LA TERCERA – Fallo señala que los plazos y el uso de terminales “aumenta las ventajas” de los operadores actuales. Gobierno acatará la resolución, pero “estudiarán nuevas acciones legales para resguardar el proceso”.
El último revés en la larga ruta que ha tenido la licitación del Transantiago, proceso que permitirá renovar el 50% de la flota, modificar el esquema de pagos a los actuales operadores e incluir nuevos indices para mejorar la calidad del sistema, ocurrió este lunes.
Durante la tarde se conoció el fallo del Tribunal de Defensa para la Libre Competencia (TDLC) que mantiene paralizado el proceso y prácticamente sepulta la idea del gobierno de adjudicar las seis zonas de la capital en competencia antes de que termine la administración, el próximo 11 de marzo.
Según señala el fallo del TDLC, “la forma discontinua de evaluar la experiencia de los oferentes que no son actualmente operadores del sistema distorsionaría la capacidad de competencia entre oferentes que manejan flotas de buses de tamaño similar”.
Además agrega que “los ministros Domper y Arancibia estuvieron por mantener la medida cautelar por considerar, además, que tanto el plazo efectivo para formular las ofertas luego de terminado el proceso de preguntas, aclaraciones y respuestas; como las cláusulas relativas a los terrenos para los terminales, parecen aumentar las ventajas competitivas de los incumbentes”.
El proceso fue iniciado por la empresa Transanber a fines de diciembre de 2017 debido a que, según señalan en su presentación al tribunal, el proceso impulsado por el Ministerio de Transportes dificultaba la libre competencia al introducir “barreras de entrada ficticias y falta de información, lo cual favorece a los operadores vigentes”. Una de ellas, señalan, el requisito de contar con terminales.
Respecto a la decisión del TDLC, Jorge Ibarra, abogado de Transanber, señala que “estamos contentos porque da la esperanza de poder participar en una futura relicitación. Además se confirma que desde el inicio habían vicios, y el tribunal lo reconoce: el proceso no garantiza la competencia”.
Ibarra agrega que “además de no entregar garantías para la utilización de los terminales, los plazos eran muy exiguos, impedían hacer una evaluación sería”, señaló.
Desde el gobierno informaron que acatarán “íntegramente el fallo del Tribunal, haciendo presente que este es el primer proceso de licitación de esta envergadura en más de 10 años, el que fue llevado a cabo con estricto apego a la ley y validado por los distintos organismos competentes que conocieron del asunto en cada una de las etapas previas”.
A través de un comunicado agregaron que se “procederá a evaluar ahora en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado las acciones legales que corresponda seguir para efecto de resguardar el interés público y el bien común comprometido en este proceso de licitación, y adoptará todas las medidas legales a seguir para llevarlo a buen término, lo que se informará a la opinión pública oportunamente”.
Sobre una posible apelación de parte del ministerio, Jorge Ibarra señaló que “no vale la pena continuar con la contumacia. Por segunda vez el tribunal nos dio la razón, habiéndoles dado la oportunidad de ampliar su informe. Entonces no entiendo cuál es el interés del ministerio, si estas son políticas de Estado, no de un gobierno”.
Reacciones
De mantenerse el actual escenario, la licitación quedaría postergada hasta que concluya el proceso en el TDLC y los contratos de los actuales operadores deberían extenderse, lo que impediría desarrollar cambios al sistema, entre ellos la tan esperada renovación de flota.
Al respecto, el ex ministro de Transportes Pedro Pablo Errázuriz afirma que “es una lástima porque hay una urgencia bien grande, y eso va a hacer una responsabilidad del próximo gobierno, de renovar la flota lo antes posible. En ese sentido es una pena que el proceso haya sido tan malo que lleve al tribunal a cuestionarlo de esta forma”.
Rodrigo Troncoso, investigador de Libertad y Desarrollo, señala que otra consecuencia de la prolongación de los contratos de las actuales empresas es que podrían coincidir con el término de los contratos del otro 50% de los operadores, “lo que implicaría tener que licitar el 100% del sistema, lo que significaría un gran desafío”.
En tanto, Rodrigo Martin, académico de la USACh, afirmó que “es una mala noticia para los usuarios del Transantiago y la gente en general. No puedo decir que la licitación estaba perfecta, pero es un paso que estaba en deuda. Hace años que no se había hecho absolutamente nada”.
Agregó que “es preocupante porque las señales que da el futuro gobierno tiene más que ver con el Metro y poco interés en relación al tema de buses. Va a pasar mucho tiempo para tener alguna mejora de calidad de servicio del Transantiago”.
Fuente: La Tercera, Lunes 12 de febrero de 2018
