DIARIO FINANCIERO – En agosto de este año, el Presidente Sebastián Piñera anunció el comienzo del proceso de licitación de la red 5G. Tras largas conversaciones en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, y con el fin de reducir las brechas digitales, se incorporaron las llamadas “contraprestaciones”, lo que obligará a las empresas ganadoras del concurso a instalar infraestructuras que aseguren la disponibilidad de conexión a internet en las zonas más alejadas de los centros. Sin embargo, el proceso licitatorio podría quedar paralizado por años si prospera la consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y posible demanda contra la Subsecretaría de Telecomunicaciones realizada por una compañía.
La tendencia hacia una población más conectada hace que las redes comunicacionales sean parte importante del motor del desarrollo. De ahí que, ante el constante cambio que presentan las nuevas tecnologías, las infraestructuras deban adaptarse a ese dinamismo y ser capaces de ofrecer las condiciones aptas para su uso. En el caso de nuestro país, el 85% de los chilenos son usuarios de internet y, en el último periodo, ha aumentado su demanda tanto por las nuevas tecnologías, como por el cambio en las conductas que impulsó la pandemia. En efecto, de enero a junio hubo un aumento del tráfico total de internet fija y móvil equivalente al 53,5% y 43,4%, respectivamente, en comparación al año pasado, y se estima que, a septiembre del 2020, un 27,1% de las empresas siguen manteniendo medidas de trabajo remoto.
Enfrentar este nuevo escenario requiere incrementar la cantidad de espectro disponible, su eficiencia y densificación de la red. Sin embargo, la excesiva carga burocrática perjudica el potencial del país en tanto aumenta los costos de, por ejemplo, construir más antenas, llegando a niveles incluso superiores de los que hay en algunos países desarrollados. En consecuencia, uno de los primeros problemas que debiera abordar la autoridad consiste en evaluar cómo desburocratizar esas gestiones y así acelerar el proceso de adaptación al mundo digital. En la misma línea, lograr que la red 5G efectivamente se utilice tanto en el sector público como privado requerirá del diseño de programas de acompañamiento y capacitación a través del SENCE.
El retraso en la implementación y utilización de este tipo de tecnologías no solo reduciría las posibles ventajas comparativas que Chile podría lograr, sino que también perjudicaría la reactivación económica que tanto se requiere. Últimamente ha quedado de manifiesto que mejorar y expandir la conectividad digital representa una condición necesaria para aprovechar las oportunidades que ofrece la sociedad. En esta línea, el Gobierno ha hecho un notable esfuerzo por mejorar la calidad de acceso a internet y disponibilidad. Queda por saber si las empresas ganadoras del concurso ofrecerán un servicio a la altura de las expectativas que se han generado, y si se llevará adelante algún plan que incluya los desafíos señalados.
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Fuente: Diario Financiero, Jueves 17 de Diciembre de 2020
5G, un costoso retraso, por Alfonso España
DIARIO FINANCIERO – En agosto de este año, el Presidente Sebastián Piñera anunció el comienzo del proceso de licitación de la red 5G. Tras largas conversaciones en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, y con el fin de reducir las brechas digitales, se incorporaron las llamadas “contraprestaciones”, lo que obligará a las empresas ganadoras del concurso a instalar infraestructuras que aseguren la disponibilidad de conexión a internet en las zonas más alejadas de los centros. Sin embargo, el proceso licitatorio podría quedar paralizado por años si prospera la consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y posible demanda contra la Subsecretaría de Telecomunicaciones realizada por una compañía.
La tendencia hacia una población más conectada hace que las redes comunicacionales sean parte importante del motor del desarrollo. De ahí que, ante el constante cambio que presentan las nuevas tecnologías, las infraestructuras deban adaptarse a ese dinamismo y ser capaces de ofrecer las condiciones aptas para su uso. En el caso de nuestro país, el 85% de los chilenos son usuarios de internet y, en el último periodo, ha aumentado su demanda tanto por las nuevas tecnologías, como por el cambio en las conductas que impulsó la pandemia. En efecto, de enero a junio hubo un aumento del tráfico total de internet fija y móvil equivalente al 53,5% y 43,4%, respectivamente, en comparación al año pasado, y se estima que, a septiembre del 2020, un 27,1% de las empresas siguen manteniendo medidas de trabajo remoto.
Enfrentar este nuevo escenario requiere incrementar la cantidad de espectro disponible, su eficiencia y densificación de la red. Sin embargo, la excesiva carga burocrática perjudica el potencial del país en tanto aumenta los costos de, por ejemplo, construir más antenas, llegando a niveles incluso superiores de los que hay en algunos países desarrollados. En consecuencia, uno de los primeros problemas que debiera abordar la autoridad consiste en evaluar cómo desburocratizar esas gestiones y así acelerar el proceso de adaptación al mundo digital. En la misma línea, lograr que la red 5G efectivamente se utilice tanto en el sector público como privado requerirá del diseño de programas de acompañamiento y capacitación a través del SENCE.
El retraso en la implementación y utilización de este tipo de tecnologías no solo reduciría las posibles ventajas comparativas que Chile podría lograr, sino que también perjudicaría la reactivación económica que tanto se requiere. Últimamente ha quedado de manifiesto que mejorar y expandir la conectividad digital representa una condición necesaria para aprovechar las oportunidades que ofrece la sociedad. En esta línea, el Gobierno ha hecho un notable esfuerzo por mejorar la calidad de acceso a internet y disponibilidad. Queda por saber si las empresas ganadoras del concurso ofrecerán un servicio a la altura de las expectativas que se han generado, y si se llevará adelante algún plan que incluya los desafíos señalados.
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Fuente: Diario Financiero, Jueves 17 de Diciembre de 2020
