestructura pública requerirá de una gran disposición del Estado para proponer fórmulas atractivas para los inversionistas y que estos tengan la disposición a ver en los proyectos APP propuestos una opción, probablemente, de menores retornos, que podrían compensarse con menor riesgo.
De asumirse este camino, esto será resultado de una reflexión acerca del rol que deberá cumplir el Estado en la identificación de oportunidades, que solo se podrán materializar a través de una asociación en la que cada parte ponga lo mejor de sí. Este criterio permitió llevar adelante grandes proyectos de inversión en infraestructura hasta mediados de los 2000. No hay razón para que, con la misma convicción, reeditemos esa forma de asociación que nos aportó beneficios como país, adecuada a las nuevas condiciones ambientales, de la economía y de las demandas sociales.
Fuente: Pulso, Martes 19 de Noviembre de 2019
