EL MERCURIO – Al tiempo que aumentan las necesidades de agua de la agricultura, la industria, la minería y de la propia población, el país vive una megasequía que se ha prolongado por una década y en la que las perspectivas futuras distan de ser promisorias: todo indica que el origen del fenómeno se vincula con el cambio climático y que por lo tanto no puede estimarse como un hecho pasajero. Esto significa que el país tendrá que invertir para hacer frente a la escasez de agua. Tales inversiones pueden incluir la construcción de embalses y canales de regadío, el tratamiento de aguas servidas y también cambios conductuales que permitan un mayor ahorro. Sin embargo, nada de esto resolverá el problema al norte de Santiago, donde no llueve lo suficiente como para llenar los embalses, y en que, debido al mayor costo del agua, todos los actores tienden ya a ser cuidadosos en su consumo.
Por lo mismo, adquiere importancia como posible fórmula la desalación de aguas del mar. Ya existen más de veinte plantas de este tipo operando y hay proyectos para decenas de otras unidades. Tal como lo ha logrado Israel, Chile podría resolver así los problemas de suministro de agua al norte de Valparaíso. El costo involucrado ha caído rápidamente y se encuentra entre los US$ 0,50-1,00 por metro cúbico para ciudades costeras, valores que permiten su uso domiciliario, minero e industrial, aunque es aún algo caro para la mayor parte de la agricultura y en general en las ciudades. Existe un proyecto piloto de una nueva tecnología nacional que tal vez podría reducir ese valor, de manera que el agua desalada también sea viable en algunos usos agrícolas.
Ciertos sectores manifiestan aprensión por eventuales efectos ambientales negativos de la desalación. Sin duda, ha de actuarse con prudencia, pero existen en el país —particularmente en el norte— condiciones ideales para avanzar en este ámbito. Una de ellas es el bajo costo de la energía solar —ambientalmente amigable—, que permite operar las plantas durante el día y almacenar el agua para la noche. Es cierto que también se ha advertido respecto del posible efecto sobre el lecho del mar de las salmueras resultantes del proceso de desalación. Sin embargo, la literatura señala que los sitios más apropiados para disipar esas salmueras son costas oceánicas de alta energía, como casi todas las costas nacionales. Y si la descarga de salmueras se realiza mediante tuberías extensas, con difusores y en zonas profundas, el problema ambiental se ve en gran parte mitigado. Además, las plantas utilizan algunos químicos para prevenir el sarro y la aparición de algas, productos que están aprobados por las autoridades ambientales y que se utilizan en concentraciones similares en las plantas de potabilización de agua. A su vez, los equipos deben limpiarse tres o cuatro veces al año, usando ácidos débiles y detergentes suaves, los que se pueden diluir hasta no tener efectos nocivos.
Es precisamente por antecedentes como estos que llama tan negativamente la atención el avance en el Senado de una moción parlamentaria cuyos efectos serían profundamente desalentadores para el desarrollo de esta industria. Con dudoso sustento conceptual, dicho proyecto busca conferir a las aguas ya desaladas el carácter de bien nacional de uso público, ignorando el hecho básico de que se trata de un producto del ingenio humano, con un propietario que destinó sus recursos y esfuerzos para obtenerlo. Es esta una medida que —más allá de la intención de sus autores— pareciera diseñada para desincentivar la inversión en un sector que puede ser vital. Frente a ella, el Gobierno ha señalado estudiar una indicación según la cual podría obligarse a estas plantas reservar para uso público el 5% del agua que produzcan. Sería, sin duda, una mejor fórmula que la del proyecto, pero que aun así ofrece problemas conceptuales y prácticos que podrían atenuarse si la misma ley, junto con tal imposición, especificara alguna forma de compensación.
Fuente: El Mercurio, Viernes 11 de Octubre de 2019
Obstáculo al desarrollo de desaladoras
EL MERCURIO – Al tiempo que aumentan las necesidades de agua de la agricultura, la industria, la minería y de la propia población, el país vive una megasequía que se ha prolongado por una década y en la que las perspectivas futuras distan de ser promisorias: todo indica que el origen del fenómeno se vincula con el cambio climático y que por lo tanto no puede estimarse como un hecho pasajero. Esto significa que el país tendrá que invertir para hacer frente a la escasez de agua. Tales inversiones pueden incluir la construcción de embalses y canales de regadío, el tratamiento de aguas servidas y también cambios conductuales que permitan un mayor ahorro. Sin embargo, nada de esto resolverá el problema al norte de Santiago, donde no llueve lo suficiente como para llenar los embalses, y en que, debido al mayor costo del agua, todos los actores tienden ya a ser cuidadosos en su consumo.
Por lo mismo, adquiere importancia como posible fórmula la desalación de aguas del mar. Ya existen más de veinte plantas de este tipo operando y hay proyectos para decenas de otras unidades. Tal como lo ha logrado Israel, Chile podría resolver así los problemas de suministro de agua al norte de Valparaíso. El costo involucrado ha caído rápidamente y se encuentra entre los US$ 0,50-1,00 por metro cúbico para ciudades costeras, valores que permiten su uso domiciliario, minero e industrial, aunque es aún algo caro para la mayor parte de la agricultura y en general en las ciudades. Existe un proyecto piloto de una nueva tecnología nacional que tal vez podría reducir ese valor, de manera que el agua desalada también sea viable en algunos usos agrícolas.
Ciertos sectores manifiestan aprensión por eventuales efectos ambientales negativos de la desalación. Sin duda, ha de actuarse con prudencia, pero existen en el país —particularmente en el norte— condiciones ideales para avanzar en este ámbito. Una de ellas es el bajo costo de la energía solar —ambientalmente amigable—, que permite operar las plantas durante el día y almacenar el agua para la noche. Es cierto que también se ha advertido respecto del posible efecto sobre el lecho del mar de las salmueras resultantes del proceso de desalación. Sin embargo, la literatura señala que los sitios más apropiados para disipar esas salmueras son costas oceánicas de alta energía, como casi todas las costas nacionales. Y si la descarga de salmueras se realiza mediante tuberías extensas, con difusores y en zonas profundas, el problema ambiental se ve en gran parte mitigado. Además, las plantas utilizan algunos químicos para prevenir el sarro y la aparición de algas, productos que están aprobados por las autoridades ambientales y que se utilizan en concentraciones similares en las plantas de potabilización de agua. A su vez, los equipos deben limpiarse tres o cuatro veces al año, usando ácidos débiles y detergentes suaves, los que se pueden diluir hasta no tener efectos nocivos.
Es precisamente por antecedentes como estos que llama tan negativamente la atención el avance en el Senado de una moción parlamentaria cuyos efectos serían profundamente desalentadores para el desarrollo de esta industria. Con dudoso sustento conceptual, dicho proyecto busca conferir a las aguas ya desaladas el carácter de bien nacional de uso público, ignorando el hecho básico de que se trata de un producto del ingenio humano, con un propietario que destinó sus recursos y esfuerzos para obtenerlo. Es esta una medida que —más allá de la intención de sus autores— pareciera diseñada para desincentivar la inversión en un sector que puede ser vital. Frente a ella, el Gobierno ha señalado estudiar una indicación según la cual podría obligarse a estas plantas reservar para uso público el 5% del agua que produzcan. Sería, sin duda, una mejor fórmula que la del proyecto, pero que aun así ofrece problemas conceptuales y prácticos que podrían atenuarse si la misma ley, junto con tal imposición, especificara alguna forma de compensación.
Fuente: El Mercurio, Viernes 11 de Octubre de 2019
