PULSO – En materia de inversiones, uno de los grandes desafíos que ha asumido el gobierno es “destrabar” el proceso de aprobación y ejecución de grandes proyectos. Sin lugar a dudas, esto afecta también a la infraestructura concesionada que, siendo proyectos de Estado, muchas veces se enfrentan a entidades y regulaciones del propio Estado que entraban su ejecución.
Como CPI hemos sido particularmente críticos de las dificultades a que se han visto enfrentadas diferentes iniciativas como resultado de una institucionalidad que no está orientada a precisamente facilitar el proceso de inversiones, sino más bien a verificar la calidad de los proyectos y al cumplimiento de las exigencias de diferente naturaleza que estos deben satisfacer. Esto se ha visto profundizado por la falta de coherencia, entre las diferentes expresiones institucionales respecto de la importancia de los proyectos para el desarrollo del país y la ausencia de un mecanismo que permita dirimir las legítimas diferencias que puede haber entre entidades respecto del efecto en el territorio de los grandes proyectos de infraestructura.
Un agravante ha sido que, por falta de recursos y por un afán de priorizar la adjudicación de un proyecto a un ejecutor privado, sea este un constructor o un concesionario, se le ha transferido la responsabilidad de la tramitación. Para buena parte de las obras deben ser los propios concesionarios o constructores los que tramiten los permisos de diferente naturaleza, cuando debiera ser responsabilidad del mandante.
Como consecuencia de lo anterior, y con el afán de comenzar a delinear un futuro de máxima colaboración entre todos los involucrados en proyectos de gran escala podría asumirse, como primer paso, un compromiso entre las partes que asegure una rápida ejecución de los proyectos ya aprobados y en fase de toma de razón por los organismos de control. Esto debiera movilizar recursos por más de US$ 2.000 millones en un plazo inferior a 18 meses. En paralelo, las autoridades responsables de las áreas de inversión más relevantes podrían identificar los proyectos de mayor importancia en cartera y comenzar desde ahora el proceso de diseño definitivo, aprobación de autorización ambientales y de participación ciudadana que aseguren que una vez traspasado a un privado, este puede iniciar la construcción prácticamente en forma inmediata.
Estamos seguros que, en los 18 meses en que se ejecuta el primer paquete de iniciativas, será posible reformular el proceso de aprobación de proyectos públicos y contar a fines del 2019 con una cartera de inversiones disponibles, las que rápidamente podrían ser realidad. En esta categoría debe haber cerca de US$ 4.000 millones adicionales, lo cual podría significar un impulso adicional a la economía.
Una tercera línea de acción debiera ser revisar las lógicas institucionales y los esquemas regulatorios de tal manera de alcanzar una cierta coherencia entre ellas, en función de una estrategia de desarrollo debidamente consensuada. Y si no es posible, afiatar los mecanismo que diriman las controversias entre organismos del Estado que pueden tener visiones diferentes desde sus especificidades.
Carlos Cruz L.
Secretario Ejecutivo
Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
Fuente: Pulso, Jueves 19 de abril de 2018
