DIARIO FINANCIERO – Desde mediados de los 80, el comercio exterior chileno ha sido uno de los motores de la economía nacional. La evolución de las exportaciones, impulsadas por una política de apertura comercial promovida en ese decenio -y que se intensificó a partir del gobierno del Presidente Aylwin-, se tradujo en que durante los primeros 20 años de apertura, las exportaciones chilenas crecieran más de 10 veces, pasando de US$ 4,5 MM, a casi US$ 50 MM en 2005.
Tras ese salto, el proceso ha seguido su curso, aunque a menor ritmo. Si bien la mayor alza de las exportaciones se experimentó entre 2006 y 2007, esta tuvo más que ver con el aumento del precio del cobre, que pasó de menos de US$1 la libra en 2004, a cerca de US$4 en 2006. Entre 2008-2018, las exportaciones aumentaron menos de un 20%, pasando de US$ 77 MM a US$ 86 MM anuales. La novedad de este comportamiento es un aumento de las exportaciones no mineras, las que entre 2003 y 2018 crecieron a un nivel superior al 7% anual. Aun así, su significado sigue siendo menos del 50% de las exportaciones totales.
A pesar del éxito de la política de apertura a los mercados externos, Chile sigue siendo muy dependiente del precio del cobre y de otros productos vulnerables a la evolución de la economía mundial. Seguir ampliando mercados tiene sus límites, como queda demostrado por la menor participación de las exportaciones chilenas en los flujos de intercambio global. Estos habrían disminuido de 0,45% en 2008 a 0,32% en 2018. Lo mismo sucede con los precios de nuestras exportaciones: estas son muy volátiles frente al ambiente de negocios internacional.
Da la impresión de que no se puede hacer frente a esta dependencia extrema de los mercados mundiales. Nuestras autoridades parecen confiadas sólo en ampliar los mercados o resignadas a esperar que suban los precios.
Sin embargo, sí hay mucho que hacer para aprovechar las grandes fortalezas del país. Es posible hacer un esfuerzo de políticas públicas para aumentar la competitividad de nuestra cadena logística y conectividad. Si hoy Chile ocupa, en la percepción de aporte de la infraestructura logística a la productividad, el lugar Nº 34 a nivel mundial (LPI, BM), no hay razón para no asumir el desafío de mejorar posiciones en este aspecto, de modo de reducir los costos de las exportaciones y así ampliar la oferta de productos exportables. La conectividad física (calidad de la infraestructura) y los encadenamientos logísticos en Chile representan el 18% de los costos de nuestras exportaciones, en tanto en los países de la OECD estos sólo alcanzan al 9%.
Igualmente, es posible asumir que el esfuerzo para resolver el problema de la condición hídrica del país sirva para proponerse la ambiciosa meta de ampliar las superficies regadas con seguridad, y así aumentar la oferta de productos agropecuarios y forestales. El mejor aprovechamiento de las escasas aguas disponibles (I+D, gestión, reutilización, infiltración, embalsamiento, conducción razonable, tecnificación del agro) y la generación de nuevas fuentes de agua (desalación, aguas subterráneas controladas y trasvases de cuencas), debiera dar origen a una política pública que tenga por finalidad no sólo evitar el deterioro económico que puede representar el cambio climático para el país, sino ampliar el potencial productivo en actividades en las cuales se cuenta con grandes ventajas competitivas.
Ver artículo
Fuente: Diario Financiero, Jueves 26 de Septiembre de 2019
La logística como impulsora de las exportaciones, por Carlos Cruz
DIARIO FINANCIERO – Desde mediados de los 80, el comercio exterior chileno ha sido uno de los motores de la economía nacional. La evolución de las exportaciones, impulsadas por una política de apertura comercial promovida en ese decenio -y que se intensificó a partir del gobierno del Presidente Aylwin-, se tradujo en que durante los primeros 20 años de apertura, las exportaciones chilenas crecieran más de 10 veces, pasando de US$ 4,5 MM, a casi US$ 50 MM en 2005.
Tras ese salto, el proceso ha seguido su curso, aunque a menor ritmo. Si bien la mayor alza de las exportaciones se experimentó entre 2006 y 2007, esta tuvo más que ver con el aumento del precio del cobre, que pasó de menos de US$1 la libra en 2004, a cerca de US$4 en 2006. Entre 2008-2018, las exportaciones aumentaron menos de un 20%, pasando de US$ 77 MM a US$ 86 MM anuales. La novedad de este comportamiento es un aumento de las exportaciones no mineras, las que entre 2003 y 2018 crecieron a un nivel superior al 7% anual. Aun así, su significado sigue siendo menos del 50% de las exportaciones totales.
A pesar del éxito de la política de apertura a los mercados externos, Chile sigue siendo muy dependiente del precio del cobre y de otros productos vulnerables a la evolución de la economía mundial. Seguir ampliando mercados tiene sus límites, como queda demostrado por la menor participación de las exportaciones chilenas en los flujos de intercambio global. Estos habrían disminuido de 0,45% en 2008 a 0,32% en 2018. Lo mismo sucede con los precios de nuestras exportaciones: estas son muy volátiles frente al ambiente de negocios internacional.
Da la impresión de que no se puede hacer frente a esta dependencia extrema de los mercados mundiales. Nuestras autoridades parecen confiadas sólo en ampliar los mercados o resignadas a esperar que suban los precios.
Sin embargo, sí hay mucho que hacer para aprovechar las grandes fortalezas del país. Es posible hacer un esfuerzo de políticas públicas para aumentar la competitividad de nuestra cadena logística y conectividad. Si hoy Chile ocupa, en la percepción de aporte de la infraestructura logística a la productividad, el lugar Nº 34 a nivel mundial (LPI, BM), no hay razón para no asumir el desafío de mejorar posiciones en este aspecto, de modo de reducir los costos de las exportaciones y así ampliar la oferta de productos exportables. La conectividad física (calidad de la infraestructura) y los encadenamientos logísticos en Chile representan el 18% de los costos de nuestras exportaciones, en tanto en los países de la OECD estos sólo alcanzan al 9%.
Igualmente, es posible asumir que el esfuerzo para resolver el problema de la condición hídrica del país sirva para proponerse la ambiciosa meta de ampliar las superficies regadas con seguridad, y así aumentar la oferta de productos agropecuarios y forestales. El mejor aprovechamiento de las escasas aguas disponibles (I+D, gestión, reutilización, infiltración, embalsamiento, conducción razonable, tecnificación del agro) y la generación de nuevas fuentes de agua (desalación, aguas subterráneas controladas y trasvases de cuencas), debiera dar origen a una política pública que tenga por finalidad no sólo evitar el deterioro económico que puede representar el cambio climático para el país, sino ampliar el potencial productivo en actividades en las cuales se cuenta con grandes ventajas competitivas.
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Fuente: Diario Financiero, Jueves 26 de Septiembre de 2019
