EL MERCURIO – El Ministerio de Transportes debió retirar las bases de licitación del proveedor de flota del sistema de transporte público de superficie de Santiago, luego de varios meses de tramitación en la Contraloría. Según el ministerio, el objetivo es subsanar algunos problemas formales de fácil solución, por lo que en los próximos días reingresaría el documento, uno de los pilares para la reforma del transporte metropolitano. Por ahora, este sigue operando bajo el sistema original (con cambios que no lo han alterado en lo fundamental), un par de años después de que debería haber sido reemplazado, al terminar los respectivos contratos.
El futuro esquema del transporte público para Santiago, la Red Movilidad, intenta resolver varios de los problemas que aquejaron al sistema original. En este, unas pocas empresas cubrían áreas muy grandes, tras haber invertido recursos cuantiosos en equipar su flota y comprar terminales. Por lo mismo, los contratos las protegían de una eventual expropiación regulatoria y no era fácil reemplazarlas si sus resultados no eran satisfactorios. Algunos operadores podían así ofrecer un servicio de mala calidad pese a los esfuerzos de las autoridades por imponer mejoramientos. El nuevo esquema aumenta el número de empresas e introduce una separación entre la operación de los buses y la provisión de estos. Así, habrá por una parte concesionarios que proveerán la flota de vehículos y serán responsables de su mantenimiento; estos deberán invertir recursos importantes, pero, aparte de su responsabilidad en el mantenimiento (que probablemente subcontratarán), no tendrán labores operativas.
Por su parte, las empresas operadoras, cuyo número será mayor, solo se dedicarán a operar los buses. Como no tendrán que recuperar inversiones en capital, sus contratos serán de menor duración y podrán ser reemplazadas si su servicio es deficiente. Serán, además, contratos más flexibles, y sus áreas de servicio se modificarán cuando entren en funcionamiento las nuevas líneas de metro o cuando cambie la localización de la demanda. El Gobierno proveerá los terminales, arrendando los existentes a los operadores actuales; de otra manera, ninguna empresa podría competir con ellos. El último elemento del nuevo sistema serán los servicios complementarios: el manejo de los medios de pago, sistemas informáticos, de georreferenciación y otros.
En el futuro esquema no solo habrá mayor flexibilidad, sino que los referidos servicios complementarios permitirán que el fiscalizador tenga un mayor conocimiento de cómo funcionan los distintos operadores y de los problemas que presente el sistema. Estas herramientas permitirán fiscalizar mejor la calidad de servicio y penalizar en forma más efectiva a los operadores deficientes. A diferencia de la situación actual, será fácil reemplazar a una empresa que no pueda pagar las multas o que no mejore la calidad de su desempeño. A su vez, al ser más creíbles las sanciones, los operadores sabrán que deberán cumplir los estándares exigidos.
El diseño del nuevo esquema recoge las lecciones aprendidas en los casi doce años del Transantiago. Algunos puntos pueden suscitar dudas, como el eventual efecto de la separación entre la operación y la propiedad de los buses en el mantenimiento de estos. Sin embargo, la experiencia en países donde también se ha aplicado esta separación no ha evidenciado problemas que redunden en la calidad del servicio.
Todos estos cambios prometen mejorar las condiciones del transporte público de superficie para sus sufridos usuarios. El retraso en la aprobación de las bases de licitación del proveedor de flota, así como el que puedan sufrir las demás bases, aún pendientes de presentación, demora la entrada en régimen del nuevo sistema. Si efectivamente se trata solo de problemas formales, una vez subsanados, Contraloría debería proceder en forma rápida a aprobarlas, para que así se concrete la entrada en operación de un mejor sistema de transporte, con una flota renovada.
Fuente: El Mercurio, Martes 16 de Julio de 2019
Problemas en nuevo sistema de transporte
EL MERCURIO – El Ministerio de Transportes debió retirar las bases de licitación del proveedor de flota del sistema de transporte público de superficie de Santiago, luego de varios meses de tramitación en la Contraloría. Según el ministerio, el objetivo es subsanar algunos problemas formales de fácil solución, por lo que en los próximos días reingresaría el documento, uno de los pilares para la reforma del transporte metropolitano. Por ahora, este sigue operando bajo el sistema original (con cambios que no lo han alterado en lo fundamental), un par de años después de que debería haber sido reemplazado, al terminar los respectivos contratos.
El futuro esquema del transporte público para Santiago, la Red Movilidad, intenta resolver varios de los problemas que aquejaron al sistema original. En este, unas pocas empresas cubrían áreas muy grandes, tras haber invertido recursos cuantiosos en equipar su flota y comprar terminales. Por lo mismo, los contratos las protegían de una eventual expropiación regulatoria y no era fácil reemplazarlas si sus resultados no eran satisfactorios. Algunos operadores podían así ofrecer un servicio de mala calidad pese a los esfuerzos de las autoridades por imponer mejoramientos. El nuevo esquema aumenta el número de empresas e introduce una separación entre la operación de los buses y la provisión de estos. Así, habrá por una parte concesionarios que proveerán la flota de vehículos y serán responsables de su mantenimiento; estos deberán invertir recursos importantes, pero, aparte de su responsabilidad en el mantenimiento (que probablemente subcontratarán), no tendrán labores operativas.
Por su parte, las empresas operadoras, cuyo número será mayor, solo se dedicarán a operar los buses. Como no tendrán que recuperar inversiones en capital, sus contratos serán de menor duración y podrán ser reemplazadas si su servicio es deficiente. Serán, además, contratos más flexibles, y sus áreas de servicio se modificarán cuando entren en funcionamiento las nuevas líneas de metro o cuando cambie la localización de la demanda. El Gobierno proveerá los terminales, arrendando los existentes a los operadores actuales; de otra manera, ninguna empresa podría competir con ellos. El último elemento del nuevo sistema serán los servicios complementarios: el manejo de los medios de pago, sistemas informáticos, de georreferenciación y otros.
En el futuro esquema no solo habrá mayor flexibilidad, sino que los referidos servicios complementarios permitirán que el fiscalizador tenga un mayor conocimiento de cómo funcionan los distintos operadores y de los problemas que presente el sistema. Estas herramientas permitirán fiscalizar mejor la calidad de servicio y penalizar en forma más efectiva a los operadores deficientes. A diferencia de la situación actual, será fácil reemplazar a una empresa que no pueda pagar las multas o que no mejore la calidad de su desempeño. A su vez, al ser más creíbles las sanciones, los operadores sabrán que deberán cumplir los estándares exigidos.
El diseño del nuevo esquema recoge las lecciones aprendidas en los casi doce años del Transantiago. Algunos puntos pueden suscitar dudas, como el eventual efecto de la separación entre la operación y la propiedad de los buses en el mantenimiento de estos. Sin embargo, la experiencia en países donde también se ha aplicado esta separación no ha evidenciado problemas que redunden en la calidad del servicio.
Todos estos cambios prometen mejorar las condiciones del transporte público de superficie para sus sufridos usuarios. El retraso en la aprobación de las bases de licitación del proveedor de flota, así como el que puedan sufrir las demás bases, aún pendientes de presentación, demora la entrada en régimen del nuevo sistema. Si efectivamente se trata solo de problemas formales, una vez subsanados, Contraloría debería proceder en forma rápida a aprobarlas, para que así se concrete la entrada en operación de un mejor sistema de transporte, con una flota renovada.
Fuente: El Mercurio, Martes 16 de Julio de 2019
