EL MERCURIO – ¿Qué autocrítica y qué falencias identifica de parte de los socios en su relación con la comunidad y qué medida piensa adoptar para subsanarlas?
Estamos conscientes de la brecha que muchas veces existe entre lo que las normas permiten y las expectativas de la sociedad, y creemos que es clave considerar seriamente las externalidades negativas de los proyectos e intentar ir más allá de lo exigido para, con talento y creatividad, resolver esas diferencias. Esto requiere fomentar una mayor comunicación con las comunidades; promover con más fuerza las buenas prácticas gremiales, y tener más visión a la hora de diseñar nuestros proyectos, para aumentar su aporte a la comunidad y a la sostenibilidad.
La Contraloría ha cuestionado permisos de edificación en al menos dos comunas. ¿Qué medida va a adoptar la Cámara Chilena de la Construcción frente a este problema?
La CChC tiene que tener un rol activo y promover acuerdos que resguarden la certeza jurídica y que permitan la existencia de reglas claras y estables. La Contraloría estima que muchos planos reguladores contravienen la ley general de urbanismo y construcción. El Estado tiene que ponerse de acuerdo en eso, no se pueden tomar decisiones contradictorias, porque paralizan la actividad. Hay otros casos en que comunas, cuyos planos reguladores están obsoletos, no se hacen cargo de la nueva realidad en vivienda y servicios. Nuestro gremio podría aportar su experiencia para, con otros actores, revertir esa situación (…) Debemos crear instancias de diálogo y mesas de trabajo, porque es un asunto sensible.
¿Cómo van a controlar la no proliferación de los guetos verticales? ¿Lo consideran un problema que deben atender y evitar con sus asociados? ¿Cómo?
No me gusta usar ese lenguaje estigmatizador del lugar donde muchas familias concretaron el sueño de tener su casa. Las ciudades crecen al igual que la presión de las personas por vivir en lugares centrales, con buen acceso a transporte público y/o buena conectividad. Ante esa indesmentible evidencia, como gremio tenemos que promover que las normas se vayan adaptando a la realidad y a las nuevas necesidades de las personas. El tema de estos edificios gigantescos fue resuelto en febrero de este año con la dictación de normas que definen qué se puede construir en aquellas zonas en las que falta regulación o no hay planos reguladores claros. El desafío es enfrentar los temas antes de que ocurran y eso requiere planificación, un diálogo abierto y permanente.
¿Qué medidas van a adoptar para que los socios respeten y se hagan cargo de paliar las externalidades de sus obras en el entorno inmediato a ellas (frente a los vecinos)?
En el gremio existe, hace más de 10 años, un programa de buenas prácticas que (…) promueve una buena relación con los vecinos, el medio ambiente y la comunidad. Es fundamental fortalecer el uso de esta herramienta y ampliar su cobertura, particularmente en regiones. Debemos poner más énfasis en la comunicación con los vecinos para informarlos adecuadamente sobre los proyectos, y evitar temores por desinformación. Pero con la misma fuerza debo decirle que no todas las externalidades son responsabilidad de un determinado proyecto (…) algunas nacen del déficit de infraestructura de la ciudad.
La industria ha vivido en el último tiempo múltiples episodios de judicialización de obras y paralizaciones, muchas veces vinculados con decisiones de DOM y/o alcaldes (Vespucio, 345, Parque Pümpin, etc.). ¿Qué medidas concretas proponen para superar este problema, y que sean de cargo de las constructoras?
(…) Si la sociedad estima que las reglas deben cambiar, bien, discutámoslo, pero en los espacios que corresponda. Cada instancia tiene facultades precisas y atribuciones limitadas que no debe sobrepasar. Lo otro que no debe ocurrir es que se genere una industria en torno a la judicialización de los proyectos ni que la incertidumbre paralice la inversión. Es muy complejo cuando diversos actores comienzan a reinterpretar las normas o a modificar sus criterios, pues ahí caemos en tierra de nadie. Vamos a promover la claridad de las normas y, con igual fuerza, su cumplimiento por parte de nuestros socios.
