EL MERCURIO – El reciente ataque de grafiteros a la piedra que tiene inscrita la carta de 1545 de Pedro de Valdivia al rey Carlos V en el cerro Santa Lucía. La destrucción de parte de la escultura Ícaro y Dédalo, en el frontis del Museo de Bellas Artes, tras el retiro de faenas de la Fórmula E. El daño producido a los adoquines, por la misma carrera. Todos han sido ejemplos recientes de la fragilidad con que el patrimonio se inserta en el paisaje de las ciudades chilenas.
Se trata de muestras aisladas comparadas con otros daños de mayor envergadura: la destrucción de edificios no protegidos a tiempo, como el edificio de protección mutua, en pleno centro de Santiago, o el deterioro constante a zonas de alto valor patrimonial, como los cerros de Valparaíso interrumpidos por torres de 20 pisos.
Los casos son infinitos y reflejan un déficit de fondo: la falta de una institucionalidad que resguarde el patrimonio en el país. Si bien existen figuras y entidades, como el Consejo de Monumentos Nacionales, hoy actúan sobre el patrimonio cinco ministerios y varios servicios públicos. Todos con sus potestades se superponen, lo que termina por anular sus capacidades de acción.
Para revertir este problema, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) prepara el lanzamiento de una política patrimonial con 18 propuestas de mediano y largo plazo. Entre las iniciativas destaca una nueva ley de patrimonio que deja atrás la Ley de Monumentos Nacionales, con nuevas herramientas de gestión y financiamiento. También se crea un nuevo Consejo Nacional de Patrimonio, dedicado a evaluar y aprobar solicitudes de declaratoria de patrimonio.
Por otra parte, se crean figuras de resguardo en los planes reguladores, con mecanismos regulatorios. Además, se plantean planes integrales de patrimonio, vinculantes a todas las decisiones sobre el territorio.
“No es posible construir acuerdos urbanos para valorizar el patrimonio urbano si se mantiene la actual fragmentación, centralismo y superposición de autoridades e instrumentos reinante en el tema. Si no se reordenan las responsabilidades de cada nivel de gobierno y no se modernizan los instrumentos normativos, integrándolos con financiamiento y gestión del patrimonio, continuarán los conflictos urbanos y el deterioro del patrimonio construido y de paisaje”, afirma Luis Eduardo Bresciani, presidente del CNDU.
La propuesta incluye alternativas de financiamiento, como exenciones de impuestos territoriales a los propietarios de inmuebles patrimoniales protegidos y la deducción de renta de los gastos de mantención, rehabilitación o conservación en que incurran los propietarios del patrimonio construido, con un tope de hasta $8,5 millones al año. También se establecen mecanismos de adquisición del Estado, concesiones privadas de inmuebles públicos y la flexibilización de la Ley de Donaciones Culturales. Además, se busca que la gestión del patrimonio quede radicada en el futuro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Propuesta
Incluye la flexibilización de la Ley de Donaciones Culturales.
Fuente: El Mercurio, Lunes 26 de febrero de 2018
