LA SEGUNDA – El reciente proyecto de ley de Integración Social y Urbana propuesto por el Gobierno, que contempla renombrar la cartera como Ministerio de Ciudad y Vivienda, es un necesario avance en el proceso de implementar la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), y de ir articulando una respuesta coherente y sistémica a una pregunta que debiese ser el punto de partida de todas nuestras acciones sobre el territorio urbano: ¿Qué ciudades queremos construir?
La política pública predominante por décadas, orientada a proveer soluciones habitacionales masivas, funcionó en los números. Sin embargo, generó los mayores problemas sociales y urbanos que enfrentamos en la actualidad: desigualdad y segregación. La concentración de viviendas sociales en sectores con bajo valor del suelo dio origen a barrios monofuncionales alejados de los bienes públicos fundamentales, generando círculos viciosos que afectan la calidad de vida de sus habitantes.
Hoy, con el impulso de la PNDU y el trabajo del CNDU, estas materias han salido del entorno experto y académico para volverse temas de debate público, en el cual parece haber un consenso transversal sobre la necesidad de avanzar hacia ciudades más integradas socialmente.
En este sentido, la ley es un avance concreto: incorpora explícitamente la integración social y urbana como materia de planificación y plantea herramientas para promoverla; por una parte, la creación de Zonas de Integración Urbana, orientadas a incentivar el desarrollo de Proyectos de Viviendas Integradas en zonas de buen estándar urbano y a revitalizar sectores deficitarios mediante inversión pública y el desarrollo de proyectos mixtos. Por otra, genera mecanismos para que el Serviu pueda concesionar suelos bien ubicados para viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo.
El desafío siguiente es definir los mecanismos para generar proyectos de calidad que materialicen la integración urbana. Ad portas de implementar una nueva forma de construir vivienda social conectada a las redes y actividades urbanas, es fundamental no conformarnos con mejorar los indicadores, e integrar en la ecuación el diseño arquitectónico y de espacios públicos para que los proyectos sean un aporte a la ciudad.
El cumplimiento de estándares de calidad urbana en las zonas de integración social será el punto de partida para que se multipliquen proyectos de colaboración públicoprivada ejemplares. El éxito de estas iniciativas tiene directa relación con la responsabilidad con la que cada actor relevante asuma este proyecto, y con la capacidad que cada uno de nosotros tenga de colaborar en la construcción de una sociedad menos prejuiciosa, más tolerante y generosa. El momento de empezar a resolver los problemas que nosotros mismos hemos generado en términos de equidad urbana es ahora.
Francisca Astaburuaga
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) – Centro de Innovación en Ciudades UDD
Ver Artículo
Fuente: La Segunda, jueves 28 de febrero de 2019
Ciudad e integración social, por Francisca Astaburuaga
LA SEGUNDA – El reciente proyecto de ley de Integración Social y Urbana propuesto por el Gobierno, que contempla renombrar la cartera como Ministerio de Ciudad y Vivienda, es un necesario avance en el proceso de implementar la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), y de ir articulando una respuesta coherente y sistémica a una pregunta que debiese ser el punto de partida de todas nuestras acciones sobre el territorio urbano: ¿Qué ciudades queremos construir?
La política pública predominante por décadas, orientada a proveer soluciones habitacionales masivas, funcionó en los números. Sin embargo, generó los mayores problemas sociales y urbanos que enfrentamos en la actualidad: desigualdad y segregación. La concentración de viviendas sociales en sectores con bajo valor del suelo dio origen a barrios monofuncionales alejados de los bienes públicos fundamentales, generando círculos viciosos que afectan la calidad de vida de sus habitantes.
Hoy, con el impulso de la PNDU y el trabajo del CNDU, estas materias han salido del entorno experto y académico para volverse temas de debate público, en el cual parece haber un consenso transversal sobre la necesidad de avanzar hacia ciudades más integradas socialmente.
En este sentido, la ley es un avance concreto: incorpora explícitamente la integración social y urbana como materia de planificación y plantea herramientas para promoverla; por una parte, la creación de Zonas de Integración Urbana, orientadas a incentivar el desarrollo de Proyectos de Viviendas Integradas en zonas de buen estándar urbano y a revitalizar sectores deficitarios mediante inversión pública y el desarrollo de proyectos mixtos. Por otra, genera mecanismos para que el Serviu pueda concesionar suelos bien ubicados para viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo.
El desafío siguiente es definir los mecanismos para generar proyectos de calidad que materialicen la integración urbana. Ad portas de implementar una nueva forma de construir vivienda social conectada a las redes y actividades urbanas, es fundamental no conformarnos con mejorar los indicadores, e integrar en la ecuación el diseño arquitectónico y de espacios públicos para que los proyectos sean un aporte a la ciudad.
El cumplimiento de estándares de calidad urbana en las zonas de integración social será el punto de partida para que se multipliquen proyectos de colaboración públicoprivada ejemplares. El éxito de estas iniciativas tiene directa relación con la responsabilidad con la que cada actor relevante asuma este proyecto, y con la capacidad que cada uno de nosotros tenga de colaborar en la construcción de una sociedad menos prejuiciosa, más tolerante y generosa. El momento de empezar a resolver los problemas que nosotros mismos hemos generado en términos de equidad urbana es ahora.
Francisca Astaburuaga
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) – Centro de Innovación en Ciudades UDD
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Fuente: La Segunda, jueves 28 de febrero de 2019
