LA TERCERA – Estos consensos se han plasmado en los últimos años en acuerdos firmados por Chile, como la “Nueva Agenda Urbana” de Naciones Unidas (2016) o la Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014), de los cuales han surgido múltiples informes con propuestas de reformas, las cuales debieran servir para ordenar la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de la Ciudad y Vivienda.
Sin embargo, aunque el mensaje de dicho proyecto de ley está animado por objetivos compartidos por todos, su texto presenta muchas dudas que debieran ser resueltas si esperamos avanzar realmente hacia ciudades más justas e integradas.
La primera pregunta que debemos hacernos es sobre qué estructura y potestades debe tener un nuevo ministerio, para que pueda realmente llamarse Ministerio de la Ciudad. O por qué se opta por la intervención centralizada en la planificación urbana, en lugar de reforzar la descentralización. ¿Por qué se reemplaza el concepto de zonas de integración social por una definición más laxa de densificación con integración urbana? ¿Por qué se omite la participación ciudadana en los nuevos mecanismos propuestos? ¿Por qué la voluntad de legislar sobre políticas de suelo solo ha quedado limitada a concesiones privadas de terrenos fiscales?
Aunque el proyecto de ley tiene excelentes intenciones, es evidente que su texto requiere ser perfeccionado y enriquecido para cumplir con las expectativas creadas, y no solo quedarnos con un mero cambio de nombre de un ministerio.
Luis Eduardo Bresciani Lecannelier
Ver artículo
Fuente: La Tercera, jueves 03 de enero de 2019
Ministerio de la Ciudad
LA TERCERA – Estos consensos se han plasmado en los últimos años en acuerdos firmados por Chile, como la “Nueva Agenda Urbana” de Naciones Unidas (2016) o la Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014), de los cuales han surgido múltiples informes con propuestas de reformas, las cuales debieran servir para ordenar la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de la Ciudad y Vivienda.
Sin embargo, aunque el mensaje de dicho proyecto de ley está animado por objetivos compartidos por todos, su texto presenta muchas dudas que debieran ser resueltas si esperamos avanzar realmente hacia ciudades más justas e integradas.
La primera pregunta que debemos hacernos es sobre qué estructura y potestades debe tener un nuevo ministerio, para que pueda realmente llamarse Ministerio de la Ciudad. O por qué se opta por la intervención centralizada en la planificación urbana, en lugar de reforzar la descentralización. ¿Por qué se reemplaza el concepto de zonas de integración social por una definición más laxa de densificación con integración urbana? ¿Por qué se omite la participación ciudadana en los nuevos mecanismos propuestos? ¿Por qué la voluntad de legislar sobre políticas de suelo solo ha quedado limitada a concesiones privadas de terrenos fiscales?
Aunque el proyecto de ley tiene excelentes intenciones, es evidente que su texto requiere ser perfeccionado y enriquecido para cumplir con las expectativas creadas, y no solo quedarnos con un mero cambio de nombre de un ministerio.
Luis Eduardo Bresciani Lecannelier
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Fuente: La Tercera, jueves 03 de enero de 2019
