EL MERCURIO – Un total de 23 proyectos pertenecientes a la Región de Valparaíso son los que buscará destrabar la nueva oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, que justamente fue creada por el Gobierno para detectar los obstáculos administrativos con los que se enfrentan las iniciativas durante las distintas fases de tramitación.
Entre los proyectos más destacados-que en su conjunto superan los USD 6.055 millones- figuran la carretera eléctrica Cardones-Polpaico, de Interchile; la concesión de la Ruta 66, también conocida como el Camino de la Fruta; los tres embalses proyectados para la zona interior; el Terminal Dos de Valparaíso; y los futuros hospitales de la región.
Pero además, en la cartera de 203 proyectos a nivel nacional, se incorporó el tren rápido entre Valparaíso y Santiago que desde inicios de este año ha impulsado el consorcio TVS, integrado por el conglomerado chino Railways Group Limited (CREC) y las nacionales Sigdo Koppers y Latinoamérica Infraestructura.
VALORAN RECONOCIMIENTO
Hasta ahora, el Ejecutivo no había entregado mayores luces sobre la iniciativa privada que el consorcio le hizo llegar a la entonces Presidenta Michelle Bachelet, sobre todo porque desde la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) también vienen trabajando desde hace un tiempo en un proyecto similar, de una plataforma logística ferroportuaria.
Por ello, la señal otorgada por el Gobierno fue valorada por TPS, donde incluso aseguraron que una buena parte del trazado podría construirse durante la actual administración si es que efectivamente se lo gran agilizar los trámites.
“Nuestra interpretación es positiva, principalmente porque se reconoce que el proyecto es urgente y de una necesidad muy importante para resolver el tema de la congestión, la conectividad con Valparaíso y el transporte de carga con los puertos”, comentó ayer a El Mercurio de Valparíso el gerente general de TVS, Álvaro González.
Para concretar el aceleramiento de los proyectos, este lunes el Presidente Sebastián Piñera anunció doce medidas, entre ellas “facilitar los procedimientos administrativos para la adquisición o ejercicio de derechos”, reduciendo así los tiempos que normalmente demora el sector público.
Fuente: El Mercurio, Jueves 17 de mayo de 2018
