DIARIO FINANCIERO – Una desconocida planta desaladora construida en el árido desierto de Atacama en 1872 marcó un impensado precedente para el futuro de la industria hídrica en Chile. Casi 150 años después, la zona norte del país es pionera y líder regional en la instalación de desalinizadoras y en la cantidad de metros cúbicos de agua de mar purificados al día -los cuales alcanzarían cerca de 300 mil-. Ello con una inversión, entre pública y privada, que hasta ahora ronda los US$ 30.000 millones.
El sector minero es el que actualmente más aporta al mercado de la desalinización de agua de mar en Chile. Se proyecta un 57,6% de la capacidad máxima de producción respecto al 28,4% y 14,0% de las principales plantas del sector sanitario e industrial respectivamente, según el catastro de plantas desalinizadoras y sistemas de impulsión de agua de mar 2017-2018. Sin embargo, algunas experiencias extranjeras dan cuenta de que es más viable generar una política pública que considere las plantas desaladoras más que sólo un complemento para una faena minera.
Desde fines de la década de los ‘90, las mineras más grandes -ubicadas entre Arica y Parinacota y Coquimbo esencialmente- han construido desaladoras propias. Escondida, CAP, Los Pelambres o Codelco Norte, por nombrar algunas.
En la actualidad, se está construyendo en la Región de Atacama la planta más grande de Latinoamérica. Con una inversión inicial de US$ 500 millones –generando 1.680 puestos de trabajo durante su construcción-, Enapac proyecta que comenzará a operar en 2021, abasteciendo a ocho mineras de la zona con las que ya tiene un preacuerdo.
Aunque los actores de la industria eluden dar cifras en materia de inversión, la realidad da cuenta de que los costos para levantar una planta desalinizadora pueden variar significativamente debido a su tamaño y capacidad, por lo que en Chile las hay que han costado desde US$13 hasta US$ 5.400 millones, estas últimas como parte de un complejo mayor.
La Planta Desaladora Arica, que se puso en marcha el año 1998, es una de las primeras en iniciar faenas en la década de los ‘90 y sus aguas están destinadas esencialmente al abastecimiento de la comunidad.
Consciente de que esta industria va de mano con la minería, más allá de los costos que implica, Waldo López, gerente de Desarrollo de Negocios de Agua de Acciona –empresa de capitales españoles que diseñó, construyó y opera la planta desaladora de CAP, en la Región de Atacama- hace hincapié en que “siempre es importante que una instalación (planta desalinadora) sirva a la comunidad, como medida de compensación. Así las que se construyan en una comuna deberían servir tanto para la industria como para la comunidad en que está la planta”.
Mientras que el gerente general de AES Gener, Ricardo Falú, explica que la empresa tiene operativa desde 2015 una planta desaladora con tecnología de osmosis inversa en la Central Angamos (ubicada en Mejillones), con una capacidad de producción de 60 l/s para consumo propio y para terceros y cuentan con la autorización para ampliarla en 160 l/s.
Además, tienen la autorización ambiental para construir una planta desaladora de 1.400 l/s también para venta a terceros, en Guacolda (Huasco).
Por último, tienen en trámite ambiental una planta desaladora de capacidad de producción de 60 l/s para consumo propio, más la capacidad de producción de 500 l/s para venta a terceros, en Ventanas-Puchuncaví.
La mano del Estado
A pesar de que este es “un negocio muy rentable a mediana y gran escala” –según Carlos Foxley, representante de ventas de IDE Technologies, empresa de origen israelí que ha construido algunas plantas de menor tamaño en Chile y algunas de las más grandes del mundo en lugares como China, Estados Unidos, India o el propio Israel-, no parece haber intereses privados dispuestos a participar en estas operaciones más allá de la industria minera, por el alto costo que implicaría para los habitantes de una comuna el agua de fuente desalada, por esa razón es que la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa) optó por financiar en un 100% con recursos estatales una planta desaladora, cuya construcción ya registra un 70% de avance.
