EL MERCURIO – En momentos en que algunos parlamentarios han promovido que se declare bien de uso público el agua desalada, el senador Felipe Harboe propone dos caminos: crear una empresa público-privada, o bien, que sea una empresa privada con giro único, no del rubro sanitario, que se dedique solo a desalación.
Actualmente, en Chile se producen 5.570 litros de agua por segundo a partir de agua de mar. En los próximos cinco años, esa cifra crecerá en 160%, a 14.468 litros de agua por segundo, más del doble del caudal promedio del río Mapocho en un año normal. Según un catastro recopilado por el Ministerio de Obras Públicas, en todo el país operan 24 plantas desalinizadoras y sistemas de impulsión de agua de mar, y hay otros 22 proyectos en diferentes etapas de desarrollo.
Este tipo de iniciativas han surgido con mayor fuerza en los últimos años, como una manera de enfrentar la megasequía que azota al país hace más de una década.
El Gobierno dio un espaldarazo a ese tipo de tecnologías. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, enfatiza que “los costos de esta tecnología han ido bajando y van a seguir cayendo. La diferencia con otras fuentes se ha reducido y eso las convierte en muy buena opción para zonas del país donde el agua es muy escasa o tiene precios muy elevados, como el norte y para la industria minera, por lo que la instalación de plantas desaladoras es una buena alternativa y muy importante en algunas zonas. Dependiendo cómo evolucione el costo, en el futuro también puede ser una alternativa para la zona centro y sur, y también para otras actividades, como es el caso de la agricultura”.
El senador PPD Felipe Harboe, integrante de la comisión especial de Recursos Hídricos y patrocinador del proyecto que busca regular el uso de agua de mar para desalinizar —que se encuentra en primer trámite en dicha comisión en el Senado—, menciona que el objetivo primero de la iniciativa es instalar la discusión, “considerando que el Estado de Chile gasta al año $300.000 millones en camiones aljibe para proveer de agua. Hace falta una visión estratégica de Estado para abordar este tema”. El senador plantea que este tipo de soluciones hoy son más viables que hace una década, debido a la reducción de sus costos. “Los costos de energía han bajado entre 10% y 12% en los últimos 10 años, y se espera que vuelvan a bajar a partir de 2021, mientras que la tecnología lo ha hecho entre 20% y 25%”, acota el congresista.
En momentos en que algunos parlamentarios han promovido que para enfrentar la falta de agua se declare bien de uso público el agua desalada, Harboe enfatiza la visión estratégica que debe tener este tipo de desarrollos y propone dos caminos para compatibilizar el bien superior del país, que permita frenar la desertificación y recuperar terrenos de la zona centro-norte para producción agrícola, incorporando a los privados: crear una empresa público-privada, o bien, que sea una empresa privada con giro único, no del rubro sanitario, que se dedique solo a desalación. “Hay que promover la inversión en desalación con dos objetivos: uno estratégico para el país, el principal, de recuperar tierras degradadas y garantizar el riego para fines productivos, y segundo, que se le permita al privado hacer negocio con la venta de agua a terceros. Debemos incentivar la incorporación privada en este tipo de desarrollos y ahí el Estado podría encargarse de hacer toda la ‘permisología’ y después entregar una concesión, resguardando el objetivo central estratégico para el país”.
El agua de mar ya representa un 20% de toda la que usa la minería
La minería y la industria son los principales impulsores de iniciativas para desalar agua, pues con ese tipo de tecnología buscan garantizar el acceso a agua y dar continuidad operacional a las faenas. Ambos sectores representan, en conjunto, el 65,2% del total de plantas instaladas y el 82,4% de la capacidad total de desalinización.
“La minería, al ser una industria que opera en zonas desérticas, está constantemente buscando métodos y adoptando las mejores técnicas disponibles para enfrentar de mejor forma los desafíos en materia hídrica. El agua de mar ya representa un 20% de toda el agua que usa la minería”, comenta Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.
Según un estudio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), se espera que al 2029 el consumo de agua de mar en el sector minero aumente un 230% respecto del 2018. Asimismo, dentro de 10 años más se prevé que el agua de mar representará un 43% del agua requerida por la minería del cobre a nivel nacional, con una tasa de crecimiento promedio del 12,2% anual.
