EL MERCURIO – Con la ley que redujo la velocidad urbana de 60a 50 km/h y la futura entrada en vigencia de la normativa de Convivencia Vial —el 11 de noviembre—, las autoridades han puesto sus esfuerzos en bajar el número de accidentes de tránsito, que el año pasado llegó a 94.879.
Para potenciar ambas regulaciones, el Gobierno espera que pronto sea despachado de la Cámara el proyecto que crea un Centro de Control Automático de Infracciones (CAT1), una red de fotorradares.
Se trata de una iniciativa que considera un gasto estatal de $9.598 millones anuales en régimen, pero que, según Hacienda, significa un mayor ingreso fiscal. Esto, porque para el año en que esté en régimen el centro —que podría ser 2024, si se pone en marcha en 2019—, los ingresos serían de $91.074 millones —unos US$136 millones—, según el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
De esa cifra, $54.433 millones irían a la Tesorería General de la República, $9.606 millones, al Fondo Común Municipal, y los restantes $27.035 millones —por concepto de pago no anticipado— también ingresarían a ese fondo.
El detalle
El centro, que además de registrar faltas por exceso de velocidad también detectará infracciones por uso de pistas solo buses o por restricción vehicular, será parte de una división de la Subsecretaría de Transportes.
Precisamente, el aumento de personal, debido al monitoreo de la ley, es parte de los costos que tendrá su implementación. A eso se suman la instalación y mantención de los dispositivos (cinemómetros) y el software con el que operará el sistema.
En el caso de los ingresos, un fotorradar debería capturar cerca de 18.500 infracciones al año, lo que en régimen se traduce en que detectaría 5,2 millones de faltas anuales.
Teniendo en cuenta las faltas —de acuerdo con el plazo de pago y gravedad de las mismas—, se espera que por cada infracción detectada y multada se recauden 0,63 UTM (cero de $30 mil).
Operación
La ministra de Transportes, Gloria Hutt, advierte que la iniciativa busca “salvar vidas por medio de la prevención y educación, y por eso los dispositivos serán informados clara y transparentemente a la ciudadanía”.
Añade que se trata de una puesta en marcha “gradual en siete años, que involucra diversos aspectos”, y que un ejemplo de esto “será la instalación de cámaras, las que irán aumentando cada año, hasta llegar a las 292 en el séptimo”.
Para Alejandro lirachini, académico de Ingeniería Civil en Transportes de la U. de Chile —que expuso la semana pasada en la Cámara sobre el proyecto—, la iniciativa se distingue de los antiguos fotorradares en que “el objetivo es disuasivo y no punitivo. Además, estarán anunciados en lugares visibles y las municipalidades no tendrán incentivos financieros, ya que el dinero va a un fondo común”.
Concuerda Paola Tapia, ex ministra de Transportes y actual consejera del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI). “Es bueno avanzar en un sistema automático para estas infracciones. Es distinto al antiguo, ya que la entidad recaudadora no son los municipios”.
Alberto Escobar, gerente del Automóvil Club, apunta que hoy “solo se fiscaliza el 7% de las infracciones, por lo que el número de infracciones con este centro se condice con la realidad de las faltas que se cometen”.
Agrega que pese al altísimo número de infracciones que se cursarán, el sistema intenta “cambiar conductas para reducir las faltas y con eso mejorar la convivencia vial”.
Según el diputado Jaime Mulet (FRVS), “hay ánimo de aprobar el proyecto, aunque hay ciertos puntos que tienen que ver con el formato anterior y los juzgados de policía que se tienen que revisar”.
Fuente: El Mercurio, Martes 21 de agosto de 2018
