LA TERCERA – El caso de la localidad de Los Lirios, en Santa Bárbara, en la Región del Biobío, representa una paradoja: está rodeada de ríos, pero no pueden gozar de esa agua y los vecinos se declaran en una permanente zona de sequía. Domingo Villarroel, agricultor del sector, cuenta que ante esta situación, la población es surtida a través de camiones aljibe cada ocho días. “Decenas de familias dependen de unos pocos litros para beber y darles a los animales”, relata.
La situación de esa comuna se extiende a lo largo del país: de acuerdo a la encuesta Casen de 2017, existen 1.431.162 personas pertenecientes a 478.308 hogares, que no poseen servicios básicos como agua potable, red del alcantarillado o bien declaran no tener una llave dentro de su vivienda (ver infografía). Ese extenso grupo fue definido por el Presidente Sebastián Piñera como población “vulnerable”, y encargó al Ministerio de Obras Públicas (con la colaboración del sector privado) hallar soluciones urgentes.
El problema revela iniquidad en el país. A modo de ejemplo, un habitante de Santiago llega a usar 200 litros de agua en una ducha de diez minutos, mientras que en las localidades sin red deben cuidar al máximo el agua que se usa para cocinar.
La Casen plantea que la mayor crisis se vive en La Araucanía, que registra 241.378 personas en esta condición y le sigue la Región Metropolitana con 224.499 habitantes.
Para el gobierno es clave acortar la brecha: el suministro ayuda a a la alimentación e higiene, con lo que previenen enfermedades. Además, hacer potable el recurso ayuda al sector productivo.
Gonzalo Vial, director ejecutivo de la Fundación Huella Local y participante en la mesa de trabajo, señala que su entidad da apoyo a las municipalidades, especialmente rurales, diseñando proyectos para crear infraestructura de captación de recursos hídricos.
Agrega que entre los problemas detectados está que las empresas sanitarias no llegan a estas zonas, pues llegar a estos territorios aislados resulta caro. “En esos casos, la responsabilidad de la inversión la debe asumir el Estado”, aclara Vial. Añade que también se ha apreciado que, muchas veces, los puntos de captación de agua se ubican en predios privados, donde los permisos son difíciles de conseguir o bien son rechazados.
Lucas Palacios, ministro de Obras Públicas (S), explica que la escasez hídrica “es una realidad, la que se puede seguir profundizando en el futuro. El MOP está siendo proactivo en enfrentar esta situación con un programa de obras y nuevas tecnologías que permitan abordar el problema”.
Derechos
Luis Mayol, intendente de La Araucanía, cuenta que una estrategia usada para superar esta brecha consiste en detectar los derechos de agua no utilizados y que tenían patentes impagas. Así, señala que el jueves se hizo un remate de 2,2 millones de litros de agua, la que sirve para uso potable, de riego, y electricidad, entre otros. Agrega que la Dirección General de Aguas del MOP se quedará con una cuota de esos derechos para luego entregarlos a municipalidades, comunidades mapuches o pequeños propietarios para desarrollar infraestructura para acceder a suministro.
En el caso de Los Lirios, en Santa Bárbara, el vecino Domingo Villarroel plantea que postularon durante 11 años a una red de agua, la que, finalmente, se implementará este año. Según Obras Públicas, se ha instalado 1.806 sistemas de agua potable en el país, que han beneficiado a 1.682.188 personas. Las regiones con la mayor cantidad de personas con estos proyectos son O’Higgins, con 282.766; El Maule, con 273.609 y el Biobío, con 205.631.
Gonzalo Vial dice que estas redes son clave para mejorar el sector productivo en las áreas de sequía. Así, por ejemplo, pescadores pueden exportar productos que cumplen con normas sanitarias, como también se pueden sacar del país frutas certificadas.
Fuente: La Tercera, Domingo 4 de noviembre de 2018