“Este mayor consumo se concentrará en la Región de Antofagasta, lo que se explica por las plantas ya existentes y los proyectos que vendrán: ampliación de la planta desalinizadora de Escondida (BHP), nueva planta de Spence (BHP), actualización de Esperanza (Antofagasta Minerals) y sus posteriores extensiones de red para abastecer el proyecto Encuentro, planta Distrito Norte de Codelco, para abastecer las divisiones de Radomiro Tomic, Ministro Hales y Chuquicamata de manera progresiva”, menciona Villarino.
En BHP explican que solo Escondida ha invertido a la fecha más de US$ 4.000 millones en plantas desalinizadoras y que la utilización de agua de mar es uno de los tres pilares de la estrategia hídrica de la compañía, la que contempla, además, la identificación de tecnologías de mayor recuperación de agua en los procesos productivos y la búsqueda de oportunidades de innovación tecnológica para disminuir su demanda. “Nuestra estrategia contempla un proceso de transición para dejar de usar agua de acuíferos altoandinos en 2030 y pasar a una matriz basada en agua desalinizada”, puntualizan.
En 2011, CAP decidió construir su planta desalinizadora al desarrollar el proyecto minero de hierro Cerro Negro Norte, en la zona de Copiapó, donde la escasez de agua es crítica desde hace ya ocho años. Con el tiempo la instalación se convirtió en multipropósito, pues además de distribuir el agua desalinizada a sus actividades productivas, también distribuye agua a los habitantes de la comuna de Caldera, a través de Aguas Chañar, y abastece actividades agrícolas de la zona, entregando agua a la comunidad de regantes del canal Mal Paso. “La evaluación ha sido muy positiva, ya que tenemos un suministro permanente y estable de agua que es aplicable a distintos sectores, tales como minería, industria, agricultura y para potabilización, sin impactar los recursos hídricos del acuífero de la zona, permitiendo abastecer nuestras propias operaciones y también las de terceros”, destaca José González, gerente general de Aguas CAP. En 2018, cuenta el ejecutivo, la compañía generó 7,4 millones de metros cúbicos de agua 100% desalinizada y adelanta que están analizando desarrollar nuevas plantas de este tipo.
El rubro eléctrico también posee plantas desaladoras con tecnología de osmosis inversa (purificación de agua). En Colbún explican que en 2017 pusieron en marcha una planta depuradora de agua en el complejo termoeléctrico Nehuenco, que les ha permitido optimizar el agua utilizada en el proceso de enfriamiento de la central, operando con la mitad de agua que consumía. AES Gener, en tanto, tiene desaladoras en todas sus centrales y recientemente obtuvo la aprobación para construir otras en sus plantas generadoras de Huasco y en Puchuncaví.
Primera planta estatal y la más grande de Latinoamérica
En el sector costero de Punta Zorro, comuna de Caldera, se construye la primera planta desaladora estatal, cuya primera fase está prevista que entre en operaciones en agosto de 2020, precisa el gerente general de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa), Patricio Herrera. “Esta es la planta desalinizadora de agua de mar más grande que se construye en Chile para consumo humano”, destaca.
La planta asegurará el consumo de agua potable a 210 mil personas de la Región de Atacama. Con US$ 250 millones de inversión a ejecutar en tres etapas, su objetivo será abastecer de agua potable a las ciudades de Caldera, Copiapó, Chañaral y Tierra Amarilla. Una vez en operación, producirá 1.200 litros por segundo de agua tratada y mitigará la falta de recursos hídricos de Atacama. “La construcción ya registra un 70% de avance”, apunta Herrera.
También en la Región de Atacama se planifica la que será la desaladora más grande de Latinoamérica, Enapac. Con una inversión inicial de US$ 500 millones, el grupo industrial chileno Trends —vinculado a Rodrigo Silva y que opera también en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y Panamá—, está impulsando la iniciativa que contempla una planta desaladora de gran escala (2.630 litros por segundo), una planta de energía solar (100 MW de potencia) y un reservorio de agua con capacidad para almacenar 600.000 metros cúbicos, para abastecer a múltiples usuarios de toda la Región de Atacama. La inversión global asciende a US$ 1.000 millones. El Estudio de Impacto Ambiental fue recientemente aprobado y se proyecta que la planta comenzará a operar en 2022, abasteciendo a ocho mineras de la zona con las que ya tiene un preacuerdo.