Su objetivo será abastecer de agua potable a las ciudades de Caldera, Copiapó, Chañaral y Tierra Amarilla. Una vez activa, producirá 1.200 litros por segundo y mitigará la falta de recursos hídricos de Atacama. La primera parte del proyecto, a cargo de Claro, Vicuña, Valenzuela implicará una inversión cercana a los US$ 72 millones. Y se estima que de aquí al 2030 alrededor de 10 plantas, entre nuevas y ampliación de otras ya existentes –como es el caso de la desalinadora Candelaria-, entrarán en operaciones.
El gerente general de la empresa, Patricio Herrera, explica que debido a la reducción de los costos ligados a la purificación del agua, podrían aumentar los interesados en este negocio. “Si antes un metro cúbico de agua desalada podía costar US$ 2, hoy esa cifra se ha reducido a la mitad”, detalla, lo que a su juicio podría incentivar a más empresas. Y añade que debido a que “hay varios otros proyectos en desarrollo, el sector sanitario también va a tener alguna importancia en términos de las desaladoras que se construyan”.
Ello, porque esta es una solución que ya se contemplaba en el Plan Nacional para la Sequía que dio a conocer la expresidenta Michelle Bachelet en marzo de 2015. Entre una serie de medidas de mediano plazo se contemplaba combatir la seguía a través de la construcción de este tipo de plantas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule y Bío Bío. Mientras que en enero del mismo año se había ingresado al Congreso el proyecto que “faculta al Estado para la creación de plantas desalinizadoras”, mismo que se encuentra en su segundo trámite en el Senado y que pese a la urgencia de la situación está detenida su tramitación desde septiembre del año pasado.
El ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno comparte con quienes evalúan que “los precios de esta tecnología van bajando cada día, versus el hecho de que el agua es cada vez más escasa; por lo que la instalación de plantas desaladoras es una alternativa muy importante en algunas zonas del país. En Antofagasta, la mayor parte del agua potable ya es desalada; también habrá una planta en Atacama y hay otro proyecto para Arica, por ejemplo”.
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Fuente: Diario Financiero, Viernes 30 de Agosto de 2019
Cambio climático impulsa industria de las desaladoras
DIARIO FINANCIERO – Una desconocida planta desaladora construida en el árido desierto de Atacama en 1872 marcó un impensado precedente para el futuro de la industria hídrica en Chile. Casi 150 años después, la zona norte del país es pionera y líder regional en la instalación de desalinizadoras y en la cantidad de metros cúbicos de agua de mar purificados al día -los cuales alcanzarían cerca de 300 mil-. Ello con una inversión, entre pública y privada, que hasta ahora ronda los US$ 30.000 millones.
El sector minero es el que actualmente más aporta al mercado de la desalinización de agua de mar en Chile. Se proyecta un 57,6% de la capacidad máxima de producción respecto al 28,4% y 14,0% de las principales plantas del sector sanitario e industrial respectivamente, según el catastro de plantas desalinizadoras y sistemas de impulsión de agua de mar 2017-2018. Sin embargo, algunas experiencias extranjeras dan cuenta de que es más viable generar una política pública que considere las plantas desaladoras más que sólo un complemento para una faena minera.
Desde fines de la década de los ‘90, las mineras más grandes -ubicadas entre Arica y Parinacota y Coquimbo esencialmente- han construido desaladoras propias. Escondida, CAP, Los Pelambres o Codelco Norte, por nombrar algunas.
En la actualidad, se está construyendo en la Región de Atacama la planta más grande de Latinoamérica. Con una inversión inicial de US$ 500 millones –generando 1.680 puestos de trabajo durante su construcción-, Enapac proyecta que comenzará a operar en 2021, abasteciendo a ocho mineras de la zona con las que ya tiene un preacuerdo.
Aunque los actores de la industria eluden dar cifras en materia de inversión, la realidad da cuenta de que los costos para levantar una planta desalinizadora pueden variar significativamente debido a su tamaño y capacidad, por lo que en Chile las hay que han costado desde US$13 hasta US$ 5.400 millones, estas últimas como parte de un complejo mayor.
