Por: Víctor Ríos Salas Abogado,
Director Sociedad Chilena del Derecho de la Construcción
DIARIO FINANCIERO – En las últimas semanas hemos sido testigos de la inédita decisión de importantes constructoras nacionales de no seguir participando en licitaciones de obras públicas en tanto no exista una reingeniería profunda en el sistema de contratación del Estado. Explican su decisión en la postergación injustificada de los pagos, demoras en las liquidaciones económicas de los contratos, y en los atrasos para la restitución de sus garantías, lo cual incluso estaría provocando que algunas empresas entren en liquidación.
Dichas declaraciones, que se suman a de la Cámara Chilena de la Construcción, dan cuenta de un problema estructural, que se arrastra por años, y que va mucho más allá de una mera gestión de pagos. En efecto, hoy existen varias causas que inciden decisivamente en que estemos topando fondo en esta materia: un marco normativo anticuado; diferencias sustantivas en los criterios técnicos que en un proyecto aplican la Contraloría General de la República y el Ministerio de Obras Públicas (a pesar de que por ley ello le corresponde únicamente al MOP); y una suerte de paralización – bastante entendible por lo demás – de los inspectores fiscales de las obras, por temor a los juicios personales que la Contraloría instruye iniciar en su contra.
En resumen, a diferencia de lo que se cree, no estamos en presencia de un problema meramente económico, sino de uno mucho más profundo, de carácter institucional, que impone la urgente necesidad de modernizar esta industria y sus actores, especialmente en los roles que le caben a cada uno. Las políticas públicas en este importante sector de la economía no podrán prosperar sin antes hacer una profunda revisión de todos estos aspectos, que permita a la autoridad política recuperar el rol articulador y técnico que le corresponde de manera exclusiva, y en el que la Contraloría, sin dejar de fiscalizar, limite su actuación a la revisión de la legalidad de los actos de la administración.
Ese balance, que debe ser el reflejo de una natural y sana colaboración de todas las partes de un proyecto, propio de una industria madura, necesita ser una cuestión central y del máximo interés del Estado, para lo cual también se requiere la colaboración de los contratistas, pero existiendo reglas claras y ciertas, de manera que los conflictos se resuelvan a tiempo, evitemos que los plazos se extiendan innecesariamente y las obras se posterguen, encarezcan o judicialicen.
En este contexto, resulta muy valiosa la iniciativa que recientemente se ha implementado entre el MOP, el Instituto de la Construcción y la Cámara Chilena de la Construcción, mediante un plan piloto que contempla un Mecanismo de Resolución Temprana de Controversias, lo cual ha sido también validado por la Contraloría General de la República. Sin duda que esta iniciativa está en la senda correcta y esperamos sea el primero de muchos pasos que se den en esta materia.
Sin este esfuerzo mancomunado, con mirada de Estado y con políticas públicas de largo plazo, no será posible sacar adelante los proyectos que se requieren para volver a tener mayores tasas de inversión en el sector, recuperar la productividad perdida y ponernos al día para revertir el creciente déficit de infraestructura de nuestro país.
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Fuente: Diario Financiero, Viernes 10 de Mayo de 2019
¿Crisis en Obras Públicas? Oportunidad para avanzar. Por Víctor Ríos
Por: Víctor Ríos Salas Abogado,
Director Sociedad Chilena del Derecho de la Construcción
DIARIO FINANCIERO – En las últimas semanas hemos sido testigos de la inédita decisión de importantes constructoras nacionales de no seguir participando en licitaciones de obras públicas en tanto no exista una reingeniería profunda en el sistema de contratación del Estado. Explican su decisión en la postergación injustificada de los pagos, demoras en las liquidaciones económicas de los contratos, y en los atrasos para la restitución de sus garantías, lo cual incluso estaría provocando que algunas empresas entren en liquidación.
Dichas declaraciones, que se suman a de la Cámara Chilena de la Construcción, dan cuenta de un problema estructural, que se arrastra por años, y que va mucho más allá de una mera gestión de pagos. En efecto, hoy existen varias causas que inciden decisivamente en que estemos topando fondo en esta materia: un marco normativo anticuado; diferencias sustantivas en los criterios técnicos que en un proyecto aplican la Contraloría General de la República y el Ministerio de Obras Públicas (a pesar de que por ley ello le corresponde únicamente al MOP); y una suerte de paralización – bastante entendible por lo demás – de los inspectores fiscales de las obras, por temor a los juicios personales que la Contraloría instruye iniciar en su contra.
En resumen, a diferencia de lo que se cree, no estamos en presencia de un problema meramente económico, sino de uno mucho más profundo, de carácter institucional, que impone la urgente necesidad de modernizar esta industria y sus actores, especialmente en los roles que le caben a cada uno. Las políticas públicas en este importante sector de la economía no podrán prosperar sin antes hacer una profunda revisión de todos estos aspectos, que permita a la autoridad política recuperar el rol articulador y técnico que le corresponde de manera exclusiva, y en el que la Contraloría, sin dejar de fiscalizar, limite su actuación a la revisión de la legalidad de los actos de la administración.
Ese balance, que debe ser el reflejo de una natural y sana colaboración de todas las partes de un proyecto, propio de una industria madura, necesita ser una cuestión central y del máximo interés del Estado, para lo cual también se requiere la colaboración de los contratistas, pero existiendo reglas claras y ciertas, de manera que los conflictos se resuelvan a tiempo, evitemos que los plazos se extiendan innecesariamente y las obras se posterguen, encarezcan o judicialicen.
En este contexto, resulta muy valiosa la iniciativa que recientemente se ha implementado entre el MOP, el Instituto de la Construcción y la Cámara Chilena de la Construcción, mediante un plan piloto que contempla un Mecanismo de Resolución Temprana de Controversias, lo cual ha sido también validado por la Contraloría General de la República. Sin duda que esta iniciativa está en la senda correcta y esperamos sea el primero de muchos pasos que se den en esta materia.
Sin este esfuerzo mancomunado, con mirada de Estado y con políticas públicas de largo plazo, no será posible sacar adelante los proyectos que se requieren para volver a tener mayores tasas de inversión en el sector, recuperar la productividad perdida y ponernos al día para revertir el creciente déficit de infraestructura de nuestro país.
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Fuente: Diario Financiero, Viernes 10 de Mayo de 2019
