EL MERCURIO – La reconsideración que solicitó el Ministerio de Transportes para que el Tribunal de defensa de la Libre Competencia (TDLC) no objetara las bases de licitación de aproximadamente el 50% de la flota del Transantiago no fue acogida. Esa decisión le impide, por tanto, al actual gobierno adjudicar las seis zonas de provisión de este servicio en la Región Metropolitana antes de que termine su mandato. Será, por tanto, la próxima administración la responsable de desarrollar este proceso.
El TDLC vela por la libre competencia en el país y estimó que las bases constituían un atentado contra ella. En particular, consideró que la forma de evaluar la experiencia de oferentes que no son actualmente prestadores del servicio limitará las posibilidades de competir con los actuales prestadores, incluso si tienen flotas similares en tamaño. Asimismo, el TDLC también argumentó que las restricciones establecidas en los contratos incentivarán -en la práctica obligarán- a los operadores a actuar coordinadamente. Algunos ministros del Tribunal objetaron, además, que no se resolviera adecuadamente la propiedad de los terminales, que es un activo esencial y les otorga ventajas a los actuales operadores.
En declaración pública, el Ministerio de Transportes comunicó que “procederá a evaluar ahora en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado las acciones legales que corresponda seguir para efecto de resguardar el interés público y el bien común comprometido en este proceso de licitación”. Es un planteamiento que llama la atención, toda vez que la falta de competencia advertida por el Tribunal es un grave atentado contra el interés ciudadano y la autoridad no ha dado buenas razones de por qué las disposiciones cuestionadas carecerían de ese riesgo. por cierto, la autoridad se está refiriendo a la necesidad urgente de actualizar los contratos que en sus inicios no dieron la prioridad debida al interés de los usuarios. Así, se modificó el esquema de incentivos para que los prestadores entreguen un mejor servicio y disminuya la evasión. Al mismo tiempo, se apostó por la renovación de la flota. Las bases de licitación avanzaban en esta dirección y, además, aseguraban buses menos contaminantes. Pero aspectos como estos y otros eran condiciones mínimas de la licitación, ampliamente compartidas, por lo demás.
la licitación de nuesvo contratos ya había recibido críticas desde distintos sectores. Se cuestionó, por ejemplo, la tardanza con la que se encargaron los estudios para la licitación. En su etapa final, además, se intentó avanzar en la licitación a una velocidad no recomendable. No se puede olvidar que las bases se conocieron a fines de octubre, y el 27 de diciembre los interesados debieron hacer sus propuestas. No es extraño, entonces, que después de que 69 consorcios compraran las bases solo siete presentaran una oferta para las seis áreas licitadas. Más curioso aún es que los actuales operadores no compitieran en alguna de estas áreas.
La suspensión de la licitación no está exenta de costos. Las extensiones que, en una primera etapa, habrá que hacer a los actuales contratos tienen un precio no despreciable. Además, antes de iniciar este proceso, tendrán que mejorarse sustantivamente las bases, lo que será tarea del nuevo gobierno, cuyos equipos han mostrado una cierta inclinación en favor del metro, el que se quiere extender a cuatro líneas más. Quizás como solución de largo plazo y con toda la experiencia y costos que ha acumulado el Transantiago, ese camino puede ser el adecuado, pero en la actualidad el transporte público de superficie sigue siendo indispensable para movilizar a cientos de miles de santiaguinos. El nuevo gobierno, entonces, tiene que abocarse a asegurar las mejores bases de licitación posibles que signifiquen un cambio relevante en la calidad del transporte público en la capital. Con todo, ellas servirán de poso si no van acompañadas de otras medidas que le brinden al Transantiago la posibilidad de operar efectiva y eficientemente.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 14 de febrero de 2018
