DIARIO FINANCIERO – No avanzar en la licitación del Transantiago, que acaba de ser reactivada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, podría traer más de un dolor de cabeza al actual gobierno. La ministra de Transportes, Gloria Hutt, estaría trabajando en un plan para presentarlo al presidente Sebastián Piñera, para definir se concreta la licitación o extiende contratos.
Estos son algunos temas que pesarán en la decisión.
- La renegociación de contratos con los actuales operadores implicaría sentarse a la mesa con Alsacia, empresa que demandó en el CIADI al Estado por US$ 332 millones en daños y que solicitó US$ 56 millones adicionales en compensación por quedar fuera de la licitación.
Si se decide extender los contratos, la empresa -junto a Express- podría intentar incluir algún pago extra pensando en las indemnizaciones a trabajadores que deberá pagar cuando termine finalmente su operación, la que se estima hoy llega a US$ 58 millones
Además, también habrá que ver qué hacer con los servicios de dos operadoras que sus contratos vencen en mayo, STP y Redbus, por lo que “las condiciones en que negocian será clave y esto podría traer un aumento del pago por pasajero transportado”, explicó el exdirector del Directorio de Transporte Público Metropolitano, Guillermo Muñoz.
- La incertidumbre laboral de los choferes también podría gatillar una crisis, ya que las movilizaciones y el paro de la locomoción para lograr una salida que les permita continuar con sus lugares de trabajo o el pago de sus finiquitos, podría derivar en una crisis mayor para un apretado sistema operacional.
“Veo un riesgo en el tema de conductores, ya que si hay algo que les complica es la incertidumbre laboral. Ellos buscarán indemnizaciones o que se les respete la antigüedad” cuando se renueve el operador, explica el exdirector del Transantiago, Raimundo Cruzat.
- Otra arista es el reclamo de los privados. Las empresas internacionales que quedaron en carrera podrían presionar para que se cumpla con el cronograma, dado que el TDLC declaró que no existe riesgo en cuatro de las unidades de negocios.
Esto además conlleva que privados busquen defender sus inversiones, más aún los fabricantes de buses, que ya habrían iniciado la construcción de algunas partidas. “Esas son decisiones de privados y no hay ninguna responsabilidad para el Estado”, dice Cruzat. Para Muñoz, no concretar el concurso asume costos en la imagen de Chile, más aún pensando que habrá que licitar el otro 50% del sistema en 2020.
Fuente: Diario Financiero, Jueves 15 de marzo de 2018
