EL MERCURIO – El Gobierno ha estimado que las obras públicas podrían ser un importante foco reactivador de la economía. Por ello, los montos que el ministerio del ramo destinará a proyectos como mejoramientos de caminos secundarios y rurales son algo mayores a los de años anteriores, pues se adelantarán inversiones por unos US$ 425 millones. En concesiones también se hará algo similar: aceleración de obras que ya estaban planificadas, así como mejoramientos y ampliaciones de concesiones existentes cuyos convenios complementarios ya estaban aprobados, por US$ 657 millones.
En rigor, la aceleración de las inversiones propias del Ministerio de Obras Públicas y las ampliaciones son las únicas que pueden tener un efecto reactivador en el corto plazo, pues las nuevas concesiones tienen un largo período de estudios una vez adjudicadas, previo al comienzo de la construcción y la contratación masiva de trabajadores. Con todo, los montos adicionales que se invertirán en el corto plazo producto de la aceleración no parecen suficientes para generar un efecto macroeconómico mayor. En ello se diferencian de las concesiones nuevas (o renovadas); por ejemplo, uno solo de los proyectos, la renovación de la concesión —con modernización y ampliación— del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 tiene un costo de casi US$ 800 millones. La modernización de las concesiones que terminan es, además, vital para resolver los problemas que aquejan a nuestra infraestructura, cuya calidad ha retrocedido en los indicadores mundiales a medida que las principales vías se congestionan y sus diseños no responden a las necesidades actuales.
El programa total de concesiones de este gobierno —por más de US$ 13 mil millones— tendrá un impacto relevante en el gasto agregado, pero sus principales efectos comenzarán a percibirse a fines de esta administración. Tales efectos reactivadores de los proyectos de infraestructura, sin embargo, deberían ser consideraciones secundarias respecto de su objetivo último, cual es el mejoramiento de la productividad y el bienestar de la sociedad. En todo caso, respecto de los proyectos que se aceleran, se trata de iniciativas socialmente rentables —deben pasar el filtro de Mideplan—, por lo que su impulso no debería generar “elefantes blancos” en infraestructura.
Una de las formas en que el MOP piensa adelantar los proyectos es mediante una nueva estrategia para los estudios de concesiones. Hasta ahora, los estudios de demanda, suelos, diseño final y otros se realizaban como contratos independientes con firmas especializadas, lo que podía retrasarlos. En la nueva estrategia se contrata a una única empresa, la que a su vez se encarga de subcontratar los distintos estudios. Esto debería ser más rápido cuando todo funciona bien, pero deja al proyecto dependiendo de una sola relación contractual, lo que puede ser delicado si esa relación se deteriora por alguna causa.
Parte del programa considera la promoción de los proyectos a nivel internacional para asegurarse de que haya varios interesados en las futuras licitaciones. El año pasado el ministro de Obras Públicas fue activo en promover su cartera de concesiones en Asia y ahora hará lo mismo en Europa. Ello es positivo. En los últimos años han tendido a repetirse los nombres de las empresas adjudicatarias, y el objetivo es aumentar la competencia y así obtener mejores resultados para los usuarios.
En resumen, las obras de infraestructura concesionadas no resuelven el problema de la limitada actividad económica en el corto plazo, pero tienen efectos en la competitividad y en el bienestar de las personas. Acelerar la entrada de proyectos con una evaluación social positiva es una medida favorable para la economía nacional.
Fuente: El Mercurio, Jueves 13 de Junio de 2019
Activación de obras públicas
EL MERCURIO – El Gobierno ha estimado que las obras públicas podrían ser un importante foco reactivador de la economía. Por ello, los montos que el ministerio del ramo destinará a proyectos como mejoramientos de caminos secundarios y rurales son algo mayores a los de años anteriores, pues se adelantarán inversiones por unos US$ 425 millones. En concesiones también se hará algo similar: aceleración de obras que ya estaban planificadas, así como mejoramientos y ampliaciones de concesiones existentes cuyos convenios complementarios ya estaban aprobados, por US$ 657 millones.
En rigor, la aceleración de las inversiones propias del Ministerio de Obras Públicas y las ampliaciones son las únicas que pueden tener un efecto reactivador en el corto plazo, pues las nuevas concesiones tienen un largo período de estudios una vez adjudicadas, previo al comienzo de la construcción y la contratación masiva de trabajadores. Con todo, los montos adicionales que se invertirán en el corto plazo producto de la aceleración no parecen suficientes para generar un efecto macroeconómico mayor. En ello se diferencian de las concesiones nuevas (o renovadas); por ejemplo, uno solo de los proyectos, la renovación de la concesión —con modernización y ampliación— del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 tiene un costo de casi US$ 800 millones. La modernización de las concesiones que terminan es, además, vital para resolver los problemas que aquejan a nuestra infraestructura, cuya calidad ha retrocedido en los indicadores mundiales a medida que las principales vías se congestionan y sus diseños no responden a las necesidades actuales.
El programa total de concesiones de este gobierno —por más de US$ 13 mil millones— tendrá un impacto relevante en el gasto agregado, pero sus principales efectos comenzarán a percibirse a fines de esta administración. Tales efectos reactivadores de los proyectos de infraestructura, sin embargo, deberían ser consideraciones secundarias respecto de su objetivo último, cual es el mejoramiento de la productividad y el bienestar de la sociedad. En todo caso, respecto de los proyectos que se aceleran, se trata de iniciativas socialmente rentables —deben pasar el filtro de Mideplan—, por lo que su impulso no debería generar “elefantes blancos” en infraestructura.
Una de las formas en que el MOP piensa adelantar los proyectos es mediante una nueva estrategia para los estudios de concesiones. Hasta ahora, los estudios de demanda, suelos, diseño final y otros se realizaban como contratos independientes con firmas especializadas, lo que podía retrasarlos. En la nueva estrategia se contrata a una única empresa, la que a su vez se encarga de subcontratar los distintos estudios. Esto debería ser más rápido cuando todo funciona bien, pero deja al proyecto dependiendo de una sola relación contractual, lo que puede ser delicado si esa relación se deteriora por alguna causa.
Parte del programa considera la promoción de los proyectos a nivel internacional para asegurarse de que haya varios interesados en las futuras licitaciones. El año pasado el ministro de Obras Públicas fue activo en promover su cartera de concesiones en Asia y ahora hará lo mismo en Europa. Ello es positivo. En los últimos años han tendido a repetirse los nombres de las empresas adjudicatarias, y el objetivo es aumentar la competencia y así obtener mejores resultados para los usuarios.
En resumen, las obras de infraestructura concesionadas no resuelven el problema de la limitada actividad económica en el corto plazo, pero tienen efectos en la competitividad y en el bienestar de las personas. Acelerar la entrada de proyectos con una evaluación social positiva es una medida favorable para la economía nacional.
Fuente: El Mercurio, Jueves 13 de Junio de 2019
