EL MERCURIO – Mucha agua ha pasado bajo el puente legislativo desde que en 2011, el entonces Presidente Sebastián Piñera enviara al Parlamento una reforma al Código de Aguas que rige desde 1981. El segundo gobierno de Michelle Bachelet cambió el proyecto en 2014, y aunque dos años después logró que la Cámara de Diputados lo aprobara en primer trámite, el debate se volvió a detener en la comisión de Agricultura del Senado.
De vuelta en La Moneda, la administración Piñera planea enviar en los próximos días una indicación sustitutiva -que modificará más de 115 artículos- para reactivar el debate.
Según el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, los cambios del Ejecutivo mantienen los objetivos del gobierno anterior -como darle estatus de derecho al consumo humano, y prioridad a la conservación del agua-, pero también apuntan a una modernización de mayor alcance.
La apuesta del Ejecutivo es reforzar la certeza jurídica de los derechos de agua, descartando la caducidad de los ya otorgados, cuando se usen con fines distintos a los especificados, que planteaba el gobierno anterior. Tampoco se pondrán plazos de duración a los nuevos.
“Es de la esencia del buen funcionamiento del sistema de asignación de derechos de agua que (estos) sean de duración ilimitada”, argumenta Fontaine.
En esa línea, las patentes por no uso de los derechos de agua seguirán manteniendo valores crecientes en el tiempo, pero con mejor fiscalización de su cobro. Y además, el acceso a nuevos derechos de agua provendrá de remates.
A diferencia de la regulación actual, en que un solicitante de derechos puede recibirlos gratuitamente si no hay oposición de terceros, la indicación del Gobierno busca que el interesado -con o sin oposición- deba concurrir a un remate en el que revelará el precio que está dispuesto a pagar, el cual será transferido al Estado.
“De esa manera, creemos que hacemos más competitivo este mercado, evitamos la tendencia a constituir derechos y a acapararlos sin costo”, explica Fontaine. “Frente a la escasez de agua, es crucial mantener los incentivos económicos que provienen del hecho de que los derechos de aprovechamiento de aguas sean libremente transables (…) porque solo así hay un precio que induce a las empresas y a las personas a ahorrar agua y a utilizarla para los mejores fines”, argumenta el titular del MOP. La alternativa, agrega, sería que el Estado determine esos fines y los ahorros necesarios con una fiscalización que no daría abasto.
Otro cambio es atender la creciente demanda por aguas subterráneas.
Respecto del consumo humano, la indicación hace viable, según Fontaine, la forma en que el Estado puede comprar o expropiar derechos necesarios para abastecer a la población. Y sobre la conservación, el Estado o particulares podrán reservar aguas para preservación. Así, dice, se podría -por ejemplo- recuperar el caudal del Salto del Laja.
Fuente: El Mercurio, Viernes 30 de noviembre de 2018
