Sábado, Diciembre 21, 2024

Obras adicionales en embalse Punilla retrasarían en hasta cinco años su entrada en operación

PULSO – En caso de que las partes opten por construir una obra adicional para adaptar el embalse a los términos del contrato, esto obligaría a obtener un nuevo permiso ambiental. La empresa dijo este martes que ingresar nuevamente al SEA el proyecto lo atrasaría significativamente. Por esta razón, se inclinaría por modificar el contrato.
Un largo camino aún le quedaría por recorrer al proyecto embalse La Punilla. Esto, porque pese a que el Panel de Concesiones rechazó el lunes la solicitud de compensaciones por hasta US$170 millones que hizo la italiana Astaldi -titular del proyecto- al Ministerio de Obras Públicas (MOP), por errores en el diseño que disminuirían en 10% su capacidad de almacenamiento; la instancia técnica reconoció que se requieren de obras adicionales para alcanzar la capacidad definida en el contrato. En otras palabras, para viabilizar el proyecto, cuyas obras aún no comienzan -pese a que la empresa se adjudicó la concesión en 2016-, y evitar un arbitraje; las partes deberán sentarse a negociar.
En su recomendación, el panel propuso dos alternativas: la primera, adecuar las obras para alcanzar la capacidad establecida en el contrato. Esto, porque para alcanzar la capacidad de 625 Hm3 señalada en la bases de licitación es necesario una obra adicional, a costo del MOP.
La otra alternativa es que las partes acuerden modificar en el contrato el volumen del embalse, con una menor capacidad, y redefinir las reglas de operación.
En caso que las partes opten por la primera alternativa, esto es, construir una obra adicional para adaptar el embalse a los términos del contrato, esto obligaría, explican cercanos a la concesionaria, a obtener un nuevo permiso ambiental (RCA). El problema es que obtener una nueva RCA podría demandar hasta cinco años, pues implica tramitar un nuevo estudio de impacto ambiental, con todas sus etapas. A modo de referencia, la RCA del embalse tardó cinco años. La oposición ciudadana al proyecto también podría propiciar una demora de los permisos.
Fuentes señalan que la compañía está interesada en seguir con la construcción del embalse, en la medida que haya un acuerdo con el MOP y se revisen ciertos equilibrios del contrato, con el objeto que se lleve a cabo la obra en los plazos que se tenían contemplado originalmente. Así, la opción que toma mayor fuerza en la empresa sería realizar modificaciones al contrato.
Este martes, a través de un comunicado la empresa señaló que “como Astaldi estamos plenamente disponibles a tomar la recomendación del panel en su totalidad y buscar en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas una solución que, en el estricto marco de la RCA actual, haga viable el proyecto Punilla, desde un punto de vista económico-financiero, social y ambiental y que al mismo tiempo garantice la satisfacción de los requisitos mínimos relacionados con las necesidades de los regantes”.
En tanto, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, comentó que van a estudiar la recomendación del panel pero que “nuestra tarea no es otra que cuidar los intereses del Estado, aplicar la legalidad del contrato y por supuesto defender lo que más nos interesa que es la región, el embalse y las posibilidades de progreso que trae ese embalse para la región”.
Fuente: Pulso, Martes 20 de Agosto de 2019

PULSO – En caso de que las partes opten por construir una obra adicional para adaptar el embalse a los términos del contrato, esto obligaría a obtener un nuevo permiso ambiental. La empresa dijo este martes que ingresar nuevamente al SEA el proyecto lo atrasaría significativamente. Por esta razón, se inclinaría por modificar el contrato.
Un largo camino aún le quedaría por recorrer al proyecto embalse La Punilla. Esto, porque pese a que el Panel de Concesiones rechazó el lunes la solicitud de compensaciones por hasta US$170 millones que hizo la italiana Astaldi -titular del proyecto- al Ministerio de Obras Públicas (MOP), por errores en el diseño que disminuirían en 10% su capacidad de almacenamiento; la instancia técnica reconoció que se requieren de obras adicionales para alcanzar la capacidad definida en el contrato. En otras palabras, para viabilizar el proyecto, cuyas obras aún no comienzan -pese a que la empresa se adjudicó la concesión en 2016-, y evitar un arbitraje; las partes deberán sentarse a negociar.
En su recomendación, el panel propuso dos alternativas: la primera, adecuar las obras para alcanzar la capacidad establecida en el contrato. Esto, porque para alcanzar la capacidad de 625 Hm3 señalada en la bases de licitación es necesario una obra adicional, a costo del MOP.
La otra alternativa es que las partes acuerden modificar en el contrato el volumen del embalse, con una menor capacidad, y redefinir las reglas de operación.
En caso que las partes opten por la primera alternativa, esto es, construir una obra adicional para adaptar el embalse a los términos del contrato, esto obligaría, explican cercanos a la concesionaria, a obtener un nuevo permiso ambiental (RCA). El problema es que obtener una nueva RCA podría demandar hasta cinco años, pues implica tramitar un nuevo estudio de impacto ambiental, con todas sus etapas. A modo de referencia, la RCA del embalse tardó cinco años. La oposición ciudadana al proyecto también podría propiciar una demora de los permisos.
Fuentes señalan que la compañía está interesada en seguir con la construcción del embalse, en la medida que haya un acuerdo con el MOP y se revisen ciertos equilibrios del contrato, con el objeto que se lleve a cabo la obra en los plazos que se tenían contemplado originalmente. Así, la opción que toma mayor fuerza en la empresa sería realizar modificaciones al contrato.
Este martes, a través de un comunicado la empresa señaló que “como Astaldi estamos plenamente disponibles a tomar la recomendación del panel en su totalidad y buscar en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas una solución que, en el estricto marco de la RCA actual, haga viable el proyecto Punilla, desde un punto de vista económico-financiero, social y ambiental y que al mismo tiempo garantice la satisfacción de los requisitos mínimos relacionados con las necesidades de los regantes”.
En tanto, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, comentó que van a estudiar la recomendación del panel pero que “nuestra tarea no es otra que cuidar los intereses del Estado, aplicar la legalidad del contrato y por supuesto defender lo que más nos interesa que es la región, el embalse y las posibilidades de progreso que trae ese embalse para la región”.
Fuente: Pulso, Martes 20 de Agosto de 2019

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