LA TERCERA – La descentralización y el impulso de las zonas extremas son aspectos claves en el camino de Chile hacia el desarrollo. Para ello la inversión en infraestructura en los territorios aislados y rezagados es vital, pues esta es la base subyacente de la riqueza y calidad de vida de sus habitantes.
En la actualidad las zonas extremas enfrentan un problema complejo en materia de inversión pública: la inequidad territorial. El Sistema Nacional de Inversiones (SNI) evalúa los proyectos de infraestructura pública con un enfoque de costo-beneficio que le asigna mayores beneficios a los planes que benefician a más personas. Por ello, las iniciativas emplazadas en zonas más pobladas, suelen tener una mejor valoración que aquellas en regiones con menor densidad poblacional (zonas extremas). Aquí puede surguir un círculo vicioso: no se desarrollan proyectos en territorios donde no hay demanda suficiente, pero a su vez no se genera desarrollo en dichas zonas por falta de infraestructura pública. O visto de otra manera, ¿qué es primero, el huevo (infraestructura) o la gallina (desarrollo/demanda)?
En Chile ya se han implementado políticas para afrontar la inequidad territorial como, por ejemplo, los Proyectos con Prioridad Presidencial, Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados y el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze). Estos últimos corresponden a levantamientos de proyectos que pueden ser evaluados bajo criterios de costo-eficiencia (mínimo costo presente), que permite desarrollar obras no rentables bajo los estándares de costo-beneficio habituales hasta el año 2020.
Otro caso de política de equidad territorial es la integración de la Ruta 5, con estándares de servicio y tarifas similares en toda su extensión, independientemente del tránsito observado y proyectado; ello se logró mediante un sistema de pagos y subsidios entre tramos de la Ruta 5, desde los con mayor tránsito a los de menor demanda.
Sin embargo, para abordar el problema de la inequidad territorial se requiere de medidas geopolíticas-estratégicas de largo plazo. A pesar del impulso que genera la materialización de proyectos hasta el año 2020 (fin del Pedze), si el desarrollo inducido por éstos no es suficiente, en el futuro estos territorios extremos podrían continuar con la problemática original.
En este contexto, se podría estudiar la alternativa de implementar indicadores multivariables de evaluación social que ponderen diversos factores como la tasa interna de retorno social, la conectividad intra e interregional, la pobreza, la presencia de infraestructura crítica (colegios, hospitales, etc.), entre otros. Así un proyecto con un retorno social menor al exigido hoy -pero en una zona con deficientes indicadores en las variables ya mencionadas- podría obtener la recomendación técnica favorable.
Estas iniciativas permitirían asegurar una inversión y priorización de proyectos descentralizada, manteniendo la eficiencia en la asignación de recursos mediante el uso de indicadores objetivos, evitando los “elefantes blancos”. Su implementación fomentaría el desarrollo de las zonas rezagadas y ya no importaría qué fue primero: si el huevo o la gallina.
Fuente: La Tercera, Martes 05 de junio de 2018
