LA TERCERA – La propuesta de ampliar la concesión de cárceles en el país, planteada por el gobierno en octubre pasado, comenzó a despertar interrogantes en diversas instituciones sobre el desempeño de los ocho penales que comenzaron a ser operados por empresas privadas desde 2009, durante el primer mandato de la expresidenta Michelle Bachelet.
Un antecedente que brinda luces sobre el funcionamiento de estos recintos se centra en las multas cursadas por la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) a las firmas concesionarias de los penales emplazados en Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Santiago 1, Rancagua, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, entre 2009 y 2017. Estos recintos cuentan con 17.341 plazas, de un total de 48.838 que existen en el sistema penitenciario nacional.
De acuerdo con un balance solicitado a través de la Ley de Transparencia, en ese periodo los penales han pagado multas por un monto que asciende a $ 2.338.740.094.
El denominado Grupo 3, formado por las cárceles de Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt, muestra la más alta población del sistema concesionado (5.906 internos) y presenta las mayores sanciones, con $ 1.133.856.780.
A nivel general, estos centros han registrado la mayor proporción de incumplimientos en áreas como la alimentación, con 160 notificaciones. Entre las sanciones se cuenta no cumplir con el gramaje (peso) de las comidas establecido por la normativa. También se establecieron 94 penalizaciones por falta de mantención de infraestructura y equipamiento en fechas determinadas.
En cuanto a aspectos considerados sensibles, los ocho recintos penales concesionados han sido sancionados en 71 oportunidades por incumplir aspectos del ámbito de la salud y en 64 ocasiones por incumplimientos en materia de reinserción social.
El presidente de la Asociación de Concesionarios (Copsa), Leonardo Daneri, considera que las multas “son bajas, lo que implica que las empresas han operado bien. Si las comparamos con otros sectores, como los hospitales concesionados, las sanciones son menores”.
Evaluación
Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, explica que un indicador de éxito de un penal se centra en evitar la reincidencia de los internos. “Las cárceles concesionadas y las tradicionales no registran diferencias en este ámbito. Se ha detectado que la mitad de las personas que egresa sigue reincidiendo (en delitos)”, aclara.
Johnson advierte que es necesario fortalecer los programas de reinserción, en especial aquellos destinados al tratamiento contra el consumo de drogas y de enfermedades de salud mental.
Por ejemplo, el último reporte de Concesiones del MOP, con datos a junio de este año, indica que en los penales del Grupo 2 la segunda prestación más requerida es la sicológica. Según los expertos, ello resalta la necesidad de contar con disponibilidad de profesionales de la salud para atender a la población penal.
Un aspecto valorado del sistema concesionado es su estándar de infraestructura. Daneri precisa que un beneficio de esta característica es que hace descender el hacinamiento en relación con otros penales. “Se mejoró el espacio disponible y la calidad de vida de los internos”, destaca.
Sobre este punto, el reporte del MOP muestra realidades dispares a junio pasado. Por ejemplo, Santiago 1 mostraba una ocupación promedio del 98%, mientras que Valdivia llegaba solo a 51,1% de su capacidad. En cambio, el penal de Concepción registraba una ocupación de 108%. “Esto depende de la distribución de los reos que realice Gendarmería”, explica Álvaro Alcaíno, investigador en el área de Derechos Humanos de la U. Diego Portales.
Agrega que los reos de los establecimientos privados tienen índices de cumplimiento “que deben ser medidos constantemente, pues de lo contrario pueden sufrir un deterioro”.
Gendarmería y las empresas concesionarias que forman parte de las sociedades que administran los centros, no entregaron su visión respecto de la operación de los penales.
Fuente: La Tercera, Domingo 11 de noviembre de 2018