Si tuviera que elegir cinco grandes proyectos de infraestructura para los siguientes cuatro años, ¿cuáles debieran ser los prioritarios para el país? ¿Debieran hacerse vía concesión u obra pública?
Invertiría en recursos hídricos, como embalses y carretera hídrica. En la categoría productiva, deberían ser prioritarios los proyectos de vialidad interurbana, mejorar la conectividad regional, como Merval, Biotrén, Metro, Tranvía Coquimbo y la doble vía en la ruta internacional en Osorno, la que además genera la conectividad a la zona austral. En la categoría social, espacios públicos y la calidad de vida en las ciudades, sin dejar de lado inversión en salud y educación. Siendo los recursos del Estado insuficientes, las concesiones han demostrado ser un mecanismo eficiente para concretar parte de las necesidades.
El Gobierno ya ha dado señales de que en la reforma a las pensiones incluirá mayor competencia a las AFP. Como controladores de Habitat, a su juicio, ¿la falta de competencia es parte de los problemas a resolver con la reforma para mejorar las pensiones? ¿Qué actores podrían ingresar y que ustedes no lo consideren una competencia desleal? ¿Ven factible el ingreso de bancos, cajas de compensación, aseguradoras, u otras entidades?
No me corresponde opinar en detalle por coherencia con el criterio de separar roles entre el rol gremial y el empresarial. Es importante buscar mecanismos que mejoren las pensiones, que disminuyan las lagunas previsionales, ver la opción de estudiar un seguro que opere por sobre la esperanza de vida de 85 años. Especialmente, preocuparse por los trabajadores de la construcción de empresas más pequeñas.
El Presidente Piñera ya anunció que no bajará los impuestos corporativos debido a las urgencias fiscales y para cumplir el gasto social. ¿Respalda esta decisión?
La reforma tributaria vigente tiene muchos errores y tener dos sistemas genera asimetrías (…), por lo que es preferible unificar el sistema. Habría sido deseable una carga menor para las empresas, pero si se requiere para cumplir el gasto social, tendremos que esperar. Lo que sí es y será un impuesto regresivo es la incorporación del IVA en la vivienda (…) Definitiva y responsablemente, trabajaremos en reducirlo.
Por favor valore y pronúnciese en torno a las siguientes frases (si está de acuerdo o desacuerdo, medidas a adoptar, evaluación, etc.):
A) Voracidad inmobiliaria: Desde el otro lado, se podría decir demanda explosiva. Hace 20 años Santiago crecía como “una mancha de aceite”, según un estudio del CEP, por su extensión incontenible. Hoy vemos una densificación de las zonas mejor ubicadas, con acceso a transporte, servicios e infraestructura (…) La demanda también cambió. La proporción se invirtió y de las ventas 70% son departamentos y 30% casas.
B) Concesión de hospitales: Es un mecanismo que resuelve una realidad innegable: el Estado no tiene los recursos suficientes para invertir en la infraestructura que el país necesita. Debemos saltar a una nueva generación de concesiones, aprendiendo de los errores, mejorando los contratos, proyectos, condiciones y las instancias de resolución de controversias.
C) Ley de espacio público (aportar hasta el 44% de los terrenos a mitigaciones): Lamentablemente la ley se aprobó sin considerar algo que el gremio planteó, que es que los aportes de las empresas fueran a mitigar los impactos propios de los proyectos y no a resolver el déficit que se arrastra (…) Tampoco es posible cargar al precio de las nuevas viviendas el aumento del parque vehicular que crece a un ritmo del orden de 1.200 vehículos nuevos al día, esto es seis veces el ritmo de crecimiento del parque habitacional.
Fuente: El Mercurio, Domingo 15 de julio de 2018
