EL MERCURIO – La ley lo faculta para invertir directamente en nuevos proyectos, pero en la industria hay interrogantes acerca de si será un inversionista activo o un mero administrador de proyectos.
En las próximas horas debería ver la luz un proyecto cuya elaboración tomó al menos tres años y ha sido calificado como el cambio más relevante en la industria de las concesiones desde el origen del sistema, en 1991. Mañana vence el plazo para la creación de la sociedad anónima que pone en marcha el Fondo de Infraestructura, una empresa del Estado que podrá financiar e invertir en proyectos de infraestructura directamente o a través de terceros, según la Ley 21.082, que dio origen al organismo.
En una primera etapa, los recursos del Fondo de Infraestructura provendrán de los derechos sobre los ingresos futuros de un paquete de obras ya operativas y concesionadas, como carreteras y aeropuertos. En una segunda fase, el organismo podría financiar iniciativas de infraestructura a través de dineros públicos y cumpliendo las condiciones fijadas por ley.
Durante estos días se está conformando la mesa directiva, que a ojos de la industria será una de las primeras señales respecto del rol y relevancia que le dará el Gobierno al Fondo de Infraestructura, especialmente por la trayectoria y capacidad técnica de sus futuros integrantes.
Se trata de cinco directores, dos de los cuales deben ser nombrados con plazo hasta mañana lunes por el Presidente Sebastián Piñera -que durarán cuatro años en el cargo, renovables-, y tres escogidos por el Sistema de Alta Dirección Pública -por cinco años, también renovables- , proceso en el que participa la empresa Equation Partners Asesores.
¿Administrador, inversor o ambas?
Sin embargo, y aunque los plazos son inminentes, en la industria aún persisten interrogantes sobre cómo operará el organismo en la práctica: si funcionará como un mero administrador de los bienes del Estado que le sean traspasados o si se involucrará activamente en el financiamiento de nuevos proyectos. Otra alternativa es que realice ambas labores. Lo que sí está claro es que por ley debe velar por la sostenibilidad financiera de su cartera de proyectos y producir utilidades anuales durante cada ejercicio.
En el primer escenario, de administrador de activos, el Fondo de Infraestructura es titular de los derechos sobre los ingresos futuros de un paquete de obras cuyos ingresos se concretarán al momento en que esos proyectos sean relicitados. Aunque aún se desconoce el detalle del pool de obras que serán parte del Fondo, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, ha señalado que la primera relicitación importante es la del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 Sur, el primer semestre del próximo año y que, por lo mismo, se prevé que sea la primera obra que vaya al Fondo.
En el segundo escenario, el organismo podría actuar como el “brazo de inversiones” de la Dirección General de Concesiones del MOP y financiar parte de un proyecto o incluso completamente. Pero, de hacerlo, deberá cumplir con condiciones, como el pronunciamiento de un comité de directores respecto de las implicancias y condiciones financieras de la iniciativa y que su directorio, adicionalmente, se manifieste sobre la conveniencia de dicho proyecto para el interés social, incluyendo criterios de equidad territorial y los intereses de cada región.
“La gran pregunta es cómo lo va a hacer el Fondo para transformarse en un soporte financiero de proyectos que hoy no cuentan con garantías suficientes para poder estructurarse. El país tiene muchos proyectos de esos y creo que sería una gran señal avanzar en esa dirección, porque eso sí permitiría ampliar la infraestructura que el país requiere”, afirma Carlos Cruz, gerente general del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Pese al amplio espacio que le da la ley para operar, la decisión final de cuál será el rol o énfasis que tendrá el Fondo de Infraestructura es del Gobierno, indican en la industria. “Puede suceder que se transforme en una administradora de bienes públicos y eso sería una mala señal”, dice Cruz.
Un diagnóstico que comparte Juan Eduardo Saldivia, ex presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa): “Para meros administradores no era necesario crear el fondo, ya existen las direcciones operativas del MOP. El Fondo se crea para que, a partir del valor económico que tienen esos bienes y las concesiones que están en operación, el Fondo pueda levantar nuevos proyectos”.
Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), matiza la discusión y señala que en la primera etapa el desafío del organismo es actuar “básicamente como un fondo de garantía para proyectos de concesiones y, excepcionalmente, aportando financiamiento muy acotado a proyectos”. Agrega que entre las labores está, por ejemplo, “que destine un porcentaje acotado de sus recursos a la generación y desarrollo de estudios para proyectos futuros”.
Consultado el MOP sobre la puesta en marcha del Fondo de Infraestructura declinó referirse al tema. Por su parte, Copsa se limitó a señalar: “Como gremio estamos a la espera del Estatuto del Fondo de Infraestructura para fijar una posición definitiva”.
Posibles proyectos a apuntalar: Tren a Valparaíso y ruta alternativa al sur
Una de las interrogantes es qué proyectos son los que podría apuntalar financieramente el nuevo organismo. Pues bien, el MOP tiene una cartera de concesiones de más de US$ 2 mil millones anuales y en la cual hay proyectos “candidatos” a recibir financiamiento o respaldo de parte del Fondo.
Uno de ellos es el tren Santiago a Valparaíso, proyecto que se gestionará a través de la Ley de Concesiones, que tiene una inversión aproximada que supera los US$ 600 millones, y que forma parte de la cartera de proyectos del MOP con el nombre “conexión ferroviaria Santiago- V Región”.
Para Carlos Cruz, el Fondo de Infraestructura podría atenuar incertidumbres relacionadas con esta obra, por ejemplo, cómo se va a proteger el ferrocarril de las tarifas que pueda cobrar la Ruta 68, la actual vía desde Santiago hacia la V Región. O garantizar inicialmente la cantidad y valor de los terrenos que haya que expropiar para hacer la línea férrea, señala. “El Fondo puede concurrir para permitir que exista financiamiento privado que cuente con las suficientes garantías como para que este tipo de proyectos se puedan materializar”, asegura.
Juan Eduardo Saldivia agrega otra iniciativa en la que podría intervenir el organismo: una ruta alternativa hacia el sur, cuya necesidad de análisis, afirma, quedó de manifiesto el pasado fin de semana con los atochamientos que se produjeron por la salida masiva de vehículos por el feriado de Fiestas Patrias.
“La Ruta 5 se va a relicitar, pero la pregunta de fondo tiene que ver con la planificación de largo plazo. ¿Nos basta con aumentar a tres pistas de Santiago a Talca, por ejemplo, como desafío de infraestructura a los próximos 15 años o en realidad hay que pensar en alguna Ruta 5 alternativa? La política la definirá siempre el MOP, pero el Fondo debe estar generando inputs para que el MOP vaya haciéndose cargo de los desafíos”, afirma.
Fuente: El Mercurio, Domingo 23 de septiembre de 2018
