EL MERCURIO – Hasta el Consejo de Ministros recurrirán algunos habitantes del sector de Pinto, unidos en la agrupación Diguillín Libre, quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico Halcones, que la tarde de ayer, luego de dos horas y media de sesión en dependencia de la Intendencia fue aprobado en forma unánime por la Comisión de Evaluación Ambiental.
La iniciativa contempla una inversión de US$ 24 millones y tiene como objetivo proveer energía limpia y renovable, desde una fuente técnica y ambientalmente factible, a partir del uso de los recursos hídricos del Río Diguillín, mediante la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada que permite generar 12 MW de potencia, los que son aportados al Sistema Interconectado Central por una línea de 66 kV que empalma con la línea de transmisión existente de la empresa Copelec.
RECOMENDACIÓN DEL SEA
Desde temprano unas 30 personas se reunieron en el frontis del edificio del gobierno regional para protestar en contra de la iniciativa que, si se siguen los cursos normales, iniciaría construcción a principios del próximo año.
Antes de la votación, la iniciativa de Ernc ya contaba como antecedente con la recomendación de aprobación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Por ello, se esperaba una votación favorable, que fue de 10 votos a favor. Solo faltaron las definiciones de las seremis de Agricultura y Vivienda, cuyos representantes no estuvieron.
Antonio Belmar, vocero de la agrupación Diguillín Libre, y que tuvo la oportunidad de exponer en la sesión, afirmó que estaban muy molestos con lo ocurrido en el consejo, “pero vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Se planteó aquí, pero no hicieron caso, que no se cumplió con la ley y lo podremos comprobar ante el consejo de ministros”.
Adelantó que concurrirán a esa instancia una vez que estén las resoluciones ambientales de todo este proceso “mentiroso” presentarán las reclamaciones ante el SIA y al consejo de ministros. Ahora, en caso de que ahí no pase nada, irán a los Tribunales Ambientales, pasando por la Contraloría para ver “si hay influencia de poder en esto, porque no lo tenemos claro”.
Han sido cinco años de un trabajo conjunto con las juntas de vecinos, los distintos operadores turísticos, las agrupaciones sociales tales como el Club de Arrieros y las distintas comunidades de la zona que tienen interés en el desarrollo de un Turismo Sustentable en el Valle de Atacalco.
Pedro Matthei, gerente general de Aaktei Energía, señaló que están satisfechos por el resultado de la votación porque han sido muchos años de trabajo junto con la comunidad para dar vida a lo que a su juicio es un proyecto único, que no solo es de energía renovable, de muy bajo impacto, sino que también, contribuye fuertemente a la conservación ambiental, sino que al desarrollo social local.
LO MÁS DIFÍCIL
Tras la aprobación, ahora viene lo más difícil, según planteó el ejecutivo, que es concretar la iniciativa. “Hemos estado trabajando en el diseño de ingeniería, además de inclusivo y participativo. Luego el proceso de evaluación ambiental y ahora viene el levantamiento de recursos. Contando con los permisos podemos iniciar la construcción que sería a inicios del 2019”, estimó.
Se cree que serán unas 150 nuevas plazas de trabajo mensual el alcance de la iniciativa sólo en su etapa de construcción. Es más, de existir mano de obra calificada y/o profesionales en la zona, el titular ya ha señalado de manera clara que se dará preferencia a estos, aumentando los puestos de trabajo disponibles para la comunidad local.
Previo a la votación, el vocero del la agrupación Diguillín Libre Antonio Belmar, leyó una declaración pública en que solicitaron a los miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental, y a los órganos del Estado responsables del proceso y su posterior resolución, emitir un pronunciamiento desfavorable a la ejecución del proyecto.
Esto, según afirmó, porque el proceso de Evaluación Ambiental del proyecto no ha brindado la debida oportunidad de participación justa, equitativa y de buena fe que la Constitución Política y los actos administrativos deberían asegurar a los ciudadanos. “Esto por adolecer de serias irregularidades administrativas lo que en especial ha tenido consecuencias para la oportunidad de participación ciudadana y por otro lado ha significado una extensión de tiempo excesiva del proceso llegando a 1.520 días en vez de los 173 días legales”, afirmó.
Agregó que específicamente esto se refiere a lo indicado en el Artículo 4°, que sostiene que es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 14 de febrero de 2018
