PULSO – El empresario Bernardo Matte dijo que en este país cuesta hacer proyectos. El que lo haya manifestado un miembro de los principales grupos empresariales del país es sintomático. ¿Qué queda para los emprendedores que recién hacen sus primeras apariciones en el mundo de los negocios?
Matte lo manifestó en particular al referirse al atraso de la línea de transmisión eléctrica que une el norte con el sur. Y los números parecen darle la razón. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos aportados en una columna en PULSO por Hernán de Solminihac, en el país hay actualmente 116 conflictos socio-ambientales asociados a proyectos de infraestructura pública y productiva. Esta cifra ha aumentado sostenidamente desde 2012. Los sectores que lideran este tipo de conflictos son energía (44) y minería (33).
Chile está dentro de los 5 países con mayor cantidad de conflictos socio-ambientales del mundo, siendo solo superado por India (278) y Colombia (128). De acuerdo con la Sofofa, la inversión detenida por este tipo de conflictos al año 2017 era de US$57.870 millones, lo que equivale al 97% de la inversión materializada en ese mismo año.
Ante este escenario, se requiere, tal como planteó De Solminihac en la mencionada columna, un esfuerzo importante por dar mayor certeza jurídica a los inversionistas. Los cambios al SEIA, con miras a que la potencial negativa al proyecto ocurra en una fase temprana y no al final, puede ayudar; no obstante, es común observar que en ciertos proyectos, por ejemplo, se vulnera la validez de los permisos ya otorgados. Una mejor articulación entre los diversos actores involucrados, incluyendo las comunidades, debe ser esencial.
Fuente: Pulso, Lunes 22 de octubre de 2018
