CPI – En seminario organizado por el CPI y la Intendencia metropolitana se coincidió en la oportunidad que se abre, a partir de la descentralización, para establecer un ordenamiento más expedito para administrar los proyectos e inversiones en infraestructura.
La nueva estructura que empezará a operar para los gobiernos regionales, a partir de 2021, presentará una serie de desafíos para la gestión de los proyectos de infraestructura, los que fueron analizados en detalle en un seminario organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y la Intendencia Metropolitana.
El evento reunió a autoridades y expertos en el área, los que coincidieron en señalar que el nuevo ordenamiento es una oportunidad para no sólo descentralizar la toma de decisiones, sino que también para hacer más eficiente la administración de los proyectos de inversión en infraestructura.
Se puso énfasis también en la necesidad de evitar duplicidades de organismos y de funciones que puedan entorpecer las inversiones, riesgo que se puede correr de no darse una organización adecuada o no ejercer correctamente las competencias que tendrán en áreas como transporte, vivienda, medio ambiente y obras públicas.
La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, destacó la fuerte centralización que muestra Chile donde el 89% de la población vive en ciudades, representando la Región Metropolitana el 41%.
“La inequidad es fuerte. En la Región Metropolitana hay 52 comunas, unas del primer mundo y otras que no cuentan con agua ni alcantarillado. El transporte es otro de los desafíos, aún hay 50 mil familias con un deficiente acceso o baja calidad cobertura del transporte público”, graficó para mostrar los numerosos temas a los que deberán abordar los nuevos gobernadores que serán electos en octubre del próximo año.
La intendenta enfatizó que el 69% de las ciudades de los países miembros de la OCDE, con más de 500 mil habitantes, cuentan con autoridad metropolitana, lo que -según afirmó- contribuye a disminuir brechas de equidad.
Entre las nuevas funciones que tendrá el nuevo gobierno regional destacan ocuparse del ordenamiento territorial y gestión de residuos que incluirá el definir la localización para la disposición de residuos y la infraestructura asociada. También deberá elaborar su propio plan de inversiones en movilidad y espacios públicos; participar en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y de equipamiento en la región y proponer territorios como zonas rezagadas en materia social y su respectivo plan de desarrollo.
Mirada país y regional
La abogada y ex ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, advirtió que hay obras que requieren una mirada de país y que no pueden quedar sólo en la definición de los gobiernos regionales. “Obras de impacto nacional en términos de productividad y desarrollo como puertos, aeropuertos internacionales, obras de infraestructura en red o que tengan impacto en más de una región o de complejidad técnica o administrativa, debieran planificarse a nivel de gobierno central”, detalló.
En cambio, dijo, las obras exclusivamente de impacto regional pueden radicarse en el gobierno regional.
Lo mismo debiera regir para el financiamiento, licitación y fiscalización. En opinión de Loreto Silva el presupuesto de los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Salud debe orientarse a las obras de impacto país o interregional y de gran complejidad técnica, lo que en su opinión debiera traducirse en una disminución del aparato público a nivel nacional.
“La nueva estructura organizacional debiera contribuir a la eficiencia en la planificación y ejecución de obras, a la creación de valor en las regiones y evitar la superposición de funciones y el ‘clientelismo’ en la toma de decisiones de inversión. De lo contrario se corre el riesgo de entrampar la inversión. También hay que simplificar la toma de decisiones”, propuso.
Por su parte el consejero del CPI y del Consejo de Desarrollo Urbano, Pablo Allard, sostuvo que, dado el grado de desarrollo alcanzado por el país, uno de los desafíos es avanzar en la descentralización y devolución de competencias y capacidades hacia los gobiernos regionales.
En este sentido, remarcó que hay ingredientes básicos para que funcione un buen gobierno metropolitano. Entre ellos mencionó la legitimidad política (elección directa de concejales y Alcalde Mayor o Gobernador); el gobierno nacional debe dar legitimidad a las autoridades metropolitanas a través de legislación que fije responsabilidades, poderes y recursos; y que los límites geográficos coincidan con los límites de la región económico-funcional.
También puso énfasis en la necesidad de contar con personal adecuado y capacitación para garantizar la debida capacidad institucional local; asignación clara de responsabilidades de gastos y fuentes de ingresos entre el Gobierno Nacional, Regional y local, y que los niveles metropolitanos y locales y las áreas metropolitanas cuenten con autonomía fiscal en el manejo y asignación de sus recursos.
