EL MERCURIO – En los últimos meses se ha escuchado con frecuencia en actividades públicas y privadas a ministros de Estado y empresarios quejarse de las decisiones de la Contraloría General de la República sobre sus proyectos. Aseguran que deben realizar más trámites que antes o que el organismo impide el desarrollo fluido de sus programas.
Ahora, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso, cuestionó duramente a la institución que encabeza Jorge Bermúdez. El dirigente gremial acusa que las “actuaciones de la Contraloría paralizan proyectos aprobados en distintas etapas de ejecución”, incluso terminados y vendidos, tanto en las áreas de infraestructura como inmobiliaria. Asimismo, afirma que ese organismo excede sus atribuciones y contradice decisiones -aprobaciones- tomadas por otros entes públicos competentes, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), municipios y direcciones de obras.
Si bien la CChC no cuenta con un catastro detallado de iniciativas afectadas por decisiones de la Contraloría, Donoso recuerda que un reciente dictamen afectó el desarrollo de 25 proyectos inmobiliarios en Estación Central por un monto cercano a los US$ 25 millones. Agrega que lo mismo ocurre en otras comunas y regiones y sostiene que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP) “va con cierto retraso y uno de los motivos, no el único, es la demora en autorizaciones de la Contraloría”.
En octubre pasado se conoció que la Contraloría estimó que las faenas que la Inmobiliaria del Puerto Spa llevó a cabo en terrenos de su propiedad en Valparaíso no cumplían las exigencias legales para dar por iniciadas las obras para construir el proyecto Parque Pumpin. Por ello, los permisos para levantar 22 edificios en el barrio O”Higgins incurrieron en caducidad.
Patricio Donoso afirma que en la industria de la construcción “el estado de ánimo es de preocupación, porque hay más burocracia cuando estamos todos como país tratando de empujar para que las cosas pasen, que generemos movimiento, inversión, empleo, producción. Vemos que con esta situación vamos en la dirección contraria. Lo vemos también con nuestras contrapartes públicas, que están un poco entregadas a lo que dice o no Contraloría”.
El presidente de la CChC señala que el sector ha sido testigo de “recurrentes interpretaciones normativas por parte de la Contraloría que, a nuestro juicio, van más allá de sus atribuciones” y que son opuestas a decisiones previas de otros entes estatales donde deben tramitarse las autorizaciones para invertir. “Esto afecta el ordenamiento jurídico e institucional y la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de cualquier proyecto”, afirma.
Como ejemplos del señalado exceso de atribuciones, el dirigente afirma que sabe que la entidad contralora ha estado supervisando excavaciones en terreno o se pronuncia respecto de materias propias de tribunales.
Donoso lanza la pregunta de si la Contraloría tendrá que “ser el órgano del Estado que finalmente valide todos los permisos de edificación”. Precisa que esto aún no es algo “estructural” en la industria de la construcción, pero advierte que “puede llegar a serlo”.
Otro de los aspectos que cuestiona el dirigente es que la Contraloría “ha desconocido la necesidad del debido proceso”. Dice que hay casos en los cuales los titulares de proyectos no han podido tener la debida participación para evitar la “emisión de dictámenes sobre la base de supuestos erróneos”.
Propuestas
Donoso plantea que es necesario que se dicte una ley que aclare los ámbitos de competencia de la Contraloría y los alcances de sus pronunciamientos sobre materias que competen a organismos técnicos especializados. Asimismo, que se establezca un procedimiento de participación y reclamación de los afectados por dictámenes de la Contraloría.
A la vez, señala que el marco normativo para enfrentar el crecimiento urbano es insuficiente. Por ello solicita que eso se resuelva en una instancia de trabajo entre autoridades y áreas técnicas del Minvu, y no “mediante la acción directa y autónoma de la Contraloría”.
Asegura que los conflictos que se han generado están afectando las posibilidades de acceso a la vivienda para las personas.
Fuente: El Mercurio, Viernes 23 de noviembre de 2018
