EL MERCURIO – La semana pasada venció el plazo para la creación de la sociedad anónima que dará origen al Fondo de Infraestructura, empresa estatal cuyo objetivo será desarrollar actividades de financiamiento e inversión en proyectos de infraestructura. Sus recursos provendrán inicialmente del traspaso que le hará el MOP de concesiones cuyos contratos terminen. En el futuro, si genera proyectos rentables, su patrimonio podría aumentar.
Dado que ya se conoce la demanda de esas concesiones y las mejoras que requieren para su modernización y ampliación, estas tienen un costo menor que los ingresos que producen si se mantienen los peajes actuales, por lo que las utilidades futuras se pueden capitalizar. Estimaciones señalan que este valor, para el conjunto de concesiones que terminan contrato, podría llegar a los US$ 9.000 millones.
El MOP informó en estos días que mediante escritura pública se establecieron los estatutos que dan origen al Fondo, y que se está desarrollando el proceso de selección de los miembros del directorio; sin embargo, persisten algunas dudas sobre su rol y sus énfasis. Así, para algunos sería un soporte financiero de proyectos que no cuentan con garantías suficientes. No hay nada malo en esto si los proyectos son socialmente rentables, pero eso es una tarea que el MOP ya realiza, sin necesidad de crear un Fondo de Infraestructura. Otros, en tanto, tienen expectativas extremadamente ambiciosas sobre lo que podría hacer: desde colaborar a financiar un tren rápido a Valparaíso hasta una segunda Ruta 5.
Una de las razones que motivan las renegociaciones de los contratos de concesiones es la fragilidad del diseño de los proyectos, aspecto en el que el Fondo podría ser de ayuda, ya que tendría menos presiones políticas de corto plazo y podría estudiarlos con mayor disponibilidad de medios —en el MOP, por el contrario, por lo general hay urgencias más importantes para esos recursos—. Al disponer de una institución independiente de esa cartera, con recursos y una visión de más largo plazo que la que tiene un ministerio acotado por los periodos presidenciales, es de esperar que se destinen los fondos que se requieren para estudiar cuidadosamente los proyectos.
Ahora, cabe preguntarse, cuando el Fondo invierta directamente en proyectas de infraestructura, ¿quién velará para que ellos sean socialmente, e incluso privadamente, rentables? Supuestamente corresponde al directorio realizar esa labor, pero tal como ha ocurrido en otras empresas estatales, las pérdidas recaen finalmente sobre el Estado, y la única garantía del público es una prolija evaluación social de los proyectos.
En resumen, es de esperar que el Fondo se enfoque en aumentar la rapidez en la aprobación y ejecución de proyectos socialmente rentables y bien diseñados, para que los costos estén bien estimados. En este papel más acotado, podría ser una empresa estatal valiosa.
Fuente: El Mercurio, Lunes 01 de octubre de 2018