Por su parte Diego Savino, gerente general de Grupo Costanera, destacó la relevancia que tiene, para los proyectos de infraestructura, la coordinación con el territorio, tanto en la concepción del proyecto como en las etapas posteriores, para evitar ineficacias que podrían afectar plazos y costos de las obras públicas fiscales, comprometiendo la rentabilidad social de los proyectos e incluso, llegando al punto de inviabilizarlos.
Además, hizo notar que, en general, los proyectos tardan tiempo en concretarse –en promedio entre 4 y 10 años- periodo en el cual es probable que se produzcan cambios en el contexto del territorio, lo que puede generar nuevas problemáticas al momento de la construcción de la obra. Añadió que a esto se suman otros factores, como mecanismos y normativas de ordenamiento territorial que no siempre conversan unos con otros, procesos de Participación Ciudadana (PAC) que en muchos casos carecen de continuidad y formalidad en el tiempo y licitaciones de anteproyectos sin Resolución de Calificación Ambiental (RCA), o con RCAs desfasadas respecto al inicio de la obra, todos hechos que pueden impactar negativamente en los proyectos.
En ese sentido, enfatizó, el rol de una autoridad regional con atribuciones de ordenamiento territorial y en fuerza pública, con una mirada de largo plazo, contribuiría a agilizar la construcción de los proyectos, y permitiría proyectar las obras de manera sistémica como solución integral para el territorio en su conjunto y no para un área específica. En esta misma línea advirtió que las nuevas autoridades regionales “deben ir más allá de los intereses políticos sin entrar en competencia con la autoridad central”, para lograr consensos que permitan avanzar en los proyectos.
Finalmente, Paola Tapia, ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones y directora de la carrera de Derecho de la Universidad Central de Chile, advirtió que para que la nueva ley sea efectiva -a nivel general- se requiere que los distintos actores involucrados “estén dispuestos a ceder cuotas importantes de poder”. En cuanto a los desafíos que enfrentan los gobiernos regionales –institucionalidad, marco normativo, inversión pública, participación ciudadana y focalización- aseveró que la ley aprobada y vigente da la pauta para enfrentarlos apropiadamente.
“En términos de institucionalidad” –afirmó- “esta crea una nueva división de infraestructura y transporte; crea las áreas metropolitanas con un consejo de alcaldes; crea una coherencia de acción con los gobiernos regionales y, muy importante, establece una coherencia con la política nacional, de tal manera que los ministerios seguirán ejerciendo la política y el gobierno regional va a planificar, gestionar e invertir en su región lo que le competa, de acuerdo, por obligación de carácter vinculante, con la política nacional”. En cuanto al marco normativo, la exministra explicó que este está también previsto en la ley, por ejemplo, a través del plan de ordenamiento territorial y zonificación del borde costero. En términos de inversión pública, se refirió a los acuerdos de programación y a la capacidad del gobierno regional de asignar recursos sobre la base de lo que le aprueba el consejo regional, además de planes de inversión en movilidad e infraestructura pública.
En lo que se refiere a participación ciudadana, afirmó la exministra Tapia, esta está reflejada en la elección democrática de los gobiernos regionales, en la participación de la ciudadanía en el plan de ordenamiento territorial y en la obligación de crear un consejo de la sociedad civil que hoy no existe. Y finalmente, en cuanto a la focalización, explicó que los gobiernos regionales podrán focalizar aquellas zonas rezagadas y priorizar proyectos de infraestructura social básica.
“Todo esto está contemplado en el proyecto de ley de fortalecimiento regional, como facultades del gobernador regional electo, lo que debería permitir enfrentar el desafío que viene, que tiene que ver con que en las ciudades no solo se viva, sino que se conviva”, finalizó.
https://www.infraestructurapublica.cl/wp-content/uploads/2019/08/Presentacion-CPI-09-07-2019-Loreto-Silva.pdf
Ver presentaciones
- Karla Rubilar, Intendenta Región Metropolitana
- Loreto Silva, exministra de Obras Públicas, Consejera del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
- Pablo Allard, Decano Facultad de Arquitectura y Arte, Universidad del Desarrollo; Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
- Diego Savino, Gerente General Grupo Costanera
- Paola Tapia, Directora Derecho Universal Central
