PULSO – El plan de inversión del gobierno en Infraestructura Pública contempla proyectos por más de USD 15.000 millones y se compone de obras viales, riego, transporte y hospitalarias, lo que se suma a con los cerca de USD 19.000 de inversión ya efectuada. El financiamiento de esta cartera de proyectos representa un importante desafío para el mercado financiero chileno.
Los bancos chilenos han sido los principales financistas del sector, acumulando activos por USD 14.000 millones, cerca del 10% de sus colocaciones comerciales. La implementación de la nueva normativa bancaria de Basilea III en Chile impondrá nuevas restricciones al financiamiento para proyectos, previéndose que la participación de los bancos esté más limitada tanto en monto como en plazo, además de encarecer sus costos.
Este fenómeno ya se observa en las economías desarrolladas donde, como consecuencia de Basilea III y otros cambios normativos, los Inversionistas Institucionales comenzaron a sustituir a los bancos en el financiamiento de proyectos de infraestructura, atraídos por su rentabilidad, bajo riesgo y plazos consistentes con sus obligaciones.
En Chile, la deuda de infraestructura muestra un excelente comportamiento de riesgo, con retornos mayores al de muchos instrumentos de deuda pública, incluso de mayor riesgo. Además, está expresada en moneda local y tiene plazos compatibles con las obligaciones previsionales de las AFP y Compañías de Seguros de Vida, que en conjunto administran inversiones por cerca de USD 300.000 millones y que se comparan con las colocaciones bancarias en el segmento empresas que alcanzan los USD 140.000 millones. Entonces, el desafío será cómo canalizar financiamiento desde los institucionales hacia el sector de infraestructura.
A partir de 2017, la ley DL 3.500 permite que las AFP inviertan en Activos Alternativos, destacando la inversión en el capital de proyectos de infraestructura y la inversión en deuda privada de cualquier sector. Sin embargo, la forma de incorporación en el régimen de inversiones pone a la deuda de infraestructura en posición desventajosa respecto a otros activos que compiten por el escaso límite, a pesar de la favorable comparación riesgo/retorno respecto a otros activos de renta fija.
Dado lo expuesto, es indispensable revisar a la brevedad la normativa vigente, a fin de dinamizar la inversión de los institucionales en esta clase de activos de forma que el financiamiento no sea un cuello de botella para la inversión, supliendo la disminución esperada en el financiamiento bancario. Esto permitiría además que las AFP suplan la disminución esperada en el financiamiento bancario y generen importantes beneficios a sus afiliados, invirtiendo en un sector históricamente de bajo riesgo y con buenos retornos.
Fuente: Pulso, Viernes 31 de Mayo de 2019
El impacto del marco normativo en el financiamiento de la inversión en Infraestructura. Por René Castillo
PULSO – El plan de inversión del gobierno en Infraestructura Pública contempla proyectos por más de USD 15.000 millones y se compone de obras viales, riego, transporte y hospitalarias, lo que se suma a con los cerca de USD 19.000 de inversión ya efectuada. El financiamiento de esta cartera de proyectos representa un importante desafío para el mercado financiero chileno.
Los bancos chilenos han sido los principales financistas del sector, acumulando activos por USD 14.000 millones, cerca del 10% de sus colocaciones comerciales. La implementación de la nueva normativa bancaria de Basilea III en Chile impondrá nuevas restricciones al financiamiento para proyectos, previéndose que la participación de los bancos esté más limitada tanto en monto como en plazo, además de encarecer sus costos.
Este fenómeno ya se observa en las economías desarrolladas donde, como consecuencia de Basilea III y otros cambios normativos, los Inversionistas Institucionales comenzaron a sustituir a los bancos en el financiamiento de proyectos de infraestructura, atraídos por su rentabilidad, bajo riesgo y plazos consistentes con sus obligaciones.
En Chile, la deuda de infraestructura muestra un excelente comportamiento de riesgo, con retornos mayores al de muchos instrumentos de deuda pública, incluso de mayor riesgo. Además, está expresada en moneda local y tiene plazos compatibles con las obligaciones previsionales de las AFP y Compañías de Seguros de Vida, que en conjunto administran inversiones por cerca de USD 300.000 millones y que se comparan con las colocaciones bancarias en el segmento empresas que alcanzan los USD 140.000 millones. Entonces, el desafío será cómo canalizar financiamiento desde los institucionales hacia el sector de infraestructura.
A partir de 2017, la ley DL 3.500 permite que las AFP inviertan en Activos Alternativos, destacando la inversión en el capital de proyectos de infraestructura y la inversión en deuda privada de cualquier sector. Sin embargo, la forma de incorporación en el régimen de inversiones pone a la deuda de infraestructura en posición desventajosa respecto a otros activos que compiten por el escaso límite, a pesar de la favorable comparación riesgo/retorno respecto a otros activos de renta fija.
Dado lo expuesto, es indispensable revisar a la brevedad la normativa vigente, a fin de dinamizar la inversión de los institucionales en esta clase de activos de forma que el financiamiento no sea un cuello de botella para la inversión, supliendo la disminución esperada en el financiamiento bancario. Esto permitiría además que las AFP suplan la disminución esperada en el financiamiento bancario y generen importantes beneficios a sus afiliados, invirtiendo en un sector históricamente de bajo riesgo y con buenos retornos.
Fuente: Pulso, Viernes 31 de Mayo de 2019
