EL MERCURIO – El Presidente de la República anunció, junto al ministro de Economía, que se enviaría un paquete de leyes pro inversión y productividad. Dentro de ellas, propuso actualizar algunas normas de la ley de la Contraloría -único cuerpo orgánico constitucional no redactado bajo la Constitución de 1980- que presentan vacíos y admiten interpretaciones distintas que están dañando la certeza jurídica.
La iniciativa de restablecer la certeza jurídica en torno a la fiscalización de la Contraloría es de máxima urgencia. Pocos días antes, una aguda polémica pública entre el contralor y la Cámara Chilena de la Construcción reveló las fuertes discrepancias sobre el origen del problema, el que hoy es innegable y de enorme entidad económica (la propia Cámara cifró en US$ 5.700 millones el monto de las inversiones afectadas). Mientras el ente gremial denuncia una intervención tardía, exorbitante y anómala de la Contraloría sobre permisos de construcción ya emitidos por funcionarios competentes meses y años antes, el órgano de control culpa al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu) e invoca sus facultades legales. La discusión tiene lugar luego de la inédita situación que atraviesan más de 40 permisos de construcción en la comuna de Estación Central, los que el contralor juzgó ilegales y ordenó al municipio su invalidación, pese a que decenas de edificios ya fueron construidos o se encuentran en avanzada etapa de edificación.
El fondo del problema en Estación Central revela lo anticuado de las normas que habilitan a Contraloría a intervenir en materia urbanística, que llevan a un absurdo que efectivamente daña gravemente la certeza jurídica. Esta se sustenta en competencias precisas y plazos, elementos básicos para la confianza que requieren las inversiones. Aquí, ello no sucede. El dictamen del contralor es de noviembre de 2018, pero dispone la ilegalidad de permisos emitidos mucho antes, en 2018, en 2017 e incluso antes de mayo de 2016, cuando una norma del Minvu cambió una interpretación técnica sobre el asunto disputado. Cuando se le ha representado al contralor que, en nombre de los derechos adquiridos, al menos se debiese respetar todos los permisos y anteproyectos aprobados antes de mayo de 2016, ha replicado que en esa fecha no hubo cambio de normas, sino solo una precisión.
Como sea, la ley de Contraloría -cuyo texto data esencialmente inalterado desde 1942 y 1952- debe modificarse para zanjar con mayor precisión cuáles serán las competencias de los directores de obras municipales, del Minvu y de los tribunales de justicia a la hora de discutirse la legalidad de un permiso. Tal como está hoy su marco regulatorio, el contralor se ha transformado con el tiempo en una suerte de suprapoder regulatorio urbanístico, que ejerce sus funciones sin plazos ni procedimientos, tomando decisiones altamente técnicas, con consecuencias que entran en directo conflicto con la certeza jurídica.
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Fuente: El Mercurio, Martes 19 de Marzo de 2019
Contraloría e incerteza jurídica
EL MERCURIO – El Presidente de la República anunció, junto al ministro de Economía, que se enviaría un paquete de leyes pro inversión y productividad. Dentro de ellas, propuso actualizar algunas normas de la ley de la Contraloría -único cuerpo orgánico constitucional no redactado bajo la Constitución de 1980- que presentan vacíos y admiten interpretaciones distintas que están dañando la certeza jurídica.
La iniciativa de restablecer la certeza jurídica en torno a la fiscalización de la Contraloría es de máxima urgencia. Pocos días antes, una aguda polémica pública entre el contralor y la Cámara Chilena de la Construcción reveló las fuertes discrepancias sobre el origen del problema, el que hoy es innegable y de enorme entidad económica (la propia Cámara cifró en US$ 5.700 millones el monto de las inversiones afectadas). Mientras el ente gremial denuncia una intervención tardía, exorbitante y anómala de la Contraloría sobre permisos de construcción ya emitidos por funcionarios competentes meses y años antes, el órgano de control culpa al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu) e invoca sus facultades legales. La discusión tiene lugar luego de la inédita situación que atraviesan más de 40 permisos de construcción en la comuna de Estación Central, los que el contralor juzgó ilegales y ordenó al municipio su invalidación, pese a que decenas de edificios ya fueron construidos o se encuentran en avanzada etapa de edificación.
El fondo del problema en Estación Central revela lo anticuado de las normas que habilitan a Contraloría a intervenir en materia urbanística, que llevan a un absurdo que efectivamente daña gravemente la certeza jurídica. Esta se sustenta en competencias precisas y plazos, elementos básicos para la confianza que requieren las inversiones. Aquí, ello no sucede. El dictamen del contralor es de noviembre de 2018, pero dispone la ilegalidad de permisos emitidos mucho antes, en 2018, en 2017 e incluso antes de mayo de 2016, cuando una norma del Minvu cambió una interpretación técnica sobre el asunto disputado. Cuando se le ha representado al contralor que, en nombre de los derechos adquiridos, al menos se debiese respetar todos los permisos y anteproyectos aprobados antes de mayo de 2016, ha replicado que en esa fecha no hubo cambio de normas, sino solo una precisión.
Como sea, la ley de Contraloría -cuyo texto data esencialmente inalterado desde 1942 y 1952- debe modificarse para zanjar con mayor precisión cuáles serán las competencias de los directores de obras municipales, del Minvu y de los tribunales de justicia a la hora de discutirse la legalidad de un permiso. Tal como está hoy su marco regulatorio, el contralor se ha transformado con el tiempo en una suerte de suprapoder regulatorio urbanístico, que ejerce sus funciones sin plazos ni procedimientos, tomando decisiones altamente técnicas, con consecuencias que entran en directo conflicto con la certeza jurídica.
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Fuente: El Mercurio, Martes 19 de Marzo de 2019
