LA SEGUNDA – El acuerdo al que llegaron la Empresa Puerto Valparaíso (EPV) y el alcalde de esa ciudad, para desarrollar un proyecto que permita el acceso público al borde costero en el Muelle Barón, abre un escenario que, trabajado responsablemente, puede ser clave para la renovación urbana de la capital de la Región de Valparaíso.
El compromiso alcanzado pone fin a la incertidumbre que durante cinco años se generó por la construcción de un centro comercial en el lugar. Dicho proyecto sorteó 14 acciones judiciales y administrativas, antes de que la Corte Suprema declarara ilegal —a finales del año pasado— el permiso entregado por la Dirección de Obras Municipales, obligando a sus gestores a renunciar a su concreción. Asimismo, el nuevo plan, que según ha trascendido incluida espacio para actividades recreativas, deportes náuticos, la construcción de un parque y una playa artificial, se hace cargo de una de las principales recomendaciones de arquitectos y urbanistas: convenir la antigua faja costera en un espacio público para la ciudad.
Al mismo tiempo, la sola apertura del Muelle Barón no parece ser suficiente. Tal como lo han señalado varios especialistas, potenciar el rol urbano de esa zona debiera implicar la incorporación de una estación del metro de Valparaíso, un terminal intermodal, pequeños comercios y una estrategia integral que articule esta área con El Almendral, el barrio comercial que abarca gran parte del plan de la ciudad. Asimismo, es necesario que toda la iniciativa pueda dialogar fluidamente con el uso portuario que seguirá manteniendo parte importante del paño.
Esta perspectiva, además, enfrenta desafíos que van más allá de la definición de usos o las propuestas arquitectónicas. Salvo iniciativas puntuales como la reconversión de la antigua cárcel (hoy parque cultural) ola remodelación del Palacio Baburizza, varios proyectos para mejorar las condiciones de la ciudad —como la «Comisión Plan Valparaíso», durante el gobierno de Ricardo Lagos; el “Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso” (que gestionó un préstamo del BID) o los programas de reconstrucción tras los megaincendios de 2013 y 2014— no cumplieron las expectativas que se generaron en torno a ellos.
En este sentido, tan o más importantes que las definiciones urbanísticas serán los arreglos institucionales que se alcancen en torno al financiamiento, la construcción y la administración de esta iniciativa. De la forma en que estos asuntos se resuelvan —la colaboración público-privada, la consolidación de los usos mixtos del suelo y la generación de ingresos necesarios para solventar la mantención y operación del proyecto, entre otros— dependerá que la renovación del sector Barón no quede sólo en el papel. La experiencia de los planes frustrados debiera servir como referencia.
Fuente: La Segunda, Lunes 06 de agosto de 2018