Fuente: El Mercurio, Domingo 06 de Octubre de 2019
Megasequía impulsa desarrollo de desaladoras en Chile: ya hay 24 plantas operando y hay otros 22 proyectos en diferentes etapas de avance
EL MERCURIO – En momentos en que algunos parlamentarios han promovido que se declare bien de uso público el agua desalada, el senador Felipe Harboe propone dos caminos: crear una empresa público-privada, o bien, que sea una empresa privada con giro único, no del rubro sanitario, que se dedique solo a desalación.
Actualmente, en Chile se producen 5.570 litros de agua por segundo a partir de agua de mar. En los próximos cinco años, esa cifra crecerá en 160%, a 14.468 litros de agua por segundo, más del doble del caudal promedio del río Mapocho en un año normal. Según un catastro recopilado por el Ministerio de Obras Públicas, en todo el país operan 24 plantas desalinizadoras y sistemas de impulsión de agua de mar, y hay otros 22 proyectos en diferentes etapas de desarrollo.
Este tipo de iniciativas han surgido con mayor fuerza en los últimos años, como una manera de enfrentar la megasequía que azota al país hace más de una década.
El Gobierno dio un espaldarazo a ese tipo de tecnologías. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, enfatiza que “los costos de esta tecnología han ido bajando y van a seguir cayendo. La diferencia con otras fuentes se ha reducido y eso las convierte en muy buena opción para zonas del país donde el agua es muy escasa o tiene precios muy elevados, como el norte y para la industria minera, por lo que la instalación de plantas desaladoras es una buena alternativa y muy importante en algunas zonas. Dependiendo cómo evolucione el costo, en el futuro también puede ser una alternativa para la zona centro y sur, y también para otras actividades, como es el caso de la agricultura”.
El senador PPD Felipe Harboe, integrante de la comisión especial de Recursos Hídricos y patrocinador del proyecto que busca regular el uso de agua de mar para desalinizar —que se encuentra en primer trámite en dicha comisión en el Senado—, menciona que el objetivo primero de la iniciativa es instalar la discusión, “considerando que el Estado de Chile gasta al año $300.000 millones en camiones aljibe para proveer de agua. Hace falta una visión estratégica de Estado para abordar este tema”. El senador plantea que este tipo de soluciones hoy son más viables que hace una década, debido a la reducción de sus costos. “Los costos de energía han bajado entre 10% y 12% en los últimos 10 años, y se espera que vuelvan a bajar a partir de 2021, mientras que la tecnología lo ha hecho entre 20% y 25%”, acota el congresista.
En momentos en que algunos parlamentarios han promovido que para enfrentar la falta de agua se declare bien de uso público el agua desalada, Harboe enfatiza la visión estratégica que debe tener este tipo de desarrollos y propone dos caminos para compatibilizar el bien superior del país, que permita frenar la desertificación y recuperar terrenos de la zona centro-norte para producción agrícola, incorporando a los privados: crear una empresa público-privada, o bien, que sea una empresa privada con giro único, no del rubro sanitario, que se dedique solo a desalación. “Hay que promover la inversión en desalación con dos objetivos: uno estratégico para el país, el principal, de recuperar tierras degradadas y garantizar el riego para fines productivos, y segundo, que se le permita al privado hacer negocio con la venta de agua a terceros. Debemos incentivar la incorporación privada en este tipo de desarrollos y ahí el Estado podría encargarse de hacer toda la ‘permisología’ y después entregar una concesión, resguardando el objetivo central estratégico para el país”.
El agua de mar ya representa un 20% de toda la que usa la minería
La minería y la industria son los principales impulsores de iniciativas para desalar agua, pues con ese tipo de tecnología buscan garantizar el acceso a agua y dar continuidad operacional a las faenas. Ambos sectores representan, en conjunto, el 65,2% del total de plantas instaladas y el 82,4% de la capacidad total de desalinización.
“La minería, al ser una industria que opera en zonas desérticas, está constantemente buscando métodos y adoptando las mejores técnicas disponibles para enfrentar de mejor forma los desafíos en materia hídrica. El agua de mar ya representa un 20% de toda el agua que usa la minería”, comenta Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.
Según un estudio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), se espera que al 2029 el consumo de agua de mar en el sector minero aumente un 230% respecto del 2018. Asimismo, dentro de 10 años más se prevé que el agua de mar representará un 43% del agua requerida por la minería del cobre a nivel nacional, con una tasa de crecimiento promedio del 12,2% anual.
