LA TERCERA – Para asegurar una inversión en infraestructura que contribuya efectivamente a un crecimiento sostenible y equitativo, el país requiere destinar del orden del 3,5% del PIB. Con el anuncio reciente del Ministerio de Obras Públicas de invertir a través del sistema de concesiones cerca de US$14.500 millones, en un período de 5 años, nos estaríamos aproximando a esa meta, en tanto esa cartera mantenga el ritmo de inversión con recursos públicos que se logró en la administración anterior. El efecto multiplicador será muy significativo, asegurando por lo menos un punto y medio de crecimiento adicional del PIB durante su período de ejecución de obras.
El efecto dinamizador de la economía de la inversión en infraestructura puede ser tanto o más relevante que otras medidas que se anuncian. Se dirá que estas tienen efecto permanente, en tanto la infraestructura sólo en el momento en que se ejecutan las obras. Esto no es así. De hecho, queda desmentido al analizar el tipo de infraestructura en la que se focalizará el esfuerzo que aumentará la frontera de lo posible.
Nuestra convicción es que su aporte es fundamental para aumentar en el país los niveles de productividad. De hecho, tal como lo ha sostenido el propio ministro de la cartera, la sola disminución de los tiempos de viaje por la introducción del sistema de “free flow”, marginal desde el punto de vista del aporte global de la infraestructura de transporte a la economía, ha sido destacada como un paso muy significativo para asegurar un nivel de eficiencia logística que tiene efectos muy importantes en la competitividad.
De igual forma, la relevancia de la infraestructura en actividades tan sensibles como la salud, es otro aporte que se desprende del programa anunciado por el MOP. Recurrir al sector privado para invertir en 18 recintos hospitalarios públicos es un gran avance que adelantará la posibilidad de disponer de esos establecimientos para mejorar notablemente las prestaciones, asegurándole a los usuarios una calidad de servicios que difícilmente se logrará si se continúan postergando esas inversiones que tanto se necesitan.
La valoración de los beneficiarios será alta, tal como lo demuestran las estadísticas de aceptación con que hoy cuentan los servicios en los tres hospitales concesionados en funcionamiento.
Ahora bien, llevar a cabo este programa requiere un esfuerzo muy grande desde el punto de vista institucional. A modo de ejemplo, sería del todo conveniente que se explicitara la política tarifaria que se aplicará a la red de autopistas concesionadas, de modo de hacer coherente su funcionamiento con la eventual construcción de una red alternativa que complemente los servicios que al corto plazo se volverán en insuficientes, si es que el país recupera el ritmo de crecimiento al que se aspira.
O eventualmente, la modalidad en que se tarificará un posible ferrocarril a Valparaíso, teniendo como antecedente los peajes que se cobrarán en la Ruta 68 que sirve a idéntico par de origen y destino.
Como estos, hay otros temas sobre los que deberá haber claridad al momento de ponerse en marcha el programa anunciado por el MOP. Todos ellos tienen soluciones que pueden incentivar una mayor inversión infraestructura o inhibir el desarrollo de nuevos proyectos, lo cual es claramente un escenario no deseado.
Fuente: La Tercera, Martes 11 de septiembre de 2018
