LA SEGUNDA – Al igual que lo que hizo con la primera generación de concesiones (1993-2005), cuando el Estado ideó seguros y garantías que incentivaran al sector privado a respaldar financieramente proyectos de infraestructura pública, con un resultado muy destacado (se creó así un activo público de más de US$ 20 mil millones, más de siete veces el presupuesto anual del MOP), una segunda fase de concesiones requiere una disposición similar.
Si existe la real convicción de llevar a cabo proyectos de infraestructura pública a través de financiamiento privado, el Estado deberá concurrir a solventar riesgos que esas iniciativas representan para los inversionistas. Sería el caso de redes viales paralelas a las actuales, nuevas autopistas urbanas, sistemas de transporte guiado, ferrocarriles de carga y de cercanía, y otras obras que el país necesita para dar un salto hacia el desarrollo.
Para eso surgió el Fondo de Infraestructura (FI), instrumento que, a diferencia de lo que se hizo antes, pondría a disposición de los inversionistas seguros, garantías y otros incentivos financieros sin comprometer el presupuesto público, sino hasta el monto de su patrimonio. Al contar éste con un capital formado por el valor de los flujos de concesiones viales que, al transferirse en concesión a tarifas de equilibrio para la red vial en su conjunto por un plazo razonable (20 años, por ejemplo), generará excedentes que se acumularán en la empresa ideada para esto, con el propósito de responder ante las contingencias y eliminar el eventual riesgo fiscal. Una precaución que deberá tenerse presente es que las modalidades que se utilicen para promover el financiamiento privado, incentiven alternativas de mercado y no compitan con ellas, como temen algunos expertos.
Desde esta perspectiva, el FI debería ser visto con interés por parte de las AFP y las compañías se seguro, hasta ahora en silencio. Sería bueno contar con su punto de vista antes de que el MOP y Hacienda lo pongan en marcha en septiembre próximo, como anunciaron sus autoridades. Invertir en infraestructura parece ser la modalidad a la que han recurrido inversionistas institucionales en otras partes del mundo para mejorar la rentabilidad de sus inversiones, algo muy necesario, entre otros, para mejorar las pensiones.
Fuente: La Segunda, Jueves 26 de julio de 2018