“Este mayor consumo se concentrará en la Región de Antofagasta, lo que se explica por las plantas ya existentes y los proyectos que vendrán: ampliación de la planta desalinizadora de Escondida (BHP), nueva planta de Spence (BHP), actualización de Esperanza (Antofagasta Minerals) y sus posteriores extensiones de red para abastecer el proyecto Encuentro, planta Distrito Norte de Codelco, para abastecer las divisiones de Radomiro Tomic, Ministro Hales y Chuquicamata de manera progresiva”, menciona Villarino.
En BHP explican que solo Escondida ha invertido a la fecha más de US$ 4.000 millones en plantas desalinizadoras y que la utilización de agua de mar es uno de los tres pilares de la estrategia hídrica de la compañía, la que contempla, además, la identificación de tecnologías de mayor recuperación de agua en los procesos productivos y la búsqueda de oportunidades de innovación tecnológica para disminuir su demanda. “Nuestra estrategia contempla un proceso de transición para dejar de usar agua de acuíferos altoandinos en 2030 y pasar a una matriz basada en agua desalinizada”, puntualizan.
En 2011, CAP decidió construir su planta desalinizadora al desarrollar el proyecto minero de hierro Cerro Negro Norte, en la zona de Copiapó, donde la escasez de agua es crítica desde hace ya ocho años. Con el tiempo la instalación se convirtió en multipropósito, pues además de distribuir el agua desalinizada a sus actividades productivas, también distribuye agua a los habitantes de la comuna de Caldera, a través de Aguas Chañar, y abastece actividades agrícolas de la zona, entregando agua a la comunidad de regantes del canal Mal Paso. “La evaluación ha sido muy positiva, ya que tenemos un suministro permanente y estable de agua que es aplicable a distintos sectores, tales como minería, industria, agricultura y para potabilización, sin impactar los recursos hídricos del acuífero de la zona, permitiendo abastecer nuestras propias operaciones y también las de terceros”, destaca José González, gerente general de Aguas CAP. En 2018, cuenta el ejecutivo, la compañía generó 7,4 millones de metros cúbicos de agua 100% desalinizada y adelanta que están analizando desarrollar nuevas plantas de este tipo.
El rubro eléctrico también posee plantas desaladoras con tecnología de osmosis inversa (purificación de agua). En Colbún explican que en 2017 pusieron en marcha una planta depuradora de agua en el complejo termoeléctrico Nehuenco, que les ha permitido optimizar el agua utilizada en el proceso de enfriamiento de la central, operando con la mitad de agua que consumía. AES Gener, en tanto, tiene desaladoras en todas sus centrales y recientemente obtuvo la aprobación para construir otras en sus plantas generadoras de Huasco y en Puchuncaví.
Primera planta estatal y la más grande de Latinoamérica
En el sector costero de Punta Zorro, comuna de Caldera, se construye la primera planta desaladora estatal, cuya primera fase está prevista que entre en operaciones en agosto de 2020, precisa el gerente general de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa), Patricio Herrera. “Esta es la planta desalinizadora de agua de mar más grande que se construye en Chile para consumo humano”, destaca.
La planta asegurará el consumo de agua potable a 210 mil personas de la Región de Atacama. Con US$ 250 millones de inversión a ejecutar en tres etapas, su objetivo será abastecer de agua potable a las ciudades de Caldera, Copiapó, Chañaral y Tierra Amarilla. Una vez en operación, producirá 1.200 litros por segundo de agua tratada y mitigará la falta de recursos hídricos de Atacama. “La construcción ya registra un 70% de avance”, apunta Herrera.
También en la Región de Atacama se planifica la que será la desaladora más grande de Latinoamérica, Enapac. Con una inversión inicial de US$ 500 millones, el grupo industrial chileno Trends —vinculado a Rodrigo Silva y que opera también en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y Panamá—, está impulsando la iniciativa que contempla una planta desaladora de gran escala (2.630 litros por segundo), una planta de energía solar (100 MW de potencia) y un reservorio de agua con capacidad para almacenar 600.000 metros cúbicos, para abastecer a múltiples usuarios de toda la Región de Atacama. La inversión global asciende a US$ 1.000 millones. El Estudio de Impacto Ambiental fue recientemente aprobado y se proyecta que la planta comenzará a operar en 2022, abasteciendo a ocho mineras de la zona con las que ya tiene un preacuerdo.
Fuente: El Mercurio, Domingo 06 de Octubre de 2019
