DIARIO FINANCIERO – Con la presencia de casi todo su gabinete, el presidente Sebastián Piñera finalmente comunicó las medidas pro inversión de su gobierno, lo que constituye el primer anuncio concreto en materia económica.
Desde La Moneda, y ante la atenta mirada del mundo empresarial presente en el Salón Montt Varas, el mandatario hizo un guiño a la administración de Michelle Bachelet y afirmó que algunas medidas fueron propuestas por su sucesora.
“Usted va a reconocer varias iniciativas del gobierno anterior” en este proyecto de ley, le dijo el jefe de Estado al exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, presente en la ceremonia.
“No hay nada más progresista que el proceso y no hay nada más retrógrado que el estancamiento”, dijo el presidente, quien paralelamente firmó el decreto que establece la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS).
En su discurso, el mandatario dijo que la inversión había caído de manera sistemática en los últimos cuatro años y que las actuales trabas a proyectos suman inversiones por US$ 65.000 millones.
Esa misma línea, estimó que 250 mil nuevos empleos se crearán con los 203 proyectos que se buscará destrabar.
“No hay nada más progresista que el proceso y no hay nada más retrógrado que el estancamiento”, afirmó el mandatario en La Moneda.
El jefe de Estado precisó que la GPS trabajará para que dichos proyectos se pongan en marcha “para el beneficio de la población”, pero siempre y cuando “cumplan con la legislación”.
Entre las medias adicionales informadas por el mandatario se cuentan:
- Permitir a las municipalidades la entrega -de manera inmediata- de una patente provisoria por dos años, para todos aquellos locales que cumplan con los requisitos que establece la ley, de forma tal que la burocracia no sea un freno o una postergación de la iniciativa, el emprendimiento de nuestros pequeños y medianos empresarios;
- Implementar una plataforma digital, para hacer los trámites electrónicos ante las Direcciones de Obras Municipales y dar mayor certeza jurídica a los permisos que emanan de las Direcciones de Obras Municipales y evitar, en consecuencia, esa incertidumbre permanente que acompaña a muchos de nuestros proyectos de inversión;
- Reducir significativamente los tiempos de aprobación de los proyectos de obras hidráulicas, que hoy día toman años, evitando en muchos casos la innecesaria doble aprobación por unidades del mismo ministerio, como es el caso de la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas;
- Permitir que se constituyan garantías, prendas o hipotecas sobre los derechos de concesiones marítimas. Si el Estado entrega u otorga una concesión marítima, esa concesión tiene que facilitar el financiamiento para poder llevar adelante el proyecto asociado a ella;
- Crear una plataforma digital para recibir y tramitar todas las presentaciones relacionadas con los derechos de aprovechamiento de aguas, que hoy día toman mucho tiempo, son muy engorrosas y, a veces, generan mucha incertidumbre;
- Permitir que SERNAGEOMIN mantenga actualizado el Catastro de Concesiones Mineras, usando las publicaciones de los Boletines Oficiales de Minería, de forma tal de que todos sepan, en forma oportuna y transparente, cuáles son las concesiones mineras que están otorgadas o en trámite de otorgamiento;
- Regular la suspensión provisoria de una obra nueva, evitando que, muchas veces, demandas infundadas paralicen grandes proyectos de inversión, generando un tremendo daño no solamente al inversionista, sino que a la comunidad que acoge esa inversión y al país entero;
- Facilitar los procedimientos administrativos para la adquisición o ejercicio de los derechos, permitiendo que revisores independientes puedan hacer las inspecciones que muchas veces el sector público se demora años en hacer. Y eso va a dar más rapidez, agilidad y certeza jurídica a los permisos que otorga el Estado;
- Permitir que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir entre distintos tipos de fuentes contaminantes, para que se puedan concentrar sus esfuerzos de mitigación en aquellas fuentes que son las más dañinas y las que mayor perjuicio provocan;
- Facilitar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir el pronunciamiento de servicios cuando éstos no están fundados o cuando se encuentran absolutamente fuera de su competencia, de forma tal de evitar esta verdadera proliferación de opiniones sin fundamentos y a veces fuera de su ámbito de acción, que a la larga lo único que hace es que los proyectos de inversión les toma años poder lograr los necesarios permisos de evaluación ambiental, sin sacrificar en un ápice la calidad de la evaluación ambiental para proteger nuestro ambiente y naturaleza, pero sí sacrificando burocracia o excesos innecesarios;
- Establecer un procedimiento que permita que los interesados en presentar un proyecto a evaluación ambiental, puedan pedir y obtener un pronunciamiento previo de parte de la autoridad competente, para saber si es pertinente o no es pertinente dicha evaluación, cosa que hoy día, muchas veces, constituye otro obstáculo más para poder llevar adelante proyectos;
- Reforzar al Servicio de Evaluación Ambiental como una ventanilla única, respecto de todos los permisos sectoriales que tenga que entregar el Estado para la evaluación de un proyecto de inversión, y no tener ventanillas múltiples, muchas veces contradictorias, que nuevamente dificultan, encarecen y paralizan la inversión en nuestro país.
Asimismo el mandatario adelantó que a lo anterior “se va a sumar el trabajo del grupo para un gran Acuerdo Nacional para el Desarrollo de nuestro país, que vamos a dar a conocer en los próximos días”.
Fuente: Diario Financiero, Lunes 14 de mayo de 2018