La Planta Desaladora Arica, que se puso en marcha el año 1998, es una de las primeras en iniciar faenas en la década de los ‘90 y sus aguas están destinadas esencialmente al abastecimiento de la comunidad.
Consciente de que esta industria va de mano con la minería, más allá de los costos que implica, Waldo López, gerente de Desarrollo de Negocios de Agua de Acciona –empresa de capitales españoles que diseñó, construyó y opera la planta desaladora de CAP, en la Región de Atacama- hace hincapié en que “siempre es importante que una instalación (planta desalinadora) sirva a la comunidad, como medida de compensación. Así las que se construyan en una comuna deberían servir tanto para la industria como para la comunidad en que está la planta”.
Mientras que el gerente general de AES Gener, Ricardo Falú, explica que la empresa tiene operativa desde 2015 una planta desaladora con tecnología de osmosis inversa en la Central Angamos (ubicada en Mejillones), con una capacidad de producción de 60 l/s para consumo propio y para terceros y cuentan con la autorización para ampliarla en 160 l/s.
Además, tienen la autorización ambiental para construir una planta desaladora de 1.400 l/s también para venta a terceros, en Guacolda (Huasco).
Por último, tienen en trámite ambiental una planta desaladora de capacidad de producción de 60 l/s para consumo propio, más la capacidad de producción de 500 l/s para venta a terceros, en Ventanas-Puchuncaví.
La mano del Estado
A pesar de que este es “un negocio muy rentable a mediana y gran escala” –según Carlos Foxley, representante de ventas de IDE Technologies, empresa de origen israelí que ha construido algunas plantas de menor tamaño en Chile y algunas de las más grandes del mundo en lugares como China, Estados Unidos, India o el propio Israel-, no parece haber intereses privados dispuestos a participar en estas operaciones más allá de la industria minera, por el alto costo que implicaría para los habitantes de una comuna el agua de fuente desalada, por esa razón es que la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa) optó por financiar en un 100% con recursos estatales una planta desaladora, cuya construcción ya registra un 70% de avance.
Su objetivo será abastecer de agua potable a las ciudades de Caldera, Copiapó, Chañaral y Tierra Amarilla. Una vez activa, producirá 1.200 litros por segundo y mitigará la falta de recursos hídricos de Atacama. La primera parte del proyecto, a cargo de Claro, Vicuña, Valenzuela implicará una inversión cercana a los US$ 72 millones. Y se estima que de aquí al 2030 alrededor de 10 plantas, entre nuevas y ampliación de otras ya existentes –como es el caso de la desalinadora Candelaria-, entrarán en operaciones.
El gerente general de la empresa, Patricio Herrera, explica que debido a la reducción de los costos ligados a la purificación del agua, podrían aumentar los interesados en este negocio. “Si antes un metro cúbico de agua desalada podía costar US$ 2, hoy esa cifra se ha reducido a la mitad”, detalla, lo que a su juicio podría incentivar a más empresas. Y añade que debido a que “hay varios otros proyectos en desarrollo, el sector sanitario también va a tener alguna importancia en términos de las desaladoras que se construyan”.
Ello, porque esta es una solución que ya se contemplaba en el Plan Nacional para la Sequía que dio a conocer la expresidenta Michelle Bachelet en marzo de 2015. Entre una serie de medidas de mediano plazo se contemplaba combatir la seguía a través de la construcción de este tipo de plantas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule y Bío Bío. Mientras que en enero del mismo año se había ingresado al Congreso el proyecto que “faculta al Estado para la creación de plantas desalinizadoras”, mismo que se encuentra en su segundo trámite en el Senado y que pese a la urgencia de la situación está detenida su tramitación desde septiembre del año pasado.
El ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno comparte con quienes evalúan que “los precios de esta tecnología van bajando cada día, versus el hecho de que el agua es cada vez más escasa; por lo que la instalación de plantas desaladoras es una alternativa muy importante en algunas zonas del país. En Antofagasta, la mayor parte del agua potable ya es desalada; también habrá una planta en Atacama y hay otro proyecto para Arica, por ejemplo”.
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Fuente: Diario Financiero, Viernes 30 de Agosto de 2019
